Nuevos cuestionamientos enfrenta el proyecto de Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social impulsado por el Ejecutivo, luego que la Corte Suprema emitiera un crítico informe donde advierte una serie de riesgos jurídicos, ambientales y fiscales asociados a las modificaciones que propone la iniciativa.

El análisis del máximo tribunal apunta especialmente a las normas destinadas a agilizar permisos ambientales y destrabar inversiones, advirtiendo que varias de las disposiciones podrían generar “incertidumbre jurídica”, afectar la tutela ambiental e incluso comprometer recursos fiscales del Estado.

Uno de los primeros reparos de la Corte Suprema se relaciona con la falta de claridad respecto a quiénes podrán impugnar una Resolución de Calificación Ambiental (RCA). Según el informe, aunque el proyecto crea una vía directa ante los Tribunales Ambientales, no modifica la normativa que regula la legitimación activa, generando dudas sobre quiénes tendrán realmente facultades legales para accionar judicialmente.

El tribunal también cuestionó duramente el mecanismo que obliga al Estado a restituir inversiones privadas cuando una RCA sea anulada por la justicia. A juicio de los ministros, esta medida transforma al Estado en una especie de “asegurador general del riesgo regulatorio”, trasladando riesgos empresariales hacia fondos públicos y alejándose de los principios tradicionales de responsabilidad civil.

En esa línea, el informe advierte que esta obligación podría generar un efecto inhibitorio sobre los propios jueces ambientales, ya que cada fallo que deje sin efecto un permiso podría traducirse en una deuda fiscal en favor de empresas privadas.

Otro de los puntos observados por la Corte Suprema dice relación con las medidas cautelares ambientales. El proyecto establece un plazo máximo de seis meses para paralizar judicialmente una iniciativa, lo que, según el tribunal, podría afectar el principio preventivo ambiental en casos donde persistan riesgos graves o irreversibles para el entorno.

Además, el máximo tribunal detectó vacíos procesales respecto al tribunal competente para resolver reclamaciones asociadas a restituciones económicas, criticando que el articulado no precise adecuadamente las competencias ni el domicilio institucional de los organismos involucrados.

Finalmente, la Corte Suprema cuestionó la técnica legislativa utilizada por el Ejecutivo, señalando que estas modificaciones debieron incorporarse directamente a la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente para otorgar mayor coherencia normativa y seguridad jurídica.

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La Cámara de Diputados aprobó y despachó este miércoles la nueva Ley de Inteligencia del Estado, marco legal que moderniza y regula integralmente el sistema de inteligencia en Chile, tras casi ocho años de tramitación parlamentaria. El proyecto fue aprobado con 103 votos a favor y solo tres abstenciones, consolidando un amplio respaldo político.

El principal cambio que introduce la ley es la creación del Sistema Nacional de Inteligencia, instancia encargada de agrupar y coordinar a todos los organismos que ejercen labores de inteligencia en el país, comenzando por la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), pero también incluyendo unidades de inteligencia de las policías, las Fuerzas Armadas y otros organismos colaboradores como Gendarmería, Aduanas, Cancillería y la Agencia Nacional de Ciberseguridad.

La nueva normativa establece que estos organismos podrán coordinar y compartir información para anticiparse a escenarios de inseguridad pública o amenazas que comprometan la seguridad nacional. Además, el Presidente de la República deberá elaborar y entregar una Política Nacional de Inteligencia con los lineamientos de la materia, junto a un plan de desarrollo estratégico de la inteligencia que tendrá carácter reservado.

Uno de los ejes fundamentales de la reforma es fortalecer la Agencia Nacional de Inteligencia, dotándola de facultades más amplias para elaborar informes sobre vulnerabilidades y amenazas, incluyendo áreas como ciberseguridad e infraestructura crítica. Asimismo, la ANI podrá acceder a mayor información mediante labores de inteligencia y se amplía el uso de diligencias intrusivas, tales como intervenciones de comunicaciones, escuchas, registros en inmuebles y acceso a sistemas informáticos, siempre bajo los límites y procedimientos establecidos por la ley.

