La decisión del gobierno de Donald Trump de retirar a EE. UU. de decenas de organizaciones de la ONU e internacionales reconfigura la cooperación global en áreas como clima, salud, desarrollo, derechos humanos y seguridad, con impactos operativos, financieros y políticos en cada una de estas facciones.

Estados Unidos ha anunciado la retirada de 66 organismos internacionales, incluidos 31 pertenecientes al sistema de las Naciones Unidas, argumentando que muchos de ellos “ya no sirven a los intereses nacionales” y promueven agendas contrarias a su soberanía y prosperidad económica.

En el clima y medio ambiente, la salida de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC) —que sustenta las negociaciones globales sobre el calentamiento— y del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) debilita la participación estadounidense en discusiones científicas y de financiamiento climático, lo que expertos advierten puede entorpecer acciones frente a fenómenos extremos y restar influencia a EE. UU. en políticas climáticas multilaterales.

La salud y derechos reproductivos también sufren efectos: la salida del Fondo de Población de la ONU (UNFPA) y recortes previos de financiamiento han provocado cierre de clínicas, escasez de personal sanitario y reducciones de servicios básicos en decenas de países, afectando especialmente a mujeres y comunidades vulnerables.

En igualdad de género y desarrollo social, la retirada de ONU Mujeres y otros programas de derechos humanos limita la cooperación en políticas de empoderamiento femenino y protección de grupos discriminados, reduciendo el apoyo técnico y financiero en países que dependen de estas iniciativas para avanzar en sus objetivos sociales.

Los mecanismos de paz, derechos y protección civil, como las oficinas del Secretario General para niños en conflictos armados o violencia sexual en guerras, pierden la contribución directa de EE. UU., lo que puede ralentizar misiones de monitoreo, asistencia y reconstrucción en zonas de conflicto.

En desarrollo económico y social, la retirada de órganos como el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU y comisiones regionales implica menos coordinación en políticas públicas para desarrollo sostenible, comercio y cooperación técnica entre países, dificultando la implementación de agendas como los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El impacto financiero y operativo se materializa en falta de recursos y expertos, lo que podría obligar a recortes de programas, menos asistencia humanitaria y menor capacidad de respuesta ante crisis globales, según análisis de organismos internacionales y ONGs. 

El secretario general de la ONU, António Guterres, declaró que lamenta la decisión y recordó que, bajo la Carta de las Naciones Unidas, Estados Unidos tiene la “obligación legal” de seguir financiando el presupuesto regular y de paz del organismo, aunque el anuncio haya sido comunicado sin previo aviso formal.

La retirada refleja una postura más unilateral de EE. UU. y genera inquietud entre aliados y actores globales sobre el futuro de la cooperación multilateral, abriendo espacios para que otras potencias asuman roles en la gobernanza mundial, mientras se debate el impacto local y global de estos cambios.