La investigación, que nació de una auditoría de la Contraloría, no solo apunta a los facultativos: la Fiscalía ya solicitó la formalización de 318 funcionarios estatales que compraron estos certificados falsos. El caso revela una grieta profunda en el sistema de fiscalización pública que permitió el pago de más de 26 mil licencias irregulares entre 2021 y 2024.

La Brigada de Delitos Económicos de la PDI puso fin a una de las redes de defraudación más extensas de los últimos años en el sistema de salud. En operativos simultáneos en Santiago, Puerto Montt y Quillota, los detectives capturaron a siete ciudadanos extranjeros —de nacionalidad colombiana, venezolana y cubana— acusados de orquestar un esquema de emisión masiva de licencias médicas ideológicamente falsas. El perjuicio fiscal es histórico: se estima que Fonasa desembolsó más de 20.800 millones de pesos por días de reposo que nunca fueron tales, beneficiando a una red de compradores que ocupaban cargos en la administración del Estado.

El rastro del fraude quedó al descubierto gracias a un informe cruzado de la Contraloría General de la República, que detectó una anomalía imposible de ignorar: cientos de funcionarios públicos con licencia vigente figuraban en los registros de Policía Internacional saliendo del país o fueron captados apostando en casinos. Tras este hallazgo, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, designó a la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente para liderar una indagatoria que hoy escala a niveles penales sin precedentes. No se trata solo de los médicos; la justicia ya puso la lupa sobre 318 trabajadores públicos que habrían pagado por estos documentos para obtener beneficios económicos y tiempo libre de forma fraudulenta.

Este operativo, que se extiende desde la Región Metropolitana hasta el sur del país, marca un hito en la persecución de delitos de cuello blanco. Mientras los seis médicos y su colaborador enfrentan cargos por obtención fraudulenta de subvenciones estatales, la opinión pública pone el foco en la vulnerabilidad de un sistema de salud que permitió el pago de casi 27 mil licencias viciadas. La magnitud de los 20 mil millones de pesos defraudados reabre el debate sobre la urgencia de endurecer las sanciones para quienes, desde el interior del aparato público, abusan de los recursos que deben financiar la salud de los sectores más necesitados del país.

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La Corte Suprema instruyó al Fiscal Judicial del máximo tribunal investigar a funcionarios judiciales que, estando con licencia médica, asistieron a casinos de juego. La decisión surge tras un informe de la Contraloría General de la República que reveló la presencia de más de 13 mil funcionarios públicos en estos recintos bajo la misma situación.

El pleno del tribunal resolvió ampliar la indagación a casos ocurridos en los últimos cinco años. Para ello, se solicitará información oficial a la Superintendencia de Casinos de Juego y se cruzarán datos con los registros internos del Poder Judicial.

Esta medida se suma a la investigación ya iniciada el 23 de mayo sobre viajes al extranjero realizados por funcionarios con reposo médico, actualmente en manos de fiscales judiciales de distintas cortes del país.

La ministra vocera de la Corte Suprema, María Soledad Melo, explicó que “el Pleno estimó necesario realizar un análisis” y que, una vez reunidos los antecedentes, estos serán remitidos al Tribunal Pleno “para disponer las medidas pertinentes”.

La indagatoria busca determinar eventuales responsabilidades administrativas y sanciones en casos donde se compruebe el uso indebido de licencias médicas.

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Licencias médicas en la mira tras fiscalización

Las licencias médicas parecen haberse tomado un descanso. En julio, su uso cayó cerca de un 30% respecto al mismo mes del año pasado, según cifras del Ministerio de Hacienda. La baja se suma a un retroceso del 20% en junio y a una caída acumulada similar en los últimos tres meses.

El ministro Mario Marcel señaló que el desplome se relaciona con las fiscalizaciones de la Contraloría General de la República (CGR), que en mayo destapó casos de funcionarios que, estando con licencia, viajaron al extranjero, asistieron a casinos o realizaron actividades incompatibles con el reposo médico.

Si esta disminución se mantiene en torno al 20% mensual, el ahorro por Subsidio de Incapacidad Laboral podría superar los US$ 50 millones cada mes. Sumando la baja acumulada, la cifra bordearía los US$ 100 millones. Aun así, Marcel advirtió: “Lo que ocurre en un primer momento no necesariamente se mantiene en el tiempo”.

El exsuperintendente de Salud, Patricio Fernández, calculó un ahorro cercano a $15 mil millones mensuales, mientras que Carolina Velasco, del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la USS, celebró la baja, pero pidió cautela antes de hablar de tendencia.

Según Hacienda, las licencias investigadas en el Gobierno Central promediaron 18,3 días. En los 10.173 casos bajo sumario, las remuneraciones asociadas sumaron $12.438 millones.

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Un nuevo capítulo del Caso Licencias Médicas reveló que al menos 13.286 funcionarios públicos asistieron a casinos mientras estaban con licencia médica, según datos del 15° Consolidado de Información Circularizada (CIC) de la Contraloría General de la República.

El informe cruzó registros de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) con los ingresos a recintos de juego de la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ). Como resultado, se detectaron 14.923 asistencias a casinos durante períodos que debían estar bajo reposo por enfermedad.

De esas personas, 1.486 también habían sido identificadas previamente por haber viajado al extranjero mientras tenían licencia médica.

Las entidades con más casos detectados son municipalidades (30 %) y servicios de salud (29 %), destacando la participación de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (516 licencias), Fundación Integra (480) y hospitales regionales importantes.

Las regiones con mayor frecuencia de ingresos a casinos en este contexto fueron O’Higgins (23 %), Biobío (15 %), Valparaíso (14 %), seguidas por Los Lagos y La Araucanía (7 %).

Parlamentarios como Frank Sauerbaum (RN) exigieron que el Consejo de Defensa del Estado presente acciones legales para recuperar recursos mal utilizados y aplicar sanciones a quienes incurran en abusos. También se impulsan sumarios administrativos en la administración pública.

Este nuevo hallazgo agrava la crisis de confianza en instituciones públicas generada por el escándalo anterior que reveló que más de 25.000 funcionarios viajaron al extranjero durante licencias médicas entre 2023 y 2024, lo que llevó a la apertura de más de 6.600 sumarios y 1.100 renuncias en el sector público.

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El estatuto administrativo establece que, durante su vigencia, el funcionario continuará gozando del total de sus remuneraciones. Además, y frente al uso indebido, malicioso o el no cumplimiento de la licencia médica, la atribución de responsabilidad y por ende la sanción (incluida la destitución), debe efectuarse mediante un sumario administrativo y luego constar en un acto administrativo, por lo que el incentivo para no caer en estas prácticas es bajo. Es decir, se mantiene la remuneración durante la licencia y la posible sanción no es inmediata.

Christopher Gotschlich
Abogado y académico U. Central

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