El ministro de Hacienda aseguró que el término es técnico y preciso, mientras desde Dipres habían apuntado a que debía entenderse como “reformular”.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, salió a respaldar el uso del concepto “descontinuar” en el Oficio 16, documento que proyecta un ajuste fiscal que podría alcanzar los $5,4 billones hacia 2027 y que involucra la revisión de 142 programas estatales.

En entrevista con Radio Infinita, el secretario de Estado sostuvo que el lenguaje utilizado responde a un contexto técnico y de comunicación interna entre ministerios, descartando que esté pensado para el público general. “Ocupa palabras que a lo mejor no son las perfectas en términos de comunicación porque no está diseñado para ser comunicado al público general, está diseñado como un instrumento de trabajo”, explicó.

Quiroz insistió en que el concepto no implica eliminar políticas públicas, sino revisar su continuidad bajo su diseño actual. “Cuando la comisión dice ahí descontinuar (…) significa que el programa, en su diseño actual, no debe continuar operando, ya que la modalidad vigente no resulta adecuada para enfrentar la problemática de modo efectivo”, detalló.

En esa línea, defendió el uso del término y su origen técnico. “Estamos usando la palabra precisa en el contexto preciso, que se usa en las comunicaciones internas y usando el vocablo de la comisión asesora para el gasto público”, enfatizó.

Además, aclaró que la intención detrás del oficio no es poner fin a los programas, sino abrir la puerta a su rediseño. Según indicó, se trata de quitar continuidad a ciertas iniciativas en su forma actual para luego reformularlas y mejorar su efectividad.

Sin embargo, estas declaraciones contrastan con lo planteado previamente desde la Dirección de Presupuestos (Dipres). El subdirector de Racionalización y Función Pública, José Ignacio Llodrá, había señalado que el término generó confusión y que “quizás la palabra descontinuar es más bien reformular”.

El episodio deja en evidencia diferencias en la interpretación del mismo documento al interior del Gobierno, en medio de un debate que sigue escalando por el impacto que podría tener el ajuste fiscal en programas sociales y políticas públicas.