Un megaoperativo de la Fiscalía Metropolitana Occidente puso al descubierto una red de corrupción sistémica en las cárceles de Santiago, donde 70 imputados —entre ellos 47 funcionarios de Gendarmería— facilitaban desde el ingreso de drogas y celulares hasta servicios sexuales. La investigación detectó más de 9.000 transferencias bancarias que alimentaban un flujo de dinero superior a los 6 mil millones de pesos.

La formalización, que se proyecta durará más de una semana, revela una estructura de colusión entre internos, civiles «manilleros» y uniformados que transformaron los penales de Santiago 1 y San Joaquín en verdaderos centros de negocios ilícitos. El Consejo de Defensa del Estado (CDE) ya presentó una querella criminal, mientras los acusados son trasladados bajo máxima seguridad a recintos de alta complejidad para evitar que sigan operando desde el interior.

El sistema penitenciario chileno enfrenta su crisis de probidad más profunda tras el estallido de la «Operación Apocalipsis». En una tensa y masiva audiencia en el 12° Juzgado de Garantía de Santiago, la Fiscalía comenzó a detallar cómo 47 gendarmes se convirtieron en brazos operativos de al menos nueve organizaciones criminales. Según el Ministerio Público, estas bandas, con nombres como «La Dora», «Las Chilenas» o «Los Colombia», no solo ingresaban elementos prohibidos como carne, alcohol y celulares, sino que establecieron un mercado de comercio sexual bajo el disfraz de visitas autorizadas. El patrón de intervención, detectado desde el año 2020, permitió que los uniformados recibieran beneficios económicos mediante una ingeniería financiera que movilizó más de $6.300 millones.

La red operaba mediante una figura clave: los «manilleros». Estos civiles actuaban como intermediarios, recolectando el dinero de las familias de los internos para pagar los sobornos a los funcionarios que omitían los controles reglamentarios. El Consejo de Defensa del Estado, en su querella, fue enfático en señalar que se consolidó un patrón de corrupción donde los funcionarios «solicitaron y aceptaron» prestaciones económicas de forma sistemática. La magnitud del caso es tal que la identificación de los 70 detenidos tomó más de una hora, en una sala colapsada por defensores que denunciaron falta de acceso a las carpetas investigativas y detenciones ilegales, provocando roces constantes con el magistrado Francisco Ramos.

Mientras la formalización continúa este sábado, el destino de los acusados marca la gravedad del proceso. La mayoría de los gendarmes imputados han sido derivados «en tránsito» a la Cárcel de Alta Seguridad, mientras que las mujeres fueron trasladadas al CPF de San Joaquín y los civiles al penal de Rancagua. El caso no solo pone en jaque la formación y los sueldos de la institución, sino que evidencia cómo las bandas transnacionales y locales lograron penetrar la última línea de defensa del Estado de derecho: la custodia de quienes ya han sido condenados por la justicia.