La legislación incorpora también la posibilidad de formar y capacitar “agentes de campo”, funcionarios que podrán realizar labores de inteligencia en terreno, un avance operativo relevante que busca reforzar la capacidad de investigación preventiva del sistema.

Para garantizar un marco de control y transparencia, la nueva ley establece que la aprobación de diligencias intrusivas requerirá la autorización de ministros de la Corte Suprema, en lugar de cortes de apelaciones, con lo que se busca elevar los estándares de supervisión jurisdiccional. Además, el Congreso tendrá potestad para fiscalizar el funcionamiento del organismo, conociendo el número de operaciones, mientras que la Contraloría General de la República también tendrá un rol mediante la toma de razón reservada.

La normativa actualiza también la regulación de las unidades de inteligencia al interior de las Fuerzas Armadas, estableciendo facultades claras para realizar actividades de contrainteligencia, y fija responsabilidades, sanciones penales y reglas específicas para proteger la integridad del sistema y evitar usos indebidos de la información o ejercicios inadecuados de la inteligencia.

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La crisis política en Brasil sumó un nuevo capítulo este sábado. La Policía Federal detuvo de manera preventiva al expresidente Jair Bolsonaro, condenado por intento de golpe de Estado y quien hasta ahora cumplía arresto domiciliario en Brasilia.

Según informaron medios locales, agentes federales ingresaron durante la mañana a la residencia del exmandatario y lo trasladaron a dependencias policiales para concretar la orden.

Un movimiento para “garantizar el orden público”

El grupo Globo reveló que la Corte Suprema ordenó la detención preventiva de Bolsonaro con el objetivo de “garantizar el orden público”, en medio de un proceso judicial que ya suma múltiples episodios y que ha generado tensión política en el país.

La Policía Federal, mediante un breve comunicado, confirmó el cumplimiento de la medida sin mencionar explícitamente al expresidente.

La condena de 27 años y el intento de golpe

El pasado 11 de septiembre, Bolsonaro fue sentenciado por la Primera Sala del Supremo a 27 años de prisión, acusado de intentar perpetuarse en el poder en 2022 con apoyo de exministros y altos mandos militares, después de su derrota ante el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Un día antes de su detención, su defensa había solicitado reemplazar la pena efectiva por un régimen domiciliario debido a razones de salud.

Incumplimiento de medidas y antecedentes recientes

El exmandatario, de 70 años, permanecía bajo arresto domiciliario desde el 4 de agosto, luego de incumplir restricciones impuestas en el marco de las investigaciones por golpismo.

La nueva prisión preventiva no corresponde aún al inicio formal de la sentencia, pero sí responde al rechazo de los primeros recursos presentados ante el Supremo.

Otro aliado en la mira: Ramagem también queda bajo prisión preventiva

El tribunal también ordenó la detención del diputado Alexandre Ramagem, exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia y cercano a Bolsonaro, condenado a 16 años de cárcel por delitos de organización criminal, golpe de Estado y atentado contra el Estado Democrático.

Las investigaciones apuntan a que Ramagem habría huido de Brasil rumbo a Estados Unidos tras cruzar clandestinamente la frontera por Roraima.

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El caso, liderado por la Fiscalía Regional de Los Lagos, investiga presuntas irregularidades cometidas por Gonzalo Migueles, los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, además de la exministra Ángela Vivanco, en torno a la tramitación judicial de un litigio entre la empresa Belaz Movitec SpA, de origen bielorruso, y la estatal Codelco.

Según los antecedentes, la disputa surgió luego de un contrato incumplido que derivó en un fallo inicial de la Corte de Apelaciones de Copiapó, donde se ordenó a la empresa extranjera pagar 20 millones de dólares a la minera chilena.

