Publicado por: Tiempo21 | martes 18 de noviembre de 2025 | Publicado a las: 15:08
Un informe de la Contraloría reveló que 517 proyectos quedaron paralizados sin recontratación, mientras otros 13 fueron recontratados con sobreprecios que superan el 50% del costo original. El impacto afecta a regiones clave, incluida La Araucanía, donde varios proyectos llevan años sin avance ni respuesta estatal.
La Contraloría General de la República (CGR) encendió las alarmas tras presentar el Consolidado de Información Circularizada N°17, en el que analizó 166.786 obras públicas ejecutadas entre enero de 2015 y mayo de 2025.
El resultado es categórico: 517 proyectos quedaron abandonados, sin avance ni recontratación, pese a que contaban con presupuesto asignado.
Entre los servicios más afectados destacan:
En regiones como La Araucanía, aún se esperan actualizaciones de proyectos paralizados vinculados a infraestructura educacional y de salud, que no figuran como recontratados en el sistema.
El informe detalla que los periodos con mayor cantidad de obras abandonadas fueron:
Este 2025 solo figura una obra paralizada, aunque la CGR advierte que hay rezagos en la actualización de datos de servicios públicos regionales.
La CGR también identificó 295 obras que sí fueron recontratadas, con un promedio de espera de 17 meses para retomar los trabajos. Lo más preocupante: 13 proyectos fueron recontratados con sobrecostos superiores al 50% e incluso detectaron obras cuyo valor final fue 3,3 veces mayor al inicial.
Entre los servicios con mayores montos recontratados están:
Ante la magnitud de los hallazgos, la Contraloría anunció una fiscalización especial a:
El organismo también exigirá que los servicios públicos actualicen el estado real de cada proyecto, especialmente aquellos que siguen figurando como “paralizados” sin explicación, lo que podría abrir nuevas auditorías.
Aunque el informe nacional no desglosa todos los proyectos locales, la Contraloría ya ha advertido retrasos en infraestructura escolar, vial y comunitaria en la región.
El riesgo es claro: obras que debían beneficiar a comunidades rurales y urbanas llevan años detenidas, afectando conectividad, desarrollo y servicios básicos.