El exministro de Hacienda, Mario Marcel, reapareció en la escena pública con una serie de críticas al manejo económico del Gobierno del Presidente José Kast, defendiendo además la gestión fiscal desarrollada durante la administración de Gabriel Boric.

Las declaraciones fueron realizadas en una extensa entrevista concedida a The Clinic, a propósito del lanzamiento de su libro La Montaña Rusa: crónica de una crisis y cómo se superó (2019-2024), donde repasa su experiencia al frente del Banco Central y posteriormente del Ministerio de Hacienda durante uno de los períodos más complejos de la economía chilena reciente.

Marcel sostuvo que la situación fiscal heredada al actual gobierno ha sido objeto de cuestionamientos injustificados y defendió los principales indicadores económicos alcanzados durante la administración anterior. “No cumplir con la meta fiscal duele, a mí me dolió más que a nadie. Pero tengamos claro dónde estamos parados”, afirmó, agregando que Chile mantiene una deuda pública considerablemente menor que el promedio de América Latina y de los países emergentes.

El exsecretario de Estado también cuestionó las críticas que ha recibido la gestión económica del gobierno de Boric, asegurando que existe una fuerte politización del debate económico. “Me parece que hay una lógica política que se impone sobre las necesidades de la economía y de la ciudadanía, donde importa más culpar al gobierno anterior que resolver las cosas”, señaló.

En esa línea, fue particularmente crítico con sectores de la derecha, acusando un doble estándar respecto de medidas fiscales que hoy son respaldadas, pero que anteriormente fueron duramente cuestionadas. “Si nosotros en el gobierno anterior hubiéramos pedido más endeudamiento o presentado proyectos sin financiamiento, nos habrían hecho pedazos”, sostuvo.

Marcel también abordó la situación fiscal actual y manifestó preocupación por algunas de las medidas impulsadas por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, advirtiendo que ciertas decisiones podrían afectar la credibilidad financiera del país. “Creo que se está jugando con fuego”, afirmó al referirse a las nuevas metas fiscales y al aumento proyectado del déficit estructural.

Respecto a la acusación constitucional presentada contra el exministro Nicolás Grau, Marcel calificó la acción como inédita y cuestionó que se fundamente en diferencias respecto de proyecciones económicas futuras. “La acusación contra un ministro de Hacienda es inédita y más aún cuando se basa en una discusión sobre proyecciones económicas”, indicó.

El exministro también repasó episodios clave de los últimos años, incluyendo el proceso constituyente, la pandemia, los retiros previsionales y la instalación del gobierno de Boric, reconociendo errores en la estrategia frente a la Convención Constitucional y señalando que faltó una reflexión más profunda tras el rechazo de la primera propuesta constitucional.

Pese a las críticas, Marcel sostuvo que el país mantiene una posición económica sólida en comparación con otros países de la región y llamó a evitar que las diferencias políticas terminen debilitando la confianza en las instituciones económicas.

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A pocos días de asumir como embajador de Chile en Misión Especial, el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle volvió a intervenir en el debate público al abordar temas vinculados al crecimiento económico, la inversión, el empleo y la contingencia política nacional.

En entrevista con Mesa Central, Frei manifestó su respaldo a algunos aspectos del proyecto de Reconstrucción Nacional impulsado por el Gobierno de José Antonio Kast, especialmente aquellos relacionados con la inversión y la reducción de trabas burocráticas para el desarrollo de proyectos.

“Desde el 2014 no tenemos crecimiento sobre el 2%, con eso no se avanza nada. En estos meses se han aprobado muchos proyectos, que estaban detenidos. Tenemos una cartera de proyectos que son cerca de 90 que suman cerca del orden de $80 mil millones dólares detenidos por los permisos, por los permisos, por los permisos”, afirmó.

El exmandatario también cuestionó la paralización de iniciativas productivas por razones medioambientales. Como ejemplo, mencionó el proyecto de Tierras Raras en la zona centro-sur del país. “Un proyecto se detuvo por los naranjillos, y hay como esos muchos proyectos detenidos que espero se vayan normalizando porque Chile no puede seguir en esta situación”, sostuvo.

