El senador por La Araucanía, Francisco Huenchumilla, realizó un crítico análisis de los anuncios efectuados por el Presidente José Antonio Kast durante su primera Cuenta Pública, especialmente en lo relacionado con las futuras modificaciones a la Ley Indígena y la política de tierras para el pueblo mapuche.

El parlamentario sostuvo que las señales entregadas por el Gobierno confirman advertencias que, según afirmó, había realizado durante la campaña presidencial. En ese contexto, llamó a los dirigentes y comunidades mapuche a reflexionar sobre el escenario político actual.

“El presidente anunció que va a modificar la Ley Indígena, que va a cambiar la política de compra de tierras, la política de arriendos y de hipotecas. Creo que la dirigencia mapuche y todo el mundo de las comunidades tienen que hacerse una autocrítica”, señaló.

Huenchumilla defendió la vigencia de la Ley Indígena y recordó que las restricciones existentes respecto de la venta, arriendo o hipoteca de tierras indígenas tienen un fundamento histórico. Según explicó, durante décadas numerosas familias mapuche fueron víctimas de abusos, engaños y mecanismos irregulares que terminaron reduciendo significativamente sus territorios.

“Hubo mucho abuso, mucho engaño, muchas corridas de cerco y documentos truchos mediante los cuales le iban quitando la tierra a mucha gente. Por eso la gente defiende tanto la Ley 19.253, dictada durante el gobierno del Presidente Patricio Aylwin”, afirmó.

El senador también emplazó a quienes respaldaron electoralmente al actual Mandatario. “Muchísima gente en La Araucanía votó por el señor Kast. Legítimamente. Pero uno tiene que medir las consecuencias. No se puede votar por alguien y después quejarse de que le están colocando la soga al cuello. Porque aquí van a venir cambios”, advirtió.

Pese a sus reparos, manifestó que espera que el Ejecutivo impulse un proceso de consulta indígena amplio y respetuoso antes de avanzar en modificaciones legales. “Espero que el Gobierno haga una consulta real, legítima, verdadera, dialogante y respetuosa para conocer de qué se trata este tema”, indicó.

Respecto de los anuncios presidenciales vinculados a vivienda, Huenchumilla aseguró que existen herramientas legales que han permitido durante años desarrollar soluciones habitacionales en comunidades indígenas, destacando especialmente la figura del Derecho Real de Uso contemplada en la legislación vigente.

Finalmente, el legislador cuestionó las referencias realizadas por el Presidente sobre la situación del turismo regional. Citando cifras entregadas por el gobernador regional René Saffirio, sostuvo que la llegada de turistas extranjeros a La Araucanía mostró un crecimiento importante durante el último año.

“Quiero decirle al Presidente que sus asesores tienen que darle las cifras correctas para hacer buena política pública”, concluyó.

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“Desde CONADI invitamos a conocer la historia del pueblo mapuche con documentos de más de 150 años de antigüedad, que se pueden revisar a través de un tour virtual en nuestro sitio web www.conadi.gob.cl”, señaló el Director Nacional de CONADI, Ignacio Malig Meza, en el marco de la conmemoración del Dia Nacional del Patrimonio Cultural.

Actualmente, el Archivo General de Asuntos Indígenas (AGAI) es reconocido como uno de los archivos indígenas más importantes de América, siendo calificado como Monumento Histórico Nacional en 2005, y reconocido en 2012 como parte del Programa Memoria del Mundo de UNESCO.

“Esta importante colección de documentos originales tienen relevancia histórica nacional, política, social y cultural, aportando información fidedigna acerca de la relación entre el pueblo mapuche y el Estado de Chile”, agregó el directivo.

Archivo Online

Actualmente se ejecutan las obras renovación de las instalaciones del Archivo Regional de La Araucanía, en calle Lautaro 1171 de Temuco, por lo que las oficinas de atención de público del AGAI fueron trasladadas al Edificio Prat (Arturo Prat 847, piso 7), en pleno centro de Temuco, y se fomenta la consulta online de los archivos en el sitio web de CONADI www.conadi.gob.cl

Aquí se puede acceder a documentos con más de 150 años de antigüedad, tales como los Títulos de Merced otorgados por la Comisión Radicadora para las comunidades indígenas mapuche entre 1884 y 1929, además de mapas, planos y sentencias judiciales, por lo que es consultado frecuentemente por académicos, investigadores de temáticas relacionadas con los pueblos indígenas de Chile.

