La formalización, que se proyecta durará más de una semana, revela una estructura de colusión entre internos, civiles «manilleros» y uniformados que transformaron los penales de Santiago 1 y San Joaquín en verdaderos centros de negocios ilícitos. El Consejo de Defensa del Estado (CDE) ya presentó una querella criminal, mientras los acusados son trasladados bajo máxima seguridad a recintos de alta complejidad para evitar que sigan operando desde el interior.

El sistema penitenciario chileno enfrenta su crisis de probidad más profunda tras el estallido de la «Operación Apocalipsis». En una tensa y masiva audiencia en el 12° Juzgado de Garantía de Santiago, la Fiscalía comenzó a detallar cómo 47 gendarmes se convirtieron en brazos operativos de al menos nueve organizaciones criminales. Según el Ministerio Público, estas bandas, con nombres como «La Dora», «Las Chilenas» o «Los Colombia», no solo ingresaban elementos prohibidos como carne, alcohol y celulares, sino que establecieron un mercado de comercio sexual bajo el disfraz de visitas autorizadas. El patrón de intervención, detectado desde el año 2020, permitió que los uniformados recibieran beneficios económicos mediante una ingeniería financiera que movilizó más de $6.300 millones.

La red operaba mediante una figura clave: los «manilleros». Estos civiles actuaban como intermediarios, recolectando el dinero de las familias de los internos para pagar los sobornos a los funcionarios que omitían los controles reglamentarios. El Consejo de Defensa del Estado, en su querella, fue enfático en señalar que se consolidó un patrón de corrupción donde los funcionarios «solicitaron y aceptaron» prestaciones económicas de forma sistemática. La magnitud del caso es tal que la identificación de los 70 detenidos tomó más de una hora, en una sala colapsada por defensores que denunciaron falta de acceso a las carpetas investigativas y detenciones ilegales, provocando roces constantes con el magistrado Francisco Ramos.

Mientras la formalización continúa este sábado, el destino de los acusados marca la gravedad del proceso. La mayoría de los gendarmes imputados han sido derivados «en tránsito» a la Cárcel de Alta Seguridad, mientras que las mujeres fueron trasladadas al CPF de San Joaquín y los civiles al penal de Rancagua. El caso no solo pone en jaque la formación y los sueldos de la institución, sino que evidencia cómo las bandas transnacionales y locales lograron penetrar la última línea de defensa del Estado de derecho: la custodia de quienes ya han sido condenados por la justicia.

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Este jueves comenzó en Buenos Aires el juicio oral más grande de la historia judicial argentina, en el que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner enfrenta cargos por asociación ilícita y cohecho en el marco del escándalo conocido como “los cuadernos de las coimas”.

Fernández, quien cumple arresto domiciliario desde junio por otra causa de corrupción, será juzgada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7, junto a otros 21 exfuncionarios y 65 empresarios. En total, más de 86 personas están implicadas en la presunta red de sobornos que habría operado entre 2003 y 2015, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

Sobornos, contratos públicos y poder político

Según la acusación del fiscal federal Carlos Stornelli, la expresidenta lideró un sistema de recaudación ilegal de fondos provenientes de empresarios que buscaban obtener contratos de obra pública, concesiones viales y ferroviarias, o beneficios estatales.
El Ministerio Público sostiene que se trató de una “asociación ilícita estructurada desde el poder Ejecutivo”, en la que participaron ministros, secretarios, choferes y ejecutivos de grandes compañías de los sectores construcción, energía y transporte.

Entre los delitos imputados, Fernández es señalada como coautora de 204 hechos de cohecho pasivo y partícipe necesaria de otro más.

El origen del caso: los cuadernos del chofer

El caso se destapó en 2018, cuando se conoció que Oscar Centeno, exchofer del Ministerio de Planificación Federal, había registrado en varios cuadernos los traslados de bolsos con dinero desde empresas hacia oficinas o domicilios de altos funcionarios del Gobierno.
Las anotaciones se convirtieron en una pieza clave de la investigación, aunque la defensa de Fernández cuestionó su validez, argumentando que los documentos fueron alterados, según pericias de la Policía Federal y de la Universidad de Buenos Aires.

Un proceso largo y mediático

Las audiencias del juicio se realizarán cada jueves de manera virtual, bajo la supervisión del Tribunal Federal N°7. La fiscal general Fabiana León liderará la acusación.
Actualmente, Fernández ya cumple una condena de seis años de prisión domiciliaria e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, tras ser declarada culpable en el caso “Vialidad”, por irregularidades en la concesión de obras públicas en Santa Cruz.

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Contexto del Caso

Sarkozy, quien fue presidente de Francia de 2007 a 2012, fue condenado por intentar obtener información privilegiada sobre una investigación judicial a cambio de un puesto prestigioso para el juez Gilbert Azibert. Este caso, conocido como el «caso Bismuth», se basa en escuchas telefónicas que revelaron el intento de soborno.

Reacciones y Próximos Pasos

Sarkozy ha declarado que no acepta la «profunda injusticia» de la condena y planea llevar el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

A pesar de sus problemas legales, Sarkozy sigue siendo una figura influyente en la política francesa y mantiene contactos con el presidente Emmanuel Macron.

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