El diputado Jorge Saffirio Espinoza presentó un proyecto de ley que busca prohibir a los empleadores condicionar la contratación de un trabajador a la entrega de información personal sensible, como el historial de licencias médicas, movimientos de cuentas de cesantía o pensión, datos tributarios o acciones laborales previas. La iniciativa también prohíbe la comercialización de la información contenida en las bases de datos de los trabajadores sujetos al Seguro de Cesantía.

La propuesta surge ante la creciente preocupación por el uso de herramientas como el «Certificado Laboral de Cualiffy», un documento que recopila y expone datos personales y laborales, incluyendo el número de licencias médicas, lo cual puede convertirse en un criterio discriminatorio. “Esta práctica vulnera principios fundamentales del derecho laboral chileno y normativas como la Ley N°19.628 sobre Protección de la Vida Privada y la Ley N°20.609 (Ley Zamudio), que prohíben actos arbitrarios que restrinjan derechos basados en condiciones personales o sociales”, señaló el diputado.

El diputado Saffirio enfatizó que, aunque la información sea supuestamente entregada de forma voluntaria, la presión del mercado laboral puede convertir esta «voluntariedad» en una imposición velada, replicando situaciones discriminatorias vividas con los certificados de deuda. La iniciativa busca asegurar que el acceso al trabajo se base en méritos objetivos y no en la exposición de la vida privada del trabajador, protegiendo así la dignidad y la igualdad de oportunidades.

«Es urgente que el Estado chileno establezca regulaciones claras que limiten el uso de este tipo de herramientas y prohíba la utilización de datos sensibles en los procesos de contratación. La información sobre salud o antecedentes judiciales solo debe ser exigible en casos expresamente fundados por la naturaleza del cargo, según lo establecen leyes como la N°20.422 sobre inclusión de personas con discapacidad”, indicó el legislador.

Finalmente, el diputado Saffirio señaló que “este proyecto de ley representa un paso crucial para salvaguardar la privacidad de los trabajadores y evitar que la innovación tecnológica socave derechos fundamentales, garantizando que la información personal siga siendo propiedad exclusiva del individuo y no un requisito para acceder al empleo”.