Cabe mencionar que además de la atención presencial, también los usuarios del AGAI pueden realizar consultas por correo electrónico a svalenzuela@conadi.gov.cl y ccollipal@conadi.gov.cl, o a los teléfonos 45-2748337 y 45-2319273.

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La senadora por La Araucanía, Carmen Gloria Aravena, llamó al Presidente electo a asumir con decisión política las propuestas emanadas de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, advirtiendo que el actual sistema de restitución de tierras no ofrece una salida viable en plazos razonables.

Según los antecedentes técnicos recogidos por la instancia, si se mantiene el ritmo vigente de compra y restitución a través de la institucionalidad actual, el proceso podría tardar entre 80 y 160 años en completarse. Para la parlamentaria, esa proyección refleja la magnitud del desafío y la necesidad urgente de introducir cambios estructurales.

“No reconocer que el sistema actual podría demorar más de cien años en cumplir los compromisos ya adquiridos por el Estado implica, en la práctica, seguir aumentando la deuda histórica”, sostuvo Aravena. A su juicio, insistir en un modelo que proyecta soluciones a más de un siglo carece de viabilidad política, social y ética.

La senadora subrayó que el informe no solo diagnostica el problema, sino que propone una transformación institucional con financiamiento claro, criterios objetivos y un marco jurídico que permita avanzar con plazos acotados y sostenibilidad fiscal. En esa línea, enfatizó que el nuevo gobierno tiene la oportunidad de convertir ese diagnóstico en decisiones concretas.

Desde una perspectiva regional, Aravena advirtió que la paz social en La Araucanía no puede construirse sobre expectativas que se dilatan por generaciones. Señaló que la prolongación indefinida del proceso no solo afecta a las comunidades que esperan reparación, sino que también impacta la estabilidad económica, la inversión y la gobernabilidad del territorio.

Finalmente, emplazó al Ejecutivo entrante a analizar “en su mérito” las 21 medidas propuestas por la Comisión, con asesoría experta y viabilidad presupuestaria. “La Araucanía necesita certezas. Necesita un camino institucional que no proyecte el conflicto por un siglo más, sino que establezca plazos realistas y responsabilidad política”, afirmó.

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En el sector rural de Nueva Imperial se inauguró el nuevo Centro de Salud Intercultural Boroa Filulawen, proyecto de reposición y ampliación que se concreta tras más de dos décadas de trabajo conjunto entre comunidades, dirigentes, autoridades y equipos técnicos del sector salud.

La iniciativa se enmarca en la estrategia de fortalecimiento de la red asistencial rural e incorpora un modelo de atención con enfoque intercultural mapuche. El proyecto fue financiado por el Gobierno Regional de La Araucanía, con una inversión superior a los 9 mil millones de pesos.

Durante la ceremonia, el seremi de Salud de La Araucanía, Andrés Cuyul, señaló que “estamos viviendo un hito en el desarrollo de la salud pública y de las relaciones interculturales en la región. Este centro albergará tanto los programas sanitarios desde la biomedicina como el ejercicio de la salud intercultural que pervive en el territorio”. Agregó que como Ministerio de Salud “continuaremos apoyando la política de salud intercultural para fortalecer la calidad, pertinencia y oportunidad de atención en sectores rurales”.

La infraestructura contempla 1.949 metros cuadrados construidos en un terreno de una hectárea, donado por la familia Huircan Pichicón al Comité de Salud Intercultural Boroa Filulawen. El nuevo edificio se ubica a 300 metros del recinto anterior, lo que permite mantener la continuidad territorial del modelo de atención.

El centro beneficiará a aproximadamente 5 mil personas, mayoritariamente población mapuche, provenientes de sectores rurales de Freire, Teodoro Schmidt y Nueva Imperial, alcanzando a cerca de 100 comunidades del territorio.

En este contexto, el director (s) del Servicio de Salud Araucanía Sur, Emilio Ríos, indicó que la inauguración “culmina cerca de 25 años de trabajo impulsado por las comunidades, que buscaron implementar un modelo de salud acorde a las necesidades del territorio”. Añadió que hoy se concreta “un dispositivo sanitario que fortalece la red rural y mejora las condiciones de atención para la población”.

