La jueza de Familia de Temuco Tania Zurita Riquelme entregó un balance de los primeros dos años desde la implementación de la Ley 21.484 de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Deudas de Pensiones de Alimentos, normativa que comenzó a regir el 20 de mayo de 2023.

La magistrada dio cuenta de que los tribunales con competencia en materia de Familia de la jurisdicción han ordenado pagos por un total de doscientos sesenta y nueve mil noventa y cinco millones setecientos treinta y dos mil novecientos cincuenta y nueve pesos ($269.095.732.959) por deudas de pensiones de alimentos hasta el mes de mayo.

Esta ley faculta a estos juzgados para investigar, retener y pagar con los fondos que la persona alimentante deudora tenga en sus cuentas corrientes bancarias o en instrumentos financieros y/o de inversión, lo que se denomina procedimiento especial.

En caso de que la búsqueda no tenga resultado, existe el procedimiento extraordinario que autoriza, cumplidas ciertas condiciones, a pagar con cargo a los fondos de capitalización individual de los deudores y que gestionan las AFP.

La jueza Zurita agregó que el total de pagos ordenados en los tribunales con competencia en materia Familia de las provincias de Malleco y Cautín se divide en ciento cincuenta mil doce millones seiscientos cincuenta y tres mil quinientos sesenta y ocho pesos ($150.012.653.568) correspondiente a procedimientos especiales y ciento diecinueve mil ochenta y tres millones setenta y nueve mil trescientos noventa y un pesos ($119.083.079.391) en el extraordinario.

Finalmente, desde la implementación de esta normativa, los tribunales de la jurisdicción han decretado estos pagos en favor de un total de 23.693 alimentarios o representantes legales.

“Estas órdenes de pago implican un esfuerzo de los juzgados a través de los distintos procedimientos como lo son el especial y el extraordinario. Estas nuevas leyes en materia de Familia han venido a reforzar y garantizar a niños, niñas y adolescentes el efectivo pago de las pensiones de alimentos, cuya deuda constituye violencia económica, violencia vicaria y una grave vulneración de derechos”, indicó la magistrada Zurita.