El Juzgado de Garantía de Temuco resolvió nuevamente modificar la medida cautelar del desaforado diputado Mauricio Ojeda, en el marco de la investigación por la arista “Manicure” del Caso Convenios.

La decisión judicial permitió rebajar el arresto domiciliario total que cumplía el exparlamentario, estableciendo que durante dos días hábiles a la semana solo deberá cumplir arresto domiciliario nocturno.

Según lo expuesto por su defensa, la modificación implica que Ojeda podrá realizar actividades personales y laborales entre las 08:00 y las 20:00 horas en esos días, manteniéndose el resto de la semana bajo la medida cautelar original.

El cambio fue solicitado por su abogado defensor, quien argumentó la necesidad de flexibilizar la medida, lo que fue acogido parcialmente por el tribunal.

Mauricio Ojeda está siendo investigado por dos delitos de fraude al Fisco, en una causa vinculada al traspaso de cerca de $730 millones desde el Gobierno Regional de La Araucanía a fundaciones para cursos que, según la investigación, no se habrían realizado.

En esta causa, el Ministerio Público ha solicitado penas que en conjunto alcanzan los 19 años de presidio, en un proceso que involucra además a otros imputados.

Cabe recordar que el exdiputado se encontraba con arresto domiciliario total desde diciembre pasado, medida que ya había sido objeto de diversas revisiones en el transcurso de la investigación.

El tribunal, en esta oportunidad, optó por una flexibilización parcial, manteniendo medidas restrictivas, pero permitiendo un margen acotado de movilidad semanal.

La causa continúa en desarrollo, mientras se espera el avance de las etapas procesales que definirán la eventual responsabilidad penal del imputado.

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La resolución surge mientras la Fiscalía ya alista una acusación que suma 22 años de presidio por fraude al fisco y cohecho. El fallo no solo frena las aspiraciones de libertad de la imputada, sino que tensiona el tablero político local a las puertas de la preparación del juicio oral.

La magistrada Marcia Castillo sepultó este jueves las esperanzas de libertad de Susan Alarcón Rubilar, exfuncionaria clave del Gobierno Regional de La Araucanía. En una audiencia de revisión de medidas cautelares, el Juzgado de Garantía de Temuco resolvió mantener la prisión preventiva para la imputada, quien permanece recluida en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Femenino bajo cargos de corrupción pública. La jueza rechazó los argumentos de la Defensoría Penal Pública, que calificaba como excesivo el tiempo de encierro sin una condena ejecutoriada, priorizando la gravedad de los delitos imputados en la denominada «arista Manicure».

El escenario judicial para Alarcón se ha endurecido tras la presentación formal de la acusación por parte del Ministerio Público. Los persecutores solicitan una pena total de 22 años de cárcel, atribuyéndole autoría en delitos reiterados de fraude al fisco y cohecho. Según la tesis fiscal, la exfuncionaria habría facilitado el desvío de fondos públicos que originalmente debían financiar capacitaciones de belleza para mujeres vulnerables, programas que terminaron convirtiéndose en el epicentro de un escándalo de malversación que sacude los cimientos del GORE Araucanía.

Mientras la defensa de Alarcón ya adelantó que apelará ante la Corte para revertir la medida, la justicia local envía una señal de rigor ante la inminente preparación del juicio oral, donde ocho acusados enfrentarán las pruebas recolectadas durante meses de investigación. En La Araucanía, la permanencia de la exfuncionaria tras las rejas refuerza la percepción de una fiscalización exhaustiva sobre el uso de los recursos regionales, en un caso que sigue bajo el escrutinio público por la magnitud de los montos involucrados y la jerarquía de los nombres implicados en la administración pública.

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El diputado desaforado Mauricio Ojeda deberá volver a prisión preventiva, luego que la Corte de Apelaciones de Temuco revocara la medida de arresto domiciliario total que le había sido otorgada la semana pasada en el marco del caso Manicure.

La resolución, adoptada este viernes por la Tercera Sala del tribunal de alzada, acogió una apelación de la Fiscalía Regional de La Araucanía, que acusa al exparlamentario de los delitos de fraude al fisco consumado y frustrado.

Según el Ministerio Público, la libertad de Ojeda representa un “peligro para la seguridad de la sociedad”, considerando los antecedentes de la causa, que investiga el presunto desvío de $700 millones en cursos de cosmética financiados por el Gobierno Regional a través de las fundaciones Folab y Educc.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Ojeda calificó el fallo como un ataque político y denunció irregularidades en la composición de la sala que resolvió su caso.

“A última hora se armó una sala con magistrados que ya habían votado en mi contra. Esto es una desigualdad ante la ley que es brutal. En Chile no hay nadie en prisión preventiva por causas como la mía”, señaló.

El diputado insistió en que su caso “tiene motivaciones políticas” y aseguró que “no hay explicación para un trato distinto”, aunque afirmó que respetará la decisión judicial.

La audiencia de preparación de juicio oral por la denominada arista Manicure del Caso Convenios fue fijada para el 3 de noviembre.

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A pesar de la solicitud del Ministerio Público de prisión preventiva, la jueza Viviana García rechazó esta medida, considerando la irreprochable conducta de las imputadas y la inexistencia de riesgo de fuga.

El fiscal de Alta Complejidad, Carlos Cornejo, anunció que apelará la decisión ante la Corte de Apelaciones.

La audiencia, que se extendió por más de 12 horas, se realizó a puerta cerrada, acogiendo la solicitud de la defensa de mantener la confidencialidad. La Fiscalía investiga el destino de los 730 millones de pesos transferidos desde el Gobierno Regional a las fundaciones Folab y Educc, cuyo propósito era realizar cursos de capacitación para mujeres vulnerables.

En este contexto, se espera que el viernes 13 de diciembre se revisen otras medidas cautelares, incluyendo la de Juan Pablo Leonelli Lepín, exjefe de gabinete del exgobernador Luciano Rivas, quien permanece en prisión preventiva desde agosto por los mismos cargos.

PROCESO JUDICIAL EN CURSO

El Artículo 04 del Código Procesal Penal establece que los cargos podrían ser desestimados al concluir la investigación. Por lo tanto, es importante no considerar a los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra.

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