Frei además abordó el escenario laboral y lanzó críticas al gobierno del expresidente Gabriel Boric, particularmente por los niveles de informalidad. “Tenemos hoy 27% de personas trabajando sin contrato en Chile. Y casi el 70% de esas son mujeres. Cuando nos habían hablado del gobierno feminista, qué se yo, y miren en lo que terminaron”, señaló.

Respecto al debate tributario y las medidas para incentivar el crecimiento, planteó la necesidad de alcanzar acuerdos amplios. “En todos los países de la OCDE ha pasado esto. Hubo una época en que se subían los impuestos, y después todos los países de la OCDE los han bajado. Eso en medio de muchas cosas más, no solo eso. Hagamos un esfuerzo y démosle una señal al país. Pongámonos de acuerdo”, indicó.

Finalmente, al ser consultado por la polémica generada tras una publicación del Partido Socialista contra el Presidente Kast, Frei evitó referirse directamente a la colectividad, aunque sí cuestionó al Partido Comunista y su postura frente al estallido social. “Lo que más me decepciona es que el Partido Comunista dice que estos actos vandálicos -similar a lo que pasó en el desastre que tuvimos hace años, que lo llaman estallido social pero que fue un desastre para Chile- son democráticos”, afirmó.

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La anunciada acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, comenzó a abrir una nueva grieta en la oposición, luego de que senadores de Renovación Nacional y la UDI cuestionaran públicamente la ofensiva impulsada por el Partido Nacional Libertario y el Partido Republicano.

La polémica se originó tras las declaraciones del actual ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien denunció inconsistencias por más de US$10.500 millones en la proyección de deuda pública heredada del gobierno anterior. A raíz de ello, parlamentarios libertarios y republicanos anunciaron que buscarán presentar un libelo acusatorio contra Grau antes del 11 de junio.

Sin embargo, desde Chile Vamos comenzaron a marcar distancia. La presidenta del Senado, Paulina Núñez, sostuvo que “si queremos construir un acuerdo serio, necesitamos coherencia política”, advirtiendo que no resulta compatible llamar al diálogo mientras se tensiona el ambiente político con una acusación constitucional en plena discusión de la Ley de Reconstrucción.

Las palabras de Núñez fueron respaldadas por distintos senadores oficialistas y de oposición dialogante. El senador Sergio Gahona señaló que este tipo de herramientas “deben evaluarse con responsabilidad jurídica y política y no desde la lógica del enfrentamiento coyuntural”, mientras que Gustavo Sanhueza aseguró no ser partidario de las acusaciones constitucionales, cuestionando incluso su efectividad política.

En la misma línea, el senador Miguel Ángel Becker afirmó que “no es el momento” para impulsar una ofensiva de este tipo, considerando que actualmente se negocia uno de los proyectos más relevantes del Gobierno de José Kast. Una postura similar manifestó el vicepresidente del Senado, Iván Moreira, quien aseguró que presentar ahora la acusación “enrarece” el ambiente político y podría terminar afectando directamente las negociaciones legislativas.

Desde RN también hubo advertencias por el riesgo de profundizar la polarización. El senador Andrés Longton sostuvo que avanzar en la acusación podría generar un clima político adverso justo cuando el Ejecutivo busca sacar adelante su principal proyecto estructural.

Pese a ello, sectores libertarios mantienen la presión. El diputado Pier Karlezi advirtió que, si Chile Vamos no se suma a la ofensiva, serán ellos quienes presentarán igualmente el libelo. Incluso dentro de RN comenzaron a surgir diferencias internas, luego de que el diputado independiente pro RN, Daniel Valenzuela, manifestara públicamente su apoyo a la acusación, desalineándose de la estrategia de cautela impulsada por la directiva de su bancada.

Mientras tanto, en La Moneda crece la preocupación por el eventual impacto político de esta disputa. Tanto el ministro del Interior, Claudio Alvarado, como el titular de la Segpres, José García, encabezan actualmente las negociaciones de la Ley de Reconstrucción en el Senado, proceso que podría verse seriamente tensionado si finalmente prospera la ofensiva contra Grau.