El establecimiento incorpora box ginecológico, box de urgencia, vacunatorio, box IRA y ERA, sala de rayos X dental, salas de espera y sala de educación grupal. Asimismo, incluye espacios diseñados bajo criterios de pertinencia cultural, como un salón tipo ruka, patio ceremonial y ramadas. El proyecto considera además la adecuación a Consultorio General Rural en el módulo de atención occidental y la ampliación de la Casa de la Medicina Mapuche, integrando un servicio de Amukon para la recuperación de pacientes.

El director del centro, Rolando Curiqueo, destacó que el nuevo recinto “permitirá entregar mayor capacidad resolutiva y responder a servicios que la comunidad esperaba, con una infraestructura acorde a las necesidades del sector rural y con un enfoque intercultural que se mantiene como eje central del modelo”.

La ceremonia de inauguración se desarrolló con la participación de autoridades regionales, representantes de comunidades y equipos de salud del territorio. Además, estuvieron presentes cerca de 40 comunidades mapuches que se reunieron en torno al misawün y al küme mongen, como expresión de encuentro y buen vivir en el contexto de este hito para la red asistencial rural.

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La policía informó este martes 17 de febrero la detención de uno de los presuntos responsables del homicidio del comunero mapuche Aníbal Quilaqueo, ocurrido en mayo de 2022 en la comuna de Temuco.

Según la investigación de la Fiscalía Regional de La Araucanía, el individuo —identificado como Sergio Enríquez Valenzuela, líder de la orgánica radical Weichán Auka Mapu (WAM)— fue capturado por personal policial tras una orden de detención que se mantenía vigente desde hace varios meses, en el marco de la causa que sigue por el delito de homicidio calificado.

La detención fue concretada por efectivos de Carabineros, quienes dieron cumplimiento a la orden judicial otorgada por el Juzgado de Garantía, en coordinación con la Fiscalía, ante los antecedentes recopilados durante la indagatoria.

El Ministerio Público informó que el detenido será formalizado por su presunta participación en el crimen de Quilaqueo, en un hecho que generó conmoción en la región y cuyas circunstancias aún continúan en investigación. Hasta ahora, se han reunido diversas evidencias que permitirán al tribunal evaluar los cargos y determinar las medidas cautelares que correspondan.

Representantes de la comunidad mapuche y organizaciones ligadas a la defensa de derechos humanos han seguido de cerca el proceso judicial, señalando la importancia de que se esclarezcan todas las responsabilidades, así como de que se garantice un debido proceso en la investigación.

Las diligencias continúan a cargo de la Fiscalía y las policías especializadas, quienes trabajarán en conjunto para reunir más antecedentes y presentar el caso ante el tribunal competente.

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En Timón de Atenas, Shakespeare retrata la tragedia de un noble cuya generosidad no conocía el cálculo ni la medida. Timón entregaba riquezas creyendo que el acto de dar era, por sí mismo, una virtud suficiente, desoyendo a su mayordomo que le advertía sobre el vacío de las arcas y la falta de registros. Hay algo de esa tragedia shakespeariana —esa mezcla de munificencia imprudente y ceguera administrativa— que parece haberse apoderado de la política de tierras en el sur de Chile.

El debate sobre la cuestión indígena suele deslizarse hacia los extremos de la violencia rural o la alta discusión constitucional, reduciendo el problema a una tensión entre seguridad y reconocimiento. Sin embargo, existe una cuestión elemental que casi nadie menciona: la ausencia de una racionalidad administrativa mínima en el Registro Público de Tierras Indígenas.

A más de treinta años de la entrada en vigencia de la Ley Indígena, el Estado de Chile padece una incapacidad casi ontológica para determinar el intrincado mundo de las comunidades y de las tierras que le son adjudicadas. Las comunidades nacen y mueren a la vida jurídica con una fluidez que desafía todo intento de control fiscal, generando un escenario donde resulta virtualmente imposible trazar la trayectoria de los beneficiarios.

Lo que debiera ser un sistema trazable se ha transformado en una caja negra. Hoy, la Conadi carece de las herramientas —o quizás de la voluntad política— para determinar si una persona o comunidad ha sido beneficiaria de entrega de tierras más de una vez. La falta de un sistema cruzado de información permite que la «reparación» se transforme, en ocasiones, en una suerte de lotería o, peor aún, en un esquema de captura de rentas.

La pregunta que surge es tan práctica como necesaria: ¿Qué ocurre con el patrimonio fiscal una vez que las comunidades, habiendo recibido la tierra, se disuelven? ¿Cómo se evita que los mismos individuos, reagrupados bajo nuevas personalidades jurídicas, vuelvan a solicitar el beneficio?

