El presidente de Agricultores Unidos AG sostuvo que la propuesta estadounidense para gravar a países cuestionados por trabajo forzoso busca corregir distorsiones del mercado y emplazó a las autoridades chilenas a enfrentar lo que considera una competencia desigual para la agricultura nacional.

El presidente de la Asociación Gremial de Agricultores Unidos AG, Camilo Guzmán, respaldó la propuesta de Estados Unidos de aplicar un arancel de 12,5% a Chile y otros países cuestionados por no combatir de manera eficaz el trabajo forzoso, asegurando que la medida apunta a corregir ventajas artificiales que distorsionan la competencia internacional.

Según explicó, los productos elaborados bajo condiciones laborales precarias o con menores exigencias regulatorias logran costos que terminan afectando a quienes sí cumplen estándares laborales, ambientales y sanitarios más estrictos. “Un producto hecho con trabajo forzoso no compite en igualdad con uno hecho con trabajo pagado y protegido. El que no le paga a su gente produce más barato, y esa diferencia no es eficiencia: es una ventaja artificial”, afirmó.

Guzmán sostuvo que el principio detrás de la propuesta estadounidense no constituye una barrera al comercio, sino un mecanismo para restablecer condiciones equitativas entre productores. “El arancel no castiga el comercio; neutraliza esa ventaja y devuelve la competencia a un terreno parejo”, señaló.

El dirigente gremial planteó que el mismo razonamiento debería aplicarse en Chile respecto de productos importados que, a su juicio, ingresan al país beneficiados por subsidios estatales, exigencias ambientales menos estrictas o condiciones laborales que reducen artificialmente sus costos de producción.

Entre los ejemplos mencionó el azúcar proveniente de Guatemala, el azúcar de caña de Brasil y las importaciones de carne brasileña, asegurando que los agricultores nacionales enfrentan una competencia que no responde exclusivamente a diferencias de productividad. “Lo único que distingue una economía es si la cancha está pareja o inclinada. La nuestra lleva cuarenta años inclinada”, sostuvo.

Guzmán también cuestionó la escasa utilización de la Comisión Nacional de Distorsiones de Precios, organismo creado para investigar situaciones que puedan afectar la libre competencia y proponer medidas correctivas cuando corresponda. “La herramienta existe desde 1986 y prácticamente no la hemos usado. Mientras junta polvo, las cadenas productivas se desmantelan y los productores desaparecen”, advirtió.

El presidente de Agricultores Unidos AG afirmó que las consecuencias ya son visibles en diversos sectores agrícolas y citó como ejemplo la situación de la remolacha azucarera, actividad que enfrenta una importante reducción de superficie cultivada y de productores activos.

Finalmente, emplazó a las autoridades a abrir una discusión sobre las distorsiones que afectan a la producción nacional y rechazó que cualquier medida correctiva sea interpretada como una amenaza al libre mercado. “Defender al productor de una distorsión no atenta contra el libre mercado; es precisamente lo que hace posible que exista una competencia real”, concluyó.