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La senadora libertaria por La Araucanía, Vanessa Kaiser, salió en defensa del ministro de Seguridad, Martín Arrau, luego de las críticas que recibió por afirmar que la Política Nacional de Seguridad promulgada durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric era “suficiente” y entregaba espacio para desarrollar distintos planes y estrategias.

Las declaraciones del ministro generaron cuestionamientos desde distintos sectores políticos, especialmente por producirse en medio de las críticas hacia el Ejecutivo por la ausencia de un plan integral de seguridad a pocos días de la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast.

Frente a ello, Kaiser evitó profundizar en la polémica y atribuyó la situación a un problema comunicacional derivado de la formación profesional del secretario de Estado.

“Lo que pasa es que el ministro no supo hacer la distinción, y yo creo que es porque es ingeniero; él vio el cascarón ingenieril y los pasos con los que tiene que cumplir, y a eso se le llama estrategia nacional”, sostuvo la parlamentaria.

La senadora agregó que la diferencia real está en la ejecución concreta de las medidas de seguridad y no solo en el marco institucional existente. “Pero luego, cómo tú das los pasos, qué órdenes das, cuántos carabineros pones para el cumplimiento de las órdenes, cómo tú avanzas en el poder legislativo una ley, ahí está toda la impronta y la diferencia. El problema es comunicacional”, afirmó.

Pese a respaldar a Arrau, Kaiser reconoció su molestia por la demora en la presentación de un plan de seguridad más contundente, especialmente considerando que esta materia fue uno de los principales ejes de campaña del actual Gobierno.

En ese contexto, señaló que esperaba que la administración de José Kast contara desde el inicio con una estrategia clara para enfrentar a las orgánicas radicales y reforzar el control territorial en zonas complejas como La Araucanía. “Se suponía que el Gobierno tenía un plan rígido para perseguir a las orgánicas radicales y que, por alguna razón, se decidió dejar para otra fase”, indicó, haciendo referencia a operativos realizados recientemente en Temucuicui.

Asimismo, la parlamentaria fue enfática al reconocer una “la decepción de que no tengan un plan robusto, trabajado, en profundidad, por supuesto que está. Si no hay seguridad, nadie invierte. No sacamos nada con tener el megaproyecto si es que el país sigue estando de los primeros en la lista de los con mayor nivel de terrorismo (…) entonces, primero tenía que ser el plan de seguridad”, recalcó.

Finalmente, Kaiser sostuvo que proyectos estructurales impulsados por el Gobierno, como la denominada “megarreforma”, difícilmente podrán avanzar si no existe previamente una sensación de seguridad y estabilidad en el país.

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Un fuerte cruce político protagonizaron este jueves el ministro de Vivienda, Iván Poduje, y el expresidente Gabriel Boric, luego de que el secretario de Estado criticara duramente la gestión habitacional del gobierno anterior.

La controversia comenzó después de que la diputada Tatiana Urrutia denunciara amenazas y hostigamientos en redes sociales tras una sesión de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados realizada el pasado 13 de mayo.

Según explicó la parlamentaria del Frente Amplio, las tensiones surgieron luego de diferencias reglamentarias con el presidente de la comisión, Juan Carlos Beltrán, y posteriormente se intensificaron con publicaciones realizadas por diputados republicanos en redes sociales.

Frente a esta situación, Boric publicó un mensaje de apoyo dirigido a la diputada, indicando “fuerza compañera. No estás sola”.

Sin embargo, la respuesta del ministro Poduje no tardó en llegar. A través de la red social X, el titular de Vivienda cuestionó directamente al exmandatario y señaló que quienes realmente están solas “son las más de 20 mil familias que dejó sin casa”.

El ministro vinculó esta situación al denominado “machetazo de Grau”, expresión utilizada por sectores oficialistas para referirse a recortes presupuestarios realizados durante la administración anterior.