Al igual que en la obra de Shakespeare, donde la falta de contabilidad de Timón condujo a la ruina y al resentimiento, la falta de transparencia en la entrega de tierras no hace más que deslegitimar todo el proceso denominado “de restitución”. No se trata de desconocer la existencia de las obligaciones que el Estado haya adquirido a nivel nacional e internacional y de su pertinencia —que es harina de otro costal— sino de comprender que una “reparación” sin fiscalización, sin trazabilidad y sin un registro fidedigno, no es justicia; es simplemente despilfarro. Y como bien sabía Timón al final de sus días, dar sin pedir cuentas no crea lealtades, solo engendra el caos.

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El profesor y excandidato presidencial (2017, 2021 y 2025) Eduardo Artés Brichetti, secretario general del Partido Comunista Chileno (Acción Proletaria), visitó esta semana la localidad de Temucuicui, en la comuna de Ercilla, Región de La Araucanía, donde se reunió con comuneros mapuche y miembros de la comunidad para conversar sobre identidad cultural, desarrollo social y el reconocimiento de derechos ancestrales.

La jornada contempló un encuentro con integrantes de la comunidad nación Mapuche de Temucuicui, la comunidad Huenchullan y otras familias locales, ocasión en la que compartieron opiniones sobre la situación política y social del país, así como sobre desafíos y oportunidades en el plano comunitario.

Durante la actividad, Artés destacó experiencias de lucha por la recuperación de tierras, así como acciones encaminadas a fortalecer la identidad cultural y los proyectos económicos y sociales de la comunidad. Asimismo, expresó su respaldo a las demandas históricas de autodeterminación y reconocimiento de los derechos mapuche.

El excandidato agradeció el recibimiento de los comuneros y reafirmó la importancia de un trabajo conjunto para visibilizar y avanzar en estos temas, en contraste con el intento fallido que protagonizó otra autoridad nacional hace años.

Comparación con visita fallida de Siches

Casi cuatro años antes, el 15 de marzo de 2022, la entonces ministra del Interior, Izkia Siches, intentó realizar una visita a la comunidad de Temucuicui, la que terminó abruptamente cuando desconocidos efectuaron disparos al aire contra la comitiva ministerial mientras ingresaban a un sector rural, obligando a evacuar a la ministra y suspender la actividad.

Ese episodio fue ampliamente cubierto por medios nacionales, donde se consignó que los disparos se produjeron cuando la cápsula de seguridad entraba al sector Collico y que el incidente dejó en evidencia la complejidad del contexto de violencia en la Macrozona Sur.

La diferencia entre ambas visitas —una con diálogo e intercambio comunitario y otra con disparos que impidieron la actividad oficial— revela la variabilidad de respuestas locales y las complejidades de intentar establecer espacios de encuentro en territorios con históricos conflictos territoriales y sociales.

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Comunidades Mapuche-Lafkenche de la Región de Los Ríos denunciaron una obstrucción sistemática del Estado en el reconocimiento de su Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios (ECMPO) Wadalafken. A través de una declaración pública, la Asociación de Comunidades Lafkenche Wadalafken acusó a la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de rechazar en la práctica más del 97% de la superficie solicitada, pese a que el área fue previamente acreditada por CONADI como espacio de uso consuetudinario tras más de siete años de tramitación.La decisión más reciente de la CRUBC, conocida en enero de 2026, resolvió acoger solo parcialmente un recurso de reclamación, manteniendo el rechazo casi total de la solicitud para las comunas de Valdivia, Corral y La Unión. La Comisión fundamentó su fallo en informes sectoriales y criterios de “proporcionalidad espacial y funcional”, señalando que buscaba equilibrar el uso ancestral con “intereses públicos sectoriales estratégicos”, lo que derivó en un mosaico fragmentado de pequeñas áreas dispersas.El werken de la Asociación Wadalafken, Sergio Quinan, cuestionó la base técnica de la decisión: “El argumento que se usó para rechazar completamente el ECMPO fue la pesca artesanal… pero en la parte sur del ECMPO no existe esa pesca. Entonces, al final lo que hizo el equipo técnico… es presentar la propuesta a la CRUBC”. Añadió: “Si se hubiese empleado [ese argumento] en otros lugares no hubiera ECMPO porque en todas partes se pesca”.En una declaración pública fechada el 22 de enero de 2026, las comunidades detallaron que presentaron propuestas concretas al Gobierno Regional para garantizar la coexistencia con actividades como la seguridad marítima, el turismo y la pesca artesanal, incluso desafectando amplios sectores de su solicitud. “Sin embargo, el Gobierno Regional, a través de esta comisión… no consideró ninguno de nuestros planteamientos”, acusaron.Quinan también denunció la dinámica interna de la CRUBC: “La opinión del servicio de la pesca… impone sus términos dentro de las mesas técnicas de la CRUBC… Todas las discusiones que se realizan en la CRUBC giran en base a la ley de pesca. Entonces eso ya es desviar completamente la naturaleza de lo que se discute”. Según las comunidades, este enfoque margina el espíritu de la Ley Lafkenche, cuyos argumentos califican como “falsos, discriminatorios e incluso racistas”.El werken resumió la desilusión de las comunidades: “Nosotros ya perdimos toda credibilidad en estas instituciones… No hay argumentos basados en leyes… Son solamente opiniones. Opiniones que buscan negar nuestros derechos”. Y concluyó: “Pero acá no ha existido la voluntad de diálogo. Nosotros hemos buscado la voluntad de diálogo y no existe. No se quiere”. Las comunidades anunciaron que llevarán el caso hasta las últimas instancias, denunciando que la CRUBC ha abdicado de su mandato legal de armonizar intereses en el borde costero.

