Este error no solo afectó directamente a las familias, sino también distorsionó indicadores macroeconómicos, como el IPC y la UF, con efectos en créditos, arriendos y contratos indexados.

En este contexto, conversamos con Marcelo Carrasco, quien ha manifestado que ha existido una lenta y ambigua respuesta institucional.

Marcelo, usted ha señalado que la renuncia del ministro de energía era necesaria pero insuficiente. ¿Por qué?

La renuncia del ministro responde a una responsabilidad política evidente. Pero las personas no viven de gestos políticos, viven de su presupuesto familiar. Aquí el foco no debe ser solo quién renuncia, sino cómo y cuándo se devuelve la plata mal cobrada. Esto no puede quedar en manos de tecnicismos ni dilatarse meses. La gente ya pagó y espera justicia económica, no solo declaraciones.

¿Qué riesgos ve usted en la forma en que se está abordando la devolución?

Hoy no hay un cronograma claro. Se habla de fórmulas, de abonos, de negociaciones con las empresas eléctricas, pero no se habla de plazos vinculantes, de intereses compensatorios ni de garantías de equidad. Me preocupa que esto termine como en el caso de las Isapres: devoluciones en cuotas, lentas, y con un trato desigual hacia los usuarios.

Esto no es un error administrativo menor, es un error que afectó el bolsillo de millones de personas y distorsionó indicadores económicos clave.

El impacto económico va más allá de las cuentas de luz. ¿Qué lectura hace usted sobre este efecto en el IPC y la UF?

Exacto. Cuando se aplica mal el IPC en tarifas, no solo se encarece la boleta eléctrica. Se altera toda la cadena económica:

Con esto, el IPC sube artificialmente lo cual lleva a que también suba la UF y esto trae consigo que suban créditos hipotecarios, arriendos, seguros y otros contratos que generan deudas en UF a las personas.

Esta situación afecta directamente a la clase media y sectores vulnerables, que ya están tensionados por la inflación. Además, introduce ruido estadístico en la política económica: el Banco Central toma decisiones con indicadores que ahora sabemos estaban inflados por un error estatal. Eso es gravísimo.

¿Cree usted que esto revela una falla estructural más amplia en la gestión pública?

Sin duda. Cuando un error metodológico de este tipo pasa sin que nadie lo detecte a tiempo, significa que los mecanismos de control y validación están debilitados o no existen.

Aquí no falló solo un ministro o una comisión técnica, falló el sistema de fiscalización cruzada, falló la auditoría interna, y falló la transparencia.

Este error debe ser un precedente para una reforma institucional profunda, no solo un episodio político pasajero.

Usted ha mencionado el riesgo de que errores similares ocurran en otros ámbitos, como el presupuesto 2026. ¿A qué se refiere?

Lo que preocupa es que se esté normalizando la mala gestión técnica. Hoy fue un error en tarifas eléctricas, mañana puede ser un error en proyecciones presupuestarias, en transferencias sociales, en indicadores de inversión pública.

Si se priorizan los intereses del Ejecutivo por sobre la precisión técnica y falta de claridad, terminamos con políticas públicas basadas en cifras equivocadas, y eso afecta directamente a las regiones más pobres como la nuestra.

¿Qué medidas concretas propone para evitar que esto vuelva a ocurrir?

1. Auditorías externas obligatorias a los cálculos tarifarios e índices sensibles antes de su publicación.
2. Claridad total de las fórmulas y metodologías usadas por la CNE y ministerios.
3. Plazos fijos y legales para compensaciones automáticas, no negociaciones discrecionales.
4. Responsabilidad administrativa efectiva para quienes validaron los cálculos erróneos.
5. Participación ciudadana y parlamentaria en la revisión de tarifas e impactos.

Finalmente, ¿qué mensaje le daría a quienes están hoy afectados por este sobrecobro?

Esperamos que haya una devolución rápida, justa y completa, que las personas exijan aquello porque están en su derecho. Aquí el Estado debe estar con la gente, no dejarlos solos. Esto no es caridad, es deuda legal y moral del Estado y de las empresas. No puede haber perdonazos para estos graves errores que afectan el bolsillo de las personas.

Marcelo Carrasco Carrasco

Candidato a Diputado

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Este viernes, las candidatas presidenciales Jeannette Jara (oficialismo) y Evelyn Matthei (Chile Vamos) protagonizaron un tenso cruce por el error de cálculo que generó cobros en exceso en las cuentas de electricidad durante los últimos años. El debate ocurrió durante el cierre de sus intervenciones en el Encuentro Presidencial de Fundación Paz Ciudadana, centrado en seguridad y políticas públicas.