Además, Poduje aseguró que existe respaldo documental para sostener sus críticas y mencionó el “Oficio Ordinario N°255 del 5 de febrero del 2026”, documento que —según afirmó— demostraría que el gobierno pasado realizó el mayor recorte de subsidios habitacionales para familias vulnerables en la historia del país.

Las declaraciones del secretario de Estado abrieron un nuevo foco de tensión política entre el actual Gobierno y figuras ligadas a la administración de Boric, en medio de un debate que mezcla seguridad digital, redes sociales y la crisis habitacional que afecta a miles de familias en Chile.

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A dos meses del cambio de gobierno, el ex gabinete regional encabezado por el ex delegado presidencial de La Araucanía, Eduardo Abdala Abarzúa, sostuvo un encuentro para abordar el actual escenario que enfrenta la región y analizar los principales desafíos que marcan el inicio de la nueva administración.

Durante la reunión, las ex autoridades manifestaron su preocupación por el aumento de los indicadores de violencia, el crecimiento del desempleo y la reducción presupuestaria en distintos programas sociales que impactan a la región.

Según señalaron, el objetivo de la instancia fue compartir diagnósticos y reflexiones respecto al contexto que atraviesa La Araucanía, enfatizando la necesidad de mantener una mirada colaborativa y propositiva frente a los problemas que afectan a la ciudadanía.

En esa línea, coincidieron en que el bienestar y desarrollo regional debe situarse por sobre las diferencias políticas, especialmente en un escenario marcado por desafíos en materia de seguridad, empleo y apoyo social.

El ex delegado presidencial Eduardo Abdala destacó además que existe disposición para colaborar con las nuevas autoridades, asegurando que el foco debe estar puesto en el desarrollo integral de la región y en mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Las ex autoridades agregaron que buscan aportar desde la experiencia adquirida en la gestión pública, promoviendo espacios de diálogo y propuestas que permitan enfrentar las problemáticas actuales de La Araucanía.

Cabe destacar que aunque es una de las carteras más importantes de la región, el ex seremi de Seguridad Pública, Israel Campusano, no participó del encuentro.

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A partir del próximo 26 de abril, la jornada laboral ordinaria en Chile se reducirá de 44 a 42 horas semanales, en el marco de la implementación progresiva de la Ley de 40 Horas, aprobada en 2023. Se trata de un nuevo hito clave de esta reforma laboral, que busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores sin comprometer la productividad.

La normativa contempla una disminución gradual de la jornada precisamente para facilitar la adaptación de las empresas, permitiendo reorganizar turnos, procesos y cargas laborales de manera planificada.

El proceso comenzó en abril de 2024, cuando la jornada pasó de 45 a 44 horas semanales. Con la reducción que entrará en vigor este mes, se avanzará a 42 horas, para finalmente alcanzar las 40 horas en 2028, completando así una de las transformaciones más relevantes del mercado laboral chileno en las últimas décadas.

Cristián Araya Pefaur, abogado y docente de la Universidad del Alba, explica que “este nuevo ajuste, que reduce la jornada a 42 horas semanales, es parte del diseño gradual de la ley, que busca una transición ordenada. No se trata solo de trabajar menos horas, sino de hacerlo mejor, resguardando tanto la productividad como el bienestar de los trabajadores.”

¿Cómo se aplica en la práctica?

El experto explica que en los casos más comunes —jornadas distribuidas de lunes a viernes— la reducción de dos horas semanales puede implementarse de distintas formas. Por ejemplo:

• Salir aproximadamente 24 minutos antes cada día.
• Reducir una hora en dos jornadas específicas.
• Establecer un día con salida anticipada más significativa.

La forma concreta dependerá de la organización interna de cada empresa y, en muchos casos, de acuerdos entre empleador y trabajadores.

En jornadas distribuidas en seis días, la reducción suele ser más acotada por día, considerando que las dos horas deben repartirse en más jornadas. En este caso, se puede traducir en:

• Salidas entre 15 y 20 minutos antes por día.
• Disminución de 50 minutos en dos días distintos y una fracción adicional en un tercer día.
• Ajustes diferenciados según la carga laboral de cada jornada.

