Cuando se investiga a quien integró el máximo tribunal, se abre una herida institucional: la idea de que “arriba” se vive con reglas distintas. Por eso, el resultado más importante de este proceso no será una cuña ni una portada. Será que el sistema demuestre —con actos— que no hay intocables y que el debido proceso es para todos, incluso para quienes alguna vez decidieron sobre la libertad y el destino de otros.

La detención y formalización de Ángela Vivanco —exministra de la Corte Suprema— no es solo un episodio policial de alto impacto. Es, sobre todo, una prueba para el Estado de Derecho: ¿cómo responde la institucionalidad cuando una figura que encarnó la máxima autoridad judicial es investigada por delitos graves? Esa pregunta no se responde con eslóganes ni con linchamientos. Se responde con investigación seria, garantías procesales y decisiones judiciales transparentes.

Los antecedentes que hoy se discuten en tribunales son de enorme sensibilidad. La Fiscalía sostiene que Vivanco habría incurrido en cohecho y lavado de activos en el marco de la llamada “trama” o “Muñeca Bielorrusa”, vinculada al litigio del consorcio Belaz-Movitec (CBM) contra Codelco, y a supuestos pagos canalizados —según la tesis persecutora— a través de su pareja, Gonzalo Migueles.

No se trata de una acusación menor: implica que el sistema que debe impartir justicia pudo haber sido utilizado —presuntamente— para inclinar decisiones de alto valor económico e institucional.

En este tipo de casos, la forma importa tanto como el fondo. La defensa, por ejemplo, intentó poner el énfasis en la legalidad y proporcionalidad de la detención; el tribunal, en cambio, descartó los cuestionamientos a la detención y dio continuidad a la formalización, señalando que no se acreditaba una vulneración concreta de derechos.

Este punto es clave: si el proceso pretende reconstruir confianzas, debe avanzar con reglas claras, decisiones fundadas y controles efectivos, no con atajos.

También es relevante que la Fiscalía haya anunciado que pedirá prisión preventiva, la cautelar más gravosa, lo que eleva el estándar de argumentación: riesgo de fuga, peligro para la seguridad de la sociedad u obstaculización de la investigación.

En paralelo, aparecen querellantes institucionales —como Codelco y el Consejo de Defensa del Estado— lo que refuerza la dimensión pública del caso y la necesidad de que todo se haga con máxima prolijidad.

Pero hay un punto que el debate público suele perder: la presunción de inocencia no compite con la rendición de cuentas. Puede —y debe— coexistir. Defender garantías procesales no significa relativizar hechos; y exigir sanción, si corresponde, no habilita a condenar sin sentencia. Justamente porque hablamos de una exautoridad judicial, el país necesita que la discusión se mantenga en el terreno correcto: evidencia, trazabilidad del dinero, comunicaciones, gestiones y decisiones. No rumores. No caricaturas.

La crisis de confianza en la justicia no empezó con Vivanco, pero su caso la profundiza. Cuando se investiga a quien integró el máximo tribunal, se abre una herida institucional: la idea de que “arriba” se vive con reglas distintas. Por eso, el resultado más importante de este proceso no será una cuña ni una portada. Será que el sistema demuestre —con actos— que no hay intocables y que el debido proceso es para todos, incluso para quienes alguna vez decidieron sobre la libertad y el destino de otros.

Y si hay una lección estructural, es ésta: no basta con perseguir penalmente cuando el daño está hecho. La justicia chilena necesita reforzar sus anticuerpos. Mecanismos más estrictos de control de conflictos de interés; trazabilidad real de vínculos y gestiones; estándares exigentes de transparencia patrimonial; y sanciones disciplinarias rápidas y efectivas cuando haya indicios serios. Lo contrario es seguir parchando la confianza con declaraciones, mientras el prestigio institucional se erosiona en silencio.

Vivanco enfrenta hoy a la justicia en un momento en que el país exige señales claras. La señal correcta no es el espectáculo, sino el procedimiento: audiencias públicas, resoluciones bien fundadas, y una investigación que no tiemble ni se exceda. Si el caso termina confirmando delitos, que haya condena. Si no los confirma, que se despeje con la misma claridad. Lo esencial es que el sistema funcione sin privilegios, porque cuando la justicia se vuelve selectiva —o parece selectiva— la democracia entera paga el costo.