A noviembre de este año todas las empresas que tengan cien o más trabajadores deben contar con un Gestor de Inclusión Laboral en su área de Recursos Humanos, certificado bajo el estándar del organismo público ChileValora.

En la región de la Araucanía son 190 las empresas que deben contar con este profesional para cumplir con los requerimientos establecidos en la Ley Nº 21.275 de inclusión laboral.

Para ello, ya es posible realizar los procesos de evaluación y certificación del perfil requerido, en dos centros acreditados por ChileValora: Bureau Veritas, Capitol Group y Ecerlab, que han desarrollado una metodología que permite certificar las competencias, conocimientos y habilidades con que deben contar las personas que ocupen ese puesto en las empresas.

“Se avanza en el paso final para la habilitación del proceso de certificación de Gestor de Inclusión Laboral que exige la ley de inclusión y que permitirá que las empresas cumplan con el plazo impuesto por la normativa. La importancia de la certificación es que garantiza que quienes se desempeñen en esas labores cumplan con todos los estándares requeridos, de manera de aportar significativamente en los procesos de inclusión efectiva de personas con discapacidad” señaló Josefa Justiniano, encargada regional de ChileValora.

La o el Gestor de Inclusión Laboral tendrá a su cargo el proceso de inclusión laboral de personas con discapacidad dentro de la organización, de acuerdo con enfoque de derechos y normativas vigentes. Esto consiste en coordinar el diagnóstico de inclusión al interior de la empresa, gestionar la implementación de un plan al respecto y coordinar acciones de capacitación en la materia.

Los Centros acreditados evaluarán a la o el trabajador en su puesto de trabajo para observar que cumplan con los requerimientos en cuanto a habilidades y conocimientos. Este proceso puede realizarse en una y/o dos jornadas que podrían extenderse hasta por un par de horas, para posteriormente elaborar los informes respectivos que son presentados a ChileValora, quien se encarga de validar estos procesos, en un plazo que puede durar entre 30 a 45 días.

Para personas que no necesariamente cuenten con trabajo y quieran certificarse para tener mayores posibilidades de empleo, la evaluación se realiza en los mismos centros a través de un proceso simulado.