El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, hizo un balance de la situación de seguridad en la La Araucanía, asegurando que la región está experimentando una transformación significativa tras años de conflictos y altos índices de violencia rural. En una conversación con Radio Agricultura, Ramos enfatizó que, tras años de políticas focalizadas, los hechos de violencia en zonas rurales han registrado una caída de hasta 80% y se encuentran “hacia la absoluta extinción”.

Ramos recordó que cuando asumió la agenda en la región, esta se encontraba “en emergencia” y con episodios graves de violencia rural, citando eventos de 2021 cuando se registraron alrededor de 1.600 hechos violentos en la zona. Según la autoridad, hoy se ha logrado un escenario contrario, con un descenso notorio de enfrentamientos y un avance en diversos indicadores socioeconómicos.

“El Estado no tiene problema para entrar a ninguna parte, a ninguna parte”, señaló el subsecretario al referirse a territorios que fueron considerados complejos en términos de seguridad en años anteriores. Ramos indicó que estos logros no son “por arte de magia”, sino resultados de “cuatro años de trabajo” con políticas de inversión, diálogo territorial e inclusión que habrían permitido reducir el desempleo por debajo del promedio nacional y mejorar la posición de La Araucanía en cuanto a pobreza multidimensional.

La autoridad agregó que estos cambios han permitido “echar a andar por primera vez una ruta de Estado” que pueda continuar la próxima administración, calificando lo logrado como “inédito” en la trayectoria de la región. Si bien reconoció que aún existen “muchos dolores” y rezagos, sostuvo que la trayectoria actual va en dirección opuesta a la que se encontró al inicio del gobierno.

El balance del Ejecutivo llega en momentos en que comunidades, gremios y diversos actores sociales plantean distintos enfoques para abordar la violencia rural, la seguridad pública y el desarrollo estructural de la región al traspasar el mando presidencial. Las declaraciones señalan una evaluación positiva de la gestión en materia de orden público, aunque algunas organizaciones y expertos han insistido en la necesidad de políticas sostenibles que garanticen estabilidad a largo plazo.