Tras el frustrado intento de exhumación en Lumaco, las autoridades regionales recalcaron que el entierro del exintegrante de la CAM en un predio tomado constituye un delito y que la justicia debe actuar.

Dos intentos de exhumación frustrados

El pasado 27 de marzo, más de 200 efectivos de la PDI, Carabineros y el Ejército participaron en un amplio operativo para exhumar los restos de Pablo Marchant, exintegrante de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), abatido en julio de 2021 durante un enfrentamiento en Carahue.

Sin embargo, el procedimiento fue repelido a disparos por un grupo armado, lo que obligó a suspender la diligencia. Es la segunda ocasión en que ocurre lo mismo, por lo que los restos de Marchant continúan sepultados en el fundo Poluco Pidenco, predio actualmente tomado por la CAM.

“Inhumación ilegal”: la postura del Gobierno regional

El seremi de Salud de La Araucanía, Andrés Cuyul, fue categórico: “En este caso se realizó una inhumación ilegal, por lo que la justicia debe actuar conforme a la ley”.

Por su parte, el seremi de Seguridad Pública, Israel Campusano, señaló que hasta ahora no está definido si se insistirá en un nuevo operativo de exhumación: “Esa es una decisión que corresponde a los tribunales”.

Querella e investigación por el ataque armado

El intento de exhumación terminó con disparos dirigidos a las fuerzas de seguridad. A raíz de ello, el Gobierno presentó una querella por homicidio frustrado a Carabineros en servicio, disparos injustificados y porte ilegal de armas de fuego.

En paralelo, la Fiscalía abrió una investigación por los mismos delitos, que busca identificar a los responsables del ataque armado y el Poder Judicial deberá resolver si se insistirá con una nueva diligencia de exhumación y cómo se aplicarán eventuales sanciones por la inhumación ilegal.