Aquí, dice el académico de la Universidad del Alba, la planificación es clave para evitar afectar la continuidad operativa, especialmente en rubros como comercio o servicios.

Y en los esquemas de trabajo concentrados en cuatro días (como jornadas 4×3), la reducción puede implicar:

• Disminuir cerca de 30 minutos por día.
• Reconfigurar turnos completos, especialmente en sistemas más flexibles.

Este tipo de jornada suele requerir ajustes más estructurales, ya que las horas están concentradas en menos días.

«Es importante que las empresas comprendan que la reducción de jornada no puede traducirse en una disminución de sueldo ni en una sobrecarga de funciones. La implementación debe realizarse con ajustes reales en la organización del trabajo y, en muchos casos, mediante acuerdos entre empleador y trabajadores», puntualiza Cristián Araya Pefaur.

Sectores con sistemas especiales: el caso de la salud

En sectores como la salud, donde predominan los turnos rotativos y sistemas especiales de trabajo, la implementación puede ser más compleja. En estos casos, la reducción de jornada debe compatibilizarse con la continuidad del servicio y la atención permanente de pacientes.

Esto implica que los ajustes no siempre serán visibles como una salida anticipada diaria, sino que pueden traducirse en cambios en la distribución de turnos, días de descanso adicionales o modificaciones en los ciclos de trabajo. La normativa contempla estas particularidades, permitiendo adaptaciones que respeten tanto la ley como la naturaleza de estos servicios esenciales.

Desafíos para empresas y trabajadores

Entre los principales desafíos de esta etapa están la correcta distribución de la jornada, la adecuación de contratos y el cumplimiento de los sistemas de control de asistencia. Asimismo, se abre el debate sobre productividad y nuevas formas de organización laboral.

La Ley de 40 Horas continuará su implementación progresiva en los próximos años, consolidando un cambio estructural en el mercado laboral chileno y alineándose con tendencias internacionales en materia de conciliación entre vida laboral y personal.

«Bien implementada, esta medida puede transformarse en una oportunidad para modernizar la gestión laboral, optimizar procesos y mejorar el clima organizacional dentro de las empresas”, sentencia el académico de la Universidad del Alba.

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Un fuerte intercambio marcó la junta anual de accionistas de Codelco, donde el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, enfrentó directamente al presidente del directorio, Máximo Pacheco.

El momento más tenso se produjo tras la presentación de la gestión, cuando el secretario de Estado cuestionó duramente el tono del balance. “¿No hay ninguna crítica? ¿La administración no se hace ninguna crítica de nada? ¿Comparte este autoelogio?”, lanzó, evidenciando su molestia.

Las palabras de Quiroz apuntaron principalmente a la falta de autocrítica frente a temas sensibles, como el accidente en El Teniente y el desempeño reciente de la estatal, en un contexto de caída en la producción y aumento del endeudamiento.

Desde la otra vereda, Pacheco defendió su gestión y respondió a los cuestionamientos, asegurando que “Codelco no está en crisis” y destacando que la empresa sigue siendo estratégica para el país.

Sin embargo, también reconoció errores en la conducción, señalando que hubo “voluntarismo” en algunas decisiones, como impulsar varios megaproyectos de forma simultánea, lo que generó retrasos y dificultades operativas.

El cruce dejó en evidencia las diferencias entre el Gobierno y la actual administración de la cuprífera, en una jornada marcada por un ambiente tenso y emplazamientos directos, donde incluso se instaló el debate sobre el futuro de la empresa y su modelo de gestión.

La instancia, además, se da en medio de un momento clave para Codelco, con cuestionamientos por su desempeño, presiones por mejorar su eficiencia y definiciones pendientes sobre su conducción futura.

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Diputados de la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja emplazaron al exministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, por lo que calificaron como escasas acciones para preparar a la fuerza laboral chilena frente al avance de la inteligencia artificial (IA), luego de conocerse un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El documento posiciona a Chile en el último lugar entre 23 países de la OCDE en materia de preparación para adquirir habilidades relacionadas con inteligencia artificial, lo que encendió las alertas en el ámbito político y laboral.

