Con 82 votos a favor, legisladores respaldan reforma a la Ley 18.961, que permitirá a cada carabinero portar arma fiscal dentro y fuera de servicio — un cambio polémico en medio de críticas por militarización y debates de seguridad.

La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados dio un paso crucial en la agenda de seguridad, aprobando en general el proyecto que modifica la Ley Orgánica de Carabineros (N° 18.961) para autorizar a sus funcionarios el porte permanente de sus armas fiscales, tanto dentro como fuera de las reparticiones institucionales.

La iniciativa fue respaldada con una votación contundente: 82 votos a favor, 20 en contra y 3 abstenciones, lo que refleja un alto consenso político transversal ante la creciente escalada de la criminalidad en el país.

El texto establece que Carabineros deberá proporcionar a cada uno de sus funcionarios un arma de cargo. La tenencia y porte será permanente y de uso exclusivo e intransferible. La justificación de los autores del proyecto es clara: evitar que el funcionario policial quede desarmado fuera de servicio, dada la naturaleza de su función y la necesidad de fortalecer la institución como garantes del orden.

El Riesgo 24/7: Certeza Jurídica vs. «Bala Loca»

El núcleo del debate se centró en la necesidad de entregar certeza jurídica a los funcionarios. Actualmente, la ley limita el porte de armas de servicio a situaciones oficiales y dentro del horario laboral, dejando un vacío significativo en la protección personal del policía y su capacidad de reacción «de franco». Al radicar la autorización en una norma de mayor jerarquía, se entrega un mandato expreso para ejercer el uso de la fuerza legítima en todo momento.

Sin embargo, el proyecto enfrentó una fuerte oposición, principalmente de diputados del Frente Amplio y el Partido Comunista. Los 20 votos en contra se sustentaron en advertencias sobre los peligros que implica tener más personal armado fuera de los protocolos directos de servicio:

• Aumento de la «Bala Loca»: El riesgo de disparos accidentales en entornos civiles.
• Abusos de Poder: La posibilidad de que el arma sea utilizada en conflictos personales o bajo situaciones de estrés sin la supervisión reglamentaria.
• Carga Psicológica: La exigencia de portar el arma 24/7 sobre el funcionario.

La Ruta del Reglamento

La iniciativa, considerada un paso fundamental contra la delincuencia, retornó a la Comisión de Defensa Nacional para su discusión particular debido a la presentación de indicaciones. El éxito del proyecto ahora dependerá del reglamento que deberá definir:

1. Las características técnicas de las armas.
2. Los requisitos específicos para su uso fuera de servicio.
3. Los protocolos estrictos de manejo, custodia y eventual devolución, asegurando la máxima responsabilidad del funcionario sobre el armamento fiscal.