El ajuste incluye un 4,1% destinado a cubrir principalmente la inflación, el cual se pagará en diciembre, y un 0,7% adicional, considerado como «real», que se concretará a mediados del próximo año.

El acuerdo se produce tras intensas negociaciones, donde las partes comenzaron con diferencias significativas: los trabajadores pedían un reajuste de 7,5% nominal y 3% real, mientras que el Ministerio de Hacienda presentó inicialmente una oferta de solo 4,1%. A medida que las negociaciones avanzaron, el sector público redujo su demanda a 7,2% nominal y 2,7% real.

Sin embargo, aunque el acuerdo tiene un impacto positivo, el reajuste no logra compensar completamente el aumento de la inflación anual, que en noviembre llegó al 4,2%, lo que significa que el reajuste real será de solo 0,6%.

Esta situación ha generado preocupación entre los trabajadores, quienes esperaban una compensación más efectiva por la pérdida de poder adquisitivo.

Además, durante las negociaciones se mencionó el tema de la estabilidad laboral, especialmente en relación con un reciente dictamen de la Contraloría que afecta a los trabajadores a contrata.

Aunque este punto se abordará en conversaciones posteriores, el gobierno no ha hecho compromisos concretos al respecto.

El gobierno de Gabriel Boric ha logrado avanzar en este acuerdo salarial, pero aún quedan pendientes otros temas clave para el sector público, como la implementación de la jornada laboral de 40 horas y los incentivos al retiro.

Se espera que la próxima semana, el Ministerio de Hacienda ingrese el proyecto al Congreso para su discusión y eventual aprobación.

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