Ante este escenario, los diputados Stephan Schubert y Erich Grohs, integrantes de la Comisión de Trabajo, expresaron su preocupación por la falta de políticas públicas claras para enfrentar el desafío de la transformación tecnológica en el mercado laboral.

Schubert sostuvo que el país debe avanzar rápidamente en la formación de trabajadores en nuevas tecnologías.
“Chile debe preparar a sus trabajadores para enfrentar la realidad de lo que significa la inteligencia artificial que ha impactado a todo el mundo. Nos ha pillado de alguna forma no preparados, pero tenemos personas que pueden capacitar a otros y dejar de estar a la cola”, señaló.

El parlamentario también destacó el potencial que existe en regiones como La Araucanía, donde —según indicó— se han desarrollado polos de innovación y formación tecnológica vinculados a universidades y centros académicos.

Por su parte, el diputado Erich Grohs apuntó a la necesidad de una mayor participación del Estado en la formación laboral en tecnologías emergentes.
“El Ministerio del Trabajo debe ser un actor activo para revertir esta tendencia, coordinando esfuerzos interministeriales y promoviendo programas de formación concretos y actualizados”, afirmó.

En esa línea, los legisladores anunciaron el envío de un oficio al Ministerio del Trabajo, actualmente liderado por Tomás Rau, para solicitar información sobre las acciones realizadas en los últimos años para capacitar a trabajadores en inteligencia artificial y los planes del Ejecutivo para mejorar el nivel de preparación del país en esta materia.

Desde el mundo experto también advierten sobre la urgencia de abordar la brecha tecnológica. El director de relaciones institucionales de EASEC, Isaías Sharon, sostuvo que el problema no está únicamente en la tecnología, sino en la preparación del capital humano.

“La verdadera crisis no radica en la tecnología en sí, sino en la preparación de quienes deben operarla. Chile posee infraestructura digital competitiva, pero enfrenta un déficit estructural en competencias básicas”, explicó.

Entre las propuestas para enfrentar este desafío, el especialista planteó avanzar en estándares internacionales de certificación de competencias, formación basada en resultados y la implementación de un “pasaporte de competencias digitales”, herramientas que permitirían medir avances y facilitar procesos de reconversión laboral.

Sharon concluyó que el desafío debe ser abordado como una política estratégica para el desarrollo del país. “Debemos transformar la capacitación digital en una inversión en capital humano, articulando esfuerzos entre universidades, sector público y consultoras especializadas”, afirmó.

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La Dirección de Presupuestos (Dipres) estableció un tope de hasta $10 millones mensuales para los asesores del Presidente y ministros en el gobierno de José Kast, medida que ha generado debate por el nivel de remuneraciones en el aparato público.

Según el reporte, este nuevo límite fija un estándar superior para los equipos de confianza de la actual administración, en un contexto donde el Ejecutivo busca ordenar y transparentar los pagos dentro del Estado.

La cifra contrasta con lo registrado durante el gobierno de Gabriel Boric, donde los asesores a honorarios alcanzaban montos significativamente menores. De acuerdo a informes oficiales de la Comisión para la Fijación de Remuneraciones, el sueldo máximo de estos asesores llegaba a cerca de $7 millones mensuales, mientras que el promedio rondaba los $2,8 millones.

Incluso en Presidencia, donde se concentraban las remuneraciones más altas, el promedio se ubicaba en torno a los $4,2 millones, muy por debajo del nuevo techo fijado por la Dipres.

El cambio se produce en medio de un escenario de presión fiscal y debate político, donde el nivel de gasto público y la estructura del Estado han sido parte central de la discusión entre el actual gobierno y la administración anterior.

Así, la fijación de este nuevo tope no solo redefine los sueldos en el Ejecutivo, sino que también instala una comparación directa con el periodo anterior, reabriendo el debate sobre austeridad, eficiencia y uso de recursos públicos.

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