Reversión del fallo en la Corte Suprema

El conflicto escaló cuando la Tercera Sala de la Corte Suprema, presidida de manera extraordinaria por Ángela Vivanco, revirtió la sentencia, determinando que Codelco debía pagar los 20 millones de dólares a la empresa bielorrusa, más otros cinco millones de dólares adicionales por gastos y compensaciones.

Esta resolución levantó sospechas en el Ministerio Público, que investiga si existieron influencias indebidas o gestiones irregulares para alterar el resultado del fallo judicial.

Allanamientos y entrega voluntaria

Durante la jornada del martes, equipos del OS9 de Carabineros realizaron allanamientos simultáneos en tres inmuebles: uno de ellos, la residencia de la exministra Vivanco.
Horas más tarde, Gonzalo Migueles se presentó en una comisaría de Santiago para cumplir con la orden de detención. También lo hizo el abogado Eduardo Lagos, mientras que Mario Vargas está siendo buscado por la policía.

Fuentes cercanas a la investigación indicaron que el procedimiento busca reunir evidencia que respalde la tesis del Ministerio Público sobre tráfico de influencias y prevaricación judicial, delitos que podrían implicar penas de cárcel efectivas.

Reacciones y repercusiones

El caso ha generado impacto en el mundo político y judicial. Desde distintas asociaciones de magistrados se ha pedido respetar el debido proceso, mientras que analistas advierten que el episodio podría afectar la credibilidad del Poder Judicial.

“La independencia judicial no puede ponerse en duda por conductas individuales, pero este tipo de casos socavan la confianza en las instituciones”, comentó un abogado constitucionalista consultado por Tiempo21.

En tanto, desde el entorno de Vivanco se ha señalado que la exministra “está dispuesta a colaborar con la justicia” y que demostrará su inocencia en la causa.

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Este martes, diputados oficialistas, liderados por Daniel Manouchehri (PS), ingresaron un libelo acusatorio contra el juez Antonio Ulloa ante el Congreso. La medida se da luego de que la Corte Suprema decidiera mantenerlo en su cargo tras un proceso disciplinario por su vínculo con el abogado e imputado en el caso Audios, Luis Hermosilla.

Según los parlamentarios, Ulloa vulneró principios de imparcialidad, reserva y abstención, lo que configuraría un «notable abandono de deberes». “Chile merece una justicia limpia, imparcial y confiable, y eso hoy está en riesgo”, afirmó Manouchehri.

Junto a Manouchehri, firmaron la acusación otros diputados de la coalición oficialista y oposición, incluyendo Cosme Mellado, Marta Bravo, Javiera Moralse, entre otros. Desde el Ejecutivo, la ministra Macarena Lobos instó a priorizar la tramitación del Presupuesto 2026, aunque respetó la facultad parlamentaria de presentar acusaciones constitucionales.

Tras la presentación del libelo, se conformará una comisión revisora que determinará si la acusación procede antes de someterla a votación en el hemiciclo. Mientras, la Corte Suprema reiteró su respeto a los poderes del Estado y enfatizó que los procesos se desarrollan dentro de la ley y la Constitución.

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La Corte Suprema instruyó al Fiscal Judicial del máximo tribunal investigar a funcionarios judiciales que, estando con licencia médica, asistieron a casinos de juego. La decisión surge tras un informe de la Contraloría General de la República que reveló la presencia de más de 13 mil funcionarios públicos en estos recintos bajo la misma situación.

El pleno del tribunal resolvió ampliar la indagación a casos ocurridos en los últimos cinco años. Para ello, se solicitará información oficial a la Superintendencia de Casinos de Juego y se cruzarán datos con los registros internos del Poder Judicial.

Esta medida se suma a la investigación ya iniciada el 23 de mayo sobre viajes al extranjero realizados por funcionarios con reposo médico, actualmente en manos de fiscales judiciales de distintas cortes del país.

La ministra vocera de la Corte Suprema, María Soledad Melo, explicó que “el Pleno estimó necesario realizar un análisis” y que, una vez reunidos los antecedentes, estos serán remitidos al Tribunal Pleno “para disponer las medidas pertinentes”.

