Según Radio Bío Bío, la iniciativa extiende el plazo actualmente establecido para acogerse al procedimiento excepcional desde el 31 de diciembre de 2027 hasta el 31 de diciembre de 2029, siempre que las edificaciones hayan sido construidas antes del 28 de noviembre de 2025.

El proyecto establece que podrán acceder al mecanismo viviendas con una superficie máxima de 120 metros cuadrados y cuyo avalúo fiscal no supere las 2.000 UF, equivalentes actualmente a cerca de $82 millones.

Menos exigencias y trámites más rápidos

Uno de los principales cambios contempla flexibilizar determinadas exigencias urbanísticas cuando estas constituyan un obstáculo para completar la regularización.

Además, se propone disminuir de 90 a 60 días el plazo de tramitación, buscando acelerar el proceso para propietarios que mantienen construcciones o ampliaciones pendientes de regularización.

La iniciativa aborda un problema que afecta especialmente a familias que realizaron modificaciones o ampliaciones en sus viviendas sin completar posteriormente los trámites municipales.

Durante la discusión parlamentaria se planteó, además, que contar con una vivienda regularizada puede ser determinante para acceder a programas públicos de mejoramiento habitacional. El informe de la Comisión de Vivienda señala que actualmente existen familias que quedan fuera de estos beneficios precisamente porque sus propiedades no están regularizadas.

Ayuda para familias vulnerables

El proyecto incorpora también la creación de Equipos Comunales de Regularización de Viviendas, destinados a prestar asistencia a hogares pertenecientes al 60% más vulnerable del Registro Social de Hogares.

El presidente de la Comisión de Vivienda de la Cámara, Juan Carlos Beltrán, destacó que la modificación permitiría a miles de familias regularizar sus construcciones y, posteriormente, acceder a beneficios estatales.

Durante la discusión también se puso énfasis en las ampliaciones realizadas durante la pandemia. El diputado Javier Muñoz sostuvo que numerosas familias utilizaron recursos provenientes de los retiros previsionales para mejorar sus viviendas y que, por distintas razones, todavía no han conseguido regularizar esas obras.

La denominada “Ley del Mono” está orientada a regularizar las edificaciones existentes dentro de una propiedad y no a sanear problemas relacionados con el título de dominio del terreno, materia que corresponde a procedimientos legales diferentes.

Tras su aprobación en la Cámara, la iniciativa todavía debe completar su tramitación legislativa antes de convertirse en ley, por lo que la extensión hasta 2029 aún no se encuentra vigente.

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Según el documento conocido hasta ahora, las restricciones podrían aplicarse durante el cumplimiento de la condena y extenderse por 15 años posteriores, incluyendo determinadas prestaciones vinculadas a derechos sociales. El Gobierno todavía debe presentar oficialmente el detalle definitivo del proyecto.

El presidente de la UDI, diputado Guillermo Ramírez, manifestó que su bancada no respaldaría la iniciativa en sus condiciones actuales, argumentando reparos institucionales. Otros parlamentarios oficialistas y de sectores cercanos al Ejecutivo también han planteado dudas.

El borrador considera además restricciones a beneficios penitenciarios y modificaciones destinadas a ampliar la participación de las Fuerzas Armadas en situaciones especiales relacionadas con seguridad interior.

Al tratarse de reformas constitucionales, el Gobierno necesitará alcanzar el quorum correspondiente en el Congreso, escenario que podría complicarse si las diferencias dentro de las derechas se mantienen.

Fuente: elpais.com/cl

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Según informó Unidad para Avanzar Araucanía a través de sus redes sociales, López-Videla resultó electa para encabezar la dirección regional del partido para el período 2026-2028, luego del proceso de votación realizado durante este sábado 15 y domingo 16 de agosto.

López-Videla encabezó precisamente la lista Unidad para Avanzar, que presentó candidaturas para los diferentes cargos de la directiva regional. El proceso se efectuó mediante votación electrónica y estuvo dirigido a la militancia habilitada del Frente Amplio.