Jara coincidió con el planteamiento del candidato Harold Mayne-Nicholls (IND) sobre la situación, destacando que “la gente se siente estafada” y haciendo un llamado a que las compañías eléctricas informen sobre la devolución de lo cobrado de más.

Matthei cuestiona a Jara

La carta de Chile Vamos respondió de inmediato, señalando que la responsabilidad del error recae en el Estado. “¿Ahora le quieren echar la culpa a la compañía eléctrica? La culpa es de alguien que hizo un pésimo cálculo”, enfatizó Matthei, añadiendo que, si bien el dinero debe devolverse, no se deben cambiar los culpables.

Jara replicó que, si bien reconoce la responsabilidad estatal, también corresponde que las empresas devuelvan los cobros indebidos, argumentando que esto es un paso necesario para recuperar la confianza ciudadana.

Opinión del candidato independiente

Por su parte, Harold Mayne-Nicholls calificó la situación como un “asalto al bolsillo”, criticando la falta de reacción de las empresas ante pagos excesivos y subrayando la desigualdad frente a quienes reciben menos de lo que deberían pagar.

El debate evidencia la tensión política en torno a la responsabilidad por errores históricos en las tarifas eléctricas, un tema que afecta directamente a millones de hogares chilenos y que seguirá siendo un eje de discusión en la carrera presidencial.

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La Comisión Nacional de Energía (CNE) confirmó la existencia de un error metodológico en el cálculo de las tarifas eléctricas, el cual habría provocado un aumento injustificado en las cuentas de luz durante los últimos años.

En un comunicado, el organismo explicó que la situación se originó a raíz de una «corrección metodológica respecto de la consideración del efecto inflacionario en las diferencias de facturación que se reliquidan semestralmente en tarifas».

Desde 2017, el cálculo aplicado en los procesos de Precio de Nudo Promedio (PNP) combinaba simultáneamente la tasa de interés corriente con la variación del IPC, lo que generó una sobreestimación del efecto inflacionario y, en consecuencia, cobros mayores a los reales.

Posible rebaja en las cuentas de la luz

De acuerdo al Informe Técnico Preliminar (ITP) emitido por la CNE, la corrección del error permitiría aplicar una reducción aproximada del 2% en las cuentas de electricidad a partir de enero de 2026, aunque en algunos casos podría llegar al 9%.

“La modificación busca asegurar que los cálculos tarifarios reflejen fielmente los costos reales de generación y que las tarifas que pagan los clientes sean justas y representativas de dichos costos”, indicó la entidad.

La CNE subrayó que el proceso aún se encuentra en etapa preliminar y que se deben concluir las instancias administrativas antes de adoptar decisiones definitivas.

Reacciones políticas: la presión sobre Pardow

El reconocimiento del error encendió la polémica en el Congreso. La bancada de la UDI anunció una acusación constitucional contra el ministro de Energía, Diego Pardow, acusándolo de falta de supervisión y negligencia en el control tarifario.

“Aquí ha existido una falta de fiscalización en un área tan sensible como la fijación de precios de la energía. Esto no sólo perjudica a las familias chilenas, sino que demuestra la ineficiencia del Gobierno”, señalaron los diputados Guillermo Ramírez, Henry Leal y Marco Antonio Sulantay.

Desde Renovación Nacional, en tanto, se pidió la renuncia del secretario ejecutivo de la CNE, Marco Antonio Mancilla, argumentando que tiene “responsabilidad jerárquica frente a un error que afectó directamente a millones de familias chilenas”.

El oficialismo llama a la prudencia

Desde el oficialismo, el senador Juan Luis Castro (PS) reconoció la gravedad del error, pero pidió no convertir el tema en una pugna política.

“Si hubo una duplicación del IPC en las tarifas, tiene que haber reparación para los miles de clientes afectados. Pero no podemos usar un problema técnico como herramienta electoral”, sostuvo.

El presidente del Senado, Álvaro Elizalde, también cuestionó la acusación constitucional anunciada por la oposición, afirmando que “no contribuye a lo que el país necesita” y que lo prioritario debe ser restituir los montos cobrados en exceso.

Matthei, Jara y MEO reaccionan

El tema escaló al plano presidencial.
La candidata oficialista Jeannette Jara calificó la situación como “inaceptable” y exigió compensaciones.

“No es tolerable que un error técnico se prolongue desde 2017. Se debe devolver lo cobrado en exceso y asumir responsabilidades”, escribió en su cuenta de X.

Por su parte, Evelyn Matthei afirmó que “esto demuestra una falta total de control en el Gobierno”, mientras que Marco Enríquez-Ominami señaló que “la energía en Chile es un tema de justicia social” y pidió una revisión profunda del sistema tarifario.