La indagatoria busca determinar eventuales responsabilidades administrativas y sanciones en casos donde se compruebe el uso indebido de licencias médicas.

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Valdivia, quien está siendo investigado por dos delitos de abuso sexual, deberá ahora cumplir con las medidas cautelares de arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima. La decisión de la Corte Suprema modifica la resolución anterior y permite que el exjugador, quien ya había estado bajo arresto domiciliario durante el proceso, continúe cumpliendo la medida cautelar en su domicilio mientras avanza la investigación en su contra.

El caso de Jorge Valdivia ha generado gran atención mediática y debate público, dado su perfil como figura pública y exseleccionado nacional de fútbol. La defensa de Valdivia ha argumentado en repetidas ocasiones que la prisión preventiva era una medida excesiva y que su cliente no representaba un peligro para la sociedad ni un riesgo de fuga.

La resolución de la Corte Suprema ha sido recibida con opiniones divididas. Mientras algunos consideran que se ha hecho justicia al permitir que Valdivia enfrente el proceso en su hogar, otros critican la decisión, argumentando que podría enviar un mensaje equivocado sobre la gravedad de los delitos imputados.

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Entre los nombres destacados para la vacante de Muñoz se encuentran Omar Astudillo, presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, y Romy Rutherford, ministra de la misma corte. Para la vacante de Vivanco, los candidatos incluyen a José Francisco Balmaceda, Claudia Candiani y Paula Cáceres.

El proceso de selección continuará con la revisión de los postulantes por parte del pleno de la Corte Suprema, que definirá una quina para cada vacante. Estas listas serán presentadas al Ejecutivo, quien elegirá a los candidatos finales para ser ratificados por el Senado.

Este proceso es crucial para asegurar la continuidad y eficiencia del máximo tribunal del país, garantizando que los nuevos ministros cumplan con los más altos estándares de integridad y competencia.

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La Corte Suprema de Chile dictó una histórica sentencia a favor de Miguel Beltrán Muñoz, otorgándole una indemnización de $80 millones por las torturas sufridas durante la dictadura cívico-militar. Esta decisión subraya el compromiso del Estado con las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Miguel Beltrán fue detenido el 11 de septiembre de 1973 y torturado por agentes del Estado en la localidad de Choshuenco y sometido a diversas formas de tortura en manos de agentes del régimen militar. Durante años, luchó por el reconocimiento de su sufrimiento, hasta que finalmente la Corte Suprema dictó sentencia favorable.

Importancia de la indemnización
La indemnización no solo tiene un impacto económico, sino que también es un paso significativo en el proceso de justicia y reparación para las víctimas de la dictadura. Esta medida busca restituir, en la medida de lo posible, el daño sufrido por Beltrán Muñoz y dar un mensaje claro sobre la no impunidad.

Perspectiva a futuro
El fallo podría sentar un precedente para otros casos similares, mostrando la voluntad del poder judicial de hacer justicia por los crímenes cometidos durante el régimen militar en Chile.

Corte de Santiago ordena al fisco indemnizar a víctima directa de torturas y a sus hijos por repercusión https://t.co/I6vbUQW1cZ pic.twitter.com/AxIrclfbTe

— Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) December 30, 2024

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En fallo unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal confirmó hoy –lunes 30 de diciembre– la sentencia que rechazó el recurso de amparo interpuesto por la defensa de la ex alcaldesa de Maipú Cathy Carolina Barriga Guerra, que buscaba dejar sin efecto la audiencia en que se reformalizó la investigación y que decretó la prisión preventiva de la exedil.

En fallo unánime (causa rol 61.163-2024), la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por el ministro Leopoldo Llanos, las ministras María Teresa Letelier, María Cristina Gajardo, la abogada (i) Pía Tavolari y el abogado (i) Juan Carlos Ferrada– descartó infracción en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago.

