Publicado por: Tiempo21 | jueves 4 de diciembre de 2025 | Publicado a las: 09:29
El alcalde Roberto Neira confirma que el Ministerio de Justicia ya maneja antecedentes de posibles emplazamientos para el recinto penal, cuya presencia en la zona central de la ciudad es un riesgo latente para la seguridad vecinal.
La crisis de seguridad y el reciente intento de motín en el penal de Temuco han reactivado con urgencia el debate sobre la necesidad de reubicar el Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP). El recinto, la unidad penal más grande de la región, se encuentra actualmente enclavado en el área urbana, rodeado de colegios, establecimientos de salud y residencias particulares, una situación que el jefe comunal ha calificado como un «riesgo latente» para la población.
El alcalde de Temuco, Roberto Neira, confirmó haber recibido información clave: el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ya tiene en su poder la evaluación de tres posibles terrenos para trasladar la cárcel. Si bien el edil no entregó detalles específicos sobre las ubicaciones, anticipó que al menos uno de ellos estaría fuera de los límites de la capital regional de La Araucanía.
El aparente avance en la búsqueda de un nuevo emplazamiento ocurre justo después de un grave incidente de seguridad. El pasado lunes se registró un intento de motín en el penal, que según denuncias de Gendarmes, enfrentó a cerca de 330 internos contra solo dos funcionarios en el momento inicial. La intervención oportuna del personal de Gendarmería logró evitar lo que pudo haber escalado a consecuencias mayores.
Este episodio de violencia interna impulsó al alcalde Neira a contactarse con el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, para expresar su preocupación. El jefe comunal espera que la contingencia acelere los procesos, estimando que durante la primera quincena de diciembre se podrían dar a conocer más antecedentes sobre las opciones de reubicación.
La existencia del CCP de Temuco en su actual ubicación ha sido un punto de conflicto constante, no solo por la seguridad, sino por la planificación y desarrollo urbano de la ciudad. .
El traslado de la cárcel es visto por las autoridades locales como una necesidad impostergable que permitiría, además de mejorar las condiciones de seguridad y habitabilidad de los internos y funcionarios, recuperar un terreno de alto valor para proyectos urbanos o equipamiento público en una zona central. El hecho de que al menos una de las opciones de reubicación apunte a un sector fuera de la capital regional sugiere la intención de descongestionar la infraestructura urbana y mejorar la calidad de vida de los vecinos directamente afectados por la presencia del penal.
El seguimiento de los equipos técnicos del Ministerio de Justicia será fundamental para determinar la viabilidad de los terrenos en función de la infraestructura necesaria, accesibilidad y los estudios de impacto ambiental y territorial requeridos para un proyecto de esta envergadura.