La CNE aseguró que continuará con la revisión de los modelos de cálculo y que se informará oportunamente a los consumidores sobre los mecanismos de compensación.

Mientras tanto, el Sernac evalúa posibles acciones en favor de los usuarios afectados, con el objetivo de garantizar la devolución íntegra de los cobros indebidos.

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Continúa la tensión en el mundo político tras conocerse que millones de consumidores habrían sido afectados por cobros en exceso en sus cuentas eléctricas. La Unión Demócrata Independiente (UDI) anunció este miércoles la presentación de una acusación constitucional contra el ministro de Energía, Diego Pardow, atribuyéndole falta de supervisión en un tema “de alta sensibilidad para las familias chilenas”.

El anuncio fue encabezado por el presidente del partido, Guillermo Ramírez, el secretario general Juan Antonio Coloma, el jefe de bancada Henry Leal, y el presidente de la Comisión de Minería y Energía, Marco Antonio Sulantay.

Según un informe preliminar de la Comisión Nacional de Energía (CNE), el error metodológico en los decretos tarifarios habría provocado cobros superiores a los reales entre 2024 y 2025.

“Aquí no sólo ha existido una falta de supervisión y de control, sino también una vulneración al principio de probidad y a la responsabilidad política que le cabe al jefe de la cartera”, declararon los diputados gremialistas.

UDI: “El Gobierno debe asumir su responsabilidad”

La bancada sostuvo que, aunque la CNE fue quien detectó y comunicó el error, “eso no exime al Gobierno”, recordando que el Ministerio de Energía es el encargado de emitir los decretos tarifarios.

“Una negligencia tan grave como esta requiere asumir todas las responsabilidades políticas y administrativas. No basta con la salida del secretario ejecutivo de la CNE; el ministro Pardow debía fiscalizar y garantizar que los procesos tarifarios se ajustaran a la ley”, afirmaron los parlamentarios.

Los legisladores además vincularon el caso con los efectos inflacionarios que afectan a los hogares:

“El nivel de ineficiencia del Gobierno está golpeando directamente el bolsillo de los chilenos”, sostuvieron.

Oposición y oficialismo reaccionan al caso

Desde Renovación Nacional (RN), el senador Rafael Prohens calificó el hecho como un “grave error”, señalando que el cálculo duplicado del IPC “no es un cambio metodológico, sino un cobro indebido que debe ser restituido”.

“No se trata de una rebaja, sino de la devolución de lo que se cobró de más. El ministro intenta minimizar la magnitud de este error”, añadió Prohens.

En tanto, desde el oficialismo, el senador socialista Juan Luis Castro reconoció que el aumento de las tarifas ha sido “insostenible” y pidió que se determinen las responsabilidades:

“Si los organismos superiores incurrieron en esta falta tan seria, esto no puede quedar en la impunidad. Tiene que haber reparación para los miles de clientes afectados”, enfatizó.

Acciones legales y medidas a seguir

La UDI informó que además presentará un oficio al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) para que investigue los cobros indebidos y se garantice la devolución de los montos cobrados en exceso.

“Vamos a exigir que se devuelva cada peso mal cobrado y que se indemnice a los chilenos por el daño causado”, recalcó la bancada.

El error en la aplicación del IPC habría afectado directamente las tarifas eléctricas de los hogares chilenos, abriendo un nuevo flanco político para el ministro Pardow y el Gobierno, en medio de un contexto de alta sensibilidad por el costo de la energía.

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El Seremi de Energía La Araucanía, Camilo Villagrán dio el puntapié inicial destacando el impacto de estas políticas en la región: “Estamos muy contentos luego de la primera jornada regional de generación distribuida que realizamos acá en La Araucanía, pudimos presentar y conversar las distintas formas de poder implementar las generaciones distribuidas, los distintos programas que pueden beneficiar a las personas o Pymes. De todas maneras hubiese sido muy positivo que contáramos con otro organismos públicos para que pudieran implementar también estas soluciones, ya que no solamente se puede ejecutar programas desde el Ministerio de Energía, sino que otro órganos y del aparato público pudiesen también ejecutarlo con ayuda técnica de nuestro ministerio”, expuso.

La jornada “Ahorra en las cuentas de la luz” incluyó testimonios emotivos de beneficiarios como Elizabeth Robles y Edwin Bernet, quienes recibieron reconocimientos por su experiencia con el programa Casa Solar, además de exposiciones sobre financiamiento y modelos innovadores como ESCO para instituciones públicas. Gracias a estos programas, hay experiencias en el país donde los vecinos pagan cuentas de luz de tan solo 500 pesos, evidenciando su potencial transformador.

El camino hacia un futuro energético sostenible ya está en marcha en la región.

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