“Que, el ‘Hecho 2’ al que se hace referencia, corresponde al delito de falsificación de instrumentos públicos, descrito y sancionado en el artículo 194 N°3 del Código Penal, en carácter de reiterado, y que en lo esencial, se habría configurado a través de la entrega de información falsa acerca de la ejecución de los presupuestos correspondientes a su periodo como Alcaldesa de la I. Municipalidad de Maipú durante los años 2017 a 2020, ocultando de esta manera el déficit que existía en la administración del municipio, entrega de información que se materializó mediante informes al Concejo Municipal, su Cuenta Pública y a través de solicitudes planteadas por vía de Transparencia”, sostiene el fallo.

La resolución agrega que: “Por su parte, la atribución delictiva, denominada ‘Hecho 6’, corresponde a cuatro delitos de falsificación de instrumento público descritos y sancionados en el artículo 193 N°4 del Código Penal y en relación al artículo 15 del Decreto Supremo 2421, que contiene el texto de la Ley de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, cuya materialización se habría manifestado mediante la remisión de informes de ejecución presupuestaria de la Municipalidad de Maipú a Contraloría General de la República, correspondiente a los años 2017 a 2020, que daban cuenta de información falsa, al no contener en ellos los gastos reales realizados por el municipio, ocultando por tanto gastos y el déficit presupuestario que afectaba a la entidad edilicia”.

Para el máximo tribunal: “(…) de lo antes dicho, surge que las acciones expresadas en ambas atribuciones de ilícitos, tanto los referidos en el denominado ‘Hecho N°2’ como el señalado en el ‘Hecho N°6’, se estiman configuradoras de un mismo ilícito penal independiente de su calificación jurídica específica, los que se hacen radicar en una misma conducta, esto es, la entrega de información falsa por parte de la imputada en su calidad de Alcaldesa de la Municipalidad de Maipú, aunque con destinatarios distintos y con algunas diferencias en los montos totales de déficit correspondientes a cada año. Así, la información falsa que recaía, igualmente, sobre la ejecución presupuestaria de dicho municipio, que en el caso del Hecho 2 y del Hecho 6 se ubican en el mismo periodo de tiempo, la que era remitida a distintas personas o autoridades, pero que tenían en común una distorsión de los gastos efectivos de los dineros municipales que estaban de su cargo”.

“Esta última cuestión –prosigue–, resulta del todo relevante, ya que, como se expresó, supone mantener una aparente realidad de correcta y eficaz ejecución del erario municipal a nivel global, evitando por consiguiente, la fiscalización de dichas operaciones por parte de las entidades”.

“Que, tal como se viene razonando, es posible advertir que las conductas expresadas en las imputaciones de los denominadas Hecho 2 y Hecho 6 comparten elementos esenciales en su naturaleza que permiten dar por concurrentes los requisitos establecidos en el artículo 229 bis) del Código Procesal Penal”, añade.

“En efecto, tratándose de hechos realizados en un mismo contexto fáctico (entregar la misma información falsa sobre la ejecución presupuestaria), tal conducta se efectuó respecto de dos órganos públicos, la Municipalidad y la Contraloría General de la República, por lo que no se hace sino complementar la formalización primitiva; y asimismo se precisa, al señalar que uno de los destinatarios de la información falsa fue también el segundo órgano”, releva la resolución.

Asimismo, el fallo consigna: “Que igualmente, debe considerarse que las imputaciones enderezadas en contra de la amparada, provienen del desarrollo de una misma investigación, a la que ha tenido acceso la imputada, en un proceso que se encuentra en etapa de investigación aún vigente, lo que descarta afectaciones a los derechos propios del ejercicio de defensa o una manifestación de un actuar abusivo por parte del ente persecutor en la utilización de una facultad legal”.

“Que, de esta manera, advirtiéndose una utilización de una facultad conforme a norma por parte de la Fiscalía, se descarta, en consecuencia, un actuar ilegal de la autoridad recurrida al permitirla, lo que lleva fundadamente a concluir la desestimación de la presente tutela constitucional”, concluye.

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