La iniciativa surge tras la llegada de la exfiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, al Ministerio de Seguridad. El proyecto plantea una inhabilidad de dos años para que persecutores que dejen el Ministerio Público puedan asumir cargos políticos de confianza.

Un grupo de senadores de oposición presentó una propuesta de reforma constitucional que busca impedir que fiscales del Ministerio Público puedan asumir cargos políticos inmediatamente después de dejar sus funciones, estableciendo un período de inhabilidad de dos años para acceder a puestos en el Ejecutivo.

La iniciativa surge en medio del debate generado por la llegada de la exfiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, quien dejó su cargo en el Ministerio Público para asumir como ministra de Seguridad en el gobierno del presidente José Kast.

El proyecto propone modificar la Constitución para establecer que quienes hayan ejercido como fiscales no puedan ser designados ministros de Estado, subsecretarios, delegados presidenciales regionales o provinciales ni secretarios regionales ministeriales, sino hasta que hayan transcurrido al menos dos años desde el término de sus funciones.

La iniciativa fue impulsada por los senadores Gastón Saavedra (PS), Alejandra Sepúlveda (independiente), Fidel Espinoza (PS) y Daniel Núñez (PC), quienes sostienen que la medida busca proteger la independencia del Ministerio Público frente a eventuales presiones políticas.

Según explicó Saavedra, el objetivo de la reforma es evitar que fiscales que investigan delitos puedan pasar directamente a ocupar cargos de confianza política designados por el Presidente de la República. “Lo que queremos es evitar la dependencia política e ideológica del Ministerio Público, garantizando a los chilenos y chilenas que se está ejerciendo la justicia con buenas prácticas”, señaló el parlamentario.

Los promotores del proyecto argumentan que el tránsito inmediato desde funciones persecutoras a cargos políticos podría generar conflictos de interés, presiones indebidas o cuestionamientos a la probidad, especialmente cuando los fiscales investigan hechos que involucran a actores políticos o instituciones del Estado.

La propuesta deberá iniciar ahora su tramitación legislativa en el Congreso, donde se espera un debate sobre los límites entre la independencia del Ministerio Público y la posibilidad de que exautoridades judiciales o persecutoras participen posteriormente en el ámbito político o en el Ejecutivo.