En una tensa Sesión Especial con autoridades del Ministerio del Trabajo, la Superintendencia de Pensiones y el gremio de las AFP, senadores de todas las bancadas rechazaron las explicaciones sobre los derivados financieros. Advierten una «contradicción ética» entre el desplome de los ahorros más conservadores y las ganancias de las administradoras.

En una de las jornadas parlamentarias de mayor tensión económica en el Congreso, el Senado llevó a cabo una Sesión Especial para abordar las severas pérdidas registradas en los Fondos D y E de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), atribuidas principalmente a operaciones con instrumentos derivados, en particular contratos tipo Swap.

La sesión contó con las exposiciones del ministro del Trabajo, Tomás Rau; el superintendente de Pensiones, Joaquín Cortez; el presidente de la Asociación de AFP, León Fernández; y el presidente del Consejo Consultivo Previsional, Pedro Pizarro. Sin embargo, los argumentos presentados por la industria y las autoridades reguladoras no lograron aplacar el malestar transversal de los legisladores.

Superintendencia inicia procesos sancionatorios a las 7 AFP

Desde el Ejecutivo, el ministro Tomás Rau enfatizó el principio de que «los ahorros previsionales pertenecen a las y los trabajadores y cautelarlos es una respuesta esencial». En esa línea, confirmó que la Superintendencia de Pensiones ha instruido procedimientos sancionatorios contra las 7 AFP que operan en el país para determinar eventuales incumplimientos o negligencias en el manejo de los recursos.

Por su parte, el superintendente Joaquín Cortez detalló que la desvalorización se originó por el alza de las tasas de interés internacionales en marzo de 2026 y las alzas de tasa de la Reserva Federal de EE.UU. No obstante, admitió que el organismo fiscalizador ya venía manifestando inquietud por la alta exposición de las administradoras a contratos de derivados.

Por el lado del gremio, León Fernández (Asociación de AFP) justificó el uso de estos instrumentos como una medida técnica para ajustar plazos y proteger las pensiones, argumentando que la liquidez del mercado nacional se vio alterada tras los retiros de fondos de 2020 y 2021, aunque aseguró que las pérdidas se están revirtiendo.

Transversal rechazo en el Senado: «No se especula con el esfuerzo de una vida»

Las justificaciones no convencieron a las y los senadores de distintas bancadas. Durante el debate se remarcó una profunda contradicción estructural: mientras los fondos más conservadores (D y E) sufren pérdidas que golpean directamente a quienes están ad-portas de jubilar, las AFP continúan registrando utilidades en el mismo ejercicio.

• Anuncio de acciones judiciales: El senador Pedro Araya adelantó que se están analizando antecedentes para la presentación de una querella formal contra las AFP y la revisión de los incentivos económicos que reciben sus altos ejecutivos.
• Moción sobre administración temeraria: Desde el Partido Socialista solicitaron suma urgencia al proyecto de ley que busca sancionar la «administración temeraria» de los fondos previsionales.
• Ultimátum al Ejecutivo: La presidenta del Senado, Paulina Núñez, solicitó al Gobierno el compromiso de presentar en un plazo de 30 días un informe técnico detallado sobre las causas de los resultados, los efectos en las pensiones y las medidas regulatorias definitivas.