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Comunidades mapuche de Temuco, región de La Araucanía, señalaron públicamente que se sienten excluidas de la discusión sobre la modificación del Plan Regulador Comunal, un instrumento clave que definirá el futuro uso del suelo y la expansión urbana de la comuna.

Según denunció Danko Marimán, vocero del Trawun de Comunidades, representantes de 27 comunidades fueron parte de las conversaciones iniciales con autoridades municipales en marzo de 2025, pero quedaron fuera de las mesas de trabajo desde agosto pasado, sin que se respetaran acuerdos previos sobre su participación.

Los dirigentes mapuche también recordaron que en el área urbana de Temuco se han desafectado cerca de 2.000 hectáreas de tierras indígenas, con títulos y derechos ancestrales, situación que, a su juicio, no ha sido abordada de manera adecuada en el proceso de revisión normativa.

El Plan Regulador Comunal, cuyo proceso de modificación se extenderá hasta marzo de 2028, busca actualizar las normas de uso del suelo urbano y rural de Temuco, y está contemplado dentro de una serie de etapas de participación ciudadana.

La molestia de las comunidades se enmarca en reclamos más amplios sobre la falta de consultas y procedimientos interculturales que reconozcan y protejan efectivamente sus derechos territoriales, algo que diversos actores sociales y ambientales también han señalado como pendiente en este proceso de planificación urbanística.

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En el marco de la investigación por la muerte de la dirigenta mapuche Julia del Carmen Chuñil Catricura, ocurrida tras su desaparición en noviembre de 2024 en la comuna de Máfil, Región de Los Ríos, uno de los cuatro detenidos se declaró inocente ante el tribunal antes de ser formalizada por el delito de parricidio.

Jeannette Troncoso, hija de Chuñil, fue trasladada en una patrulla de Carabineros hasta el juzgado donde este miércoles enfrentará la audiencia de formalización de cargos junto a sus hermanos y el exyerno de la víctima.

En ese contexto, la mujer expresó textualmente: “soy inocente” al descender del móvil policial. Agregó, dirigiéndose desde el vehículo: “Que devuelvan a mi mamá, que devuelvan a mi mamá. ¿Dónde la tienen?” y también preguntó: “¿Por qué me están culpando?” desde el interior de la patrulla policial antes de ingresar al tribunal. 

Jeannette será formalizada junto a sus hermanos Pablo San Martín Chuñil y Javier Troncoso Chuñil, así como al exyerno de la víctima, Bermar Flavio Bastias Bastidas, quienes fueron detenidos en un operativo policial desplegado en domicilios de Máfil y Temuco durante la madrugada.

La Fiscalía les atribuye, en el caso de los hijos de la dirigenta, el delito de parricidio, y al exyerno el delito de homicidio calificado con la agravante de alevosía, además de robo con violencia e intimidación a un adulto mayor de 90 años, cargos que serán formalizados ante el tribunal competente.

La declaración de inocencia de Jeannette se da en medio de un caso que ha generado atención por la figura prominente de la víctima en su comunidad y por el giro investigativo que han tenido las pesquisas desde el hallazgo del cuerpo, tras meses de incógnitas y movilizaciones sociales. 

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