La nueva presidenta regional cuenta con experiencia en la administración pública y durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric se desempeñó como seremi de Gobierno de La Araucanía, cargo desde el cual ejerció como una de las principales voceras políticas del Ejecutivo en la región.

Durante el proceso previo a las elecciones internas, López-Videla planteó entre sus objetivos fortalecer la presencia territorial del Frente Amplio, aumentar el vínculo con la militancia y las comunas y avanzar en una mayor articulación de los sectores progresistas y de izquierda de La Araucanía.

La elección abre ahora una nueva etapa para el Frente Amplio regional, que deberá reorganizar su despliegue político desde la oposición y definir sus prioridades territoriales bajo la conducción de la nueva directiva.

El proceso desarrollado durante el fin de semana formó parte de las elecciones internas mediante las cuales el Frente Amplio renovó simultáneamente sus estructuras nacionales, regionales y comunales, además de otras instancias partidarias.

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Al respecto, el parlamentario explicó que entre la normativa vigente en la materia “está la Ley Zamudio N° 20.609, y las modificaciones que de ella derivaron en el Artículo 12 Nº21 del Código Penal, según las cuales un Tribunal evalúa si un delito (homicidio, lesiones, secuestro) fue cometido, o se participó de él con motivaciones ideológicas, de opinión política, religión o creencias, nación, raza, etnia o grupo social, sexo, orientación sexual, identidad de género, edad, filiación, apariencia personal, enfermedad o discapacidad”, adelantó el legislador.

“Esos son grandes avances, pero todavía insuficientes para las exigencias actuales (…) la Ley Zamudio sanciona los actos de discriminación con multa máxima de 50 UTM, pero no existen tipos penales autónomos ni para la incitación pública al odio, ni para actos o atentados graves contra la dignidad e igualdad –como sería, por ejemplo, la injuria racial– lo que hace menos eficaz el combate de la discriminación y la violencia”, subrayó.

Experiencia internacional: derecho comparado

Para fundar la iniciativa, el legislador por La Araucanía examinó en extenso la tendencia de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde la tipificación de este delito suele ser autónoma.

“Si miramos el derecho comparado, países como Alemania, España, Reino Unido, Canadá, Colombia o México contemplan catálogos específicos donde el bien jurídico protegido es el honor individual, la dignidad humana y la igualdad como un valor constitucional orientado a preservar la paz social”, profundizó el senador.

El congresista, por ejemplo, citó como referente el artículo 130 del Código Penal alemán, o el 510 del ordenamiento español, figuras que sancionan con penas de cárcel no solo la incitación directa al odio o la violencia, sino también la producción y difusión de material discriminatorio y el negacionismo agravado de genocidios o crímenes de lesa humanidad.

“En Chile, es evidente que existe un “bien jurídico” a reforzar.En la actualidad, nuestro ordenamiento tipifica los delitos de injurias y amenazas, cuyo bien jurídico a proteger es el honor o la integridad de la persona; pero que en la práctica resultan totalmente genéricos para salvaguardar la igualdad en su dimensión colectiva: de los pueblos originarios, de los inmigrantes, de las diversidades sexuales, etcétera. Pero en el mundo es todo lo contrario: la tendencia es tipificar, en acápite específico, las conductas contra la dignidad y la igualdad”, subrayó el legislador.

Proyecto y desafío

En concreto, el proyecto presentado por el senador busca incorporar un nuevo párrafo al Código Penal denominado “De los delitos de atentados graves contra la dignidad y la igualdad e incitación pública al odio”.

“El nuevo tipo penal, entonces, sancionará: Las expresiones públicas gravemente humillantes, denigrantes o vejatorias contra un grupo determinado, o contra una persona por su pertenencia a él, con fundamento en motivos discriminatorios; la incitación pública al odio, la hostilidad, la discriminación o la violencia por dichos motivos; el negacionismo agravado de genocidios, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra; y la producción o difusión de material sobre ello”, explicó.

Sobre las penas, el senador detalló que “en el caso de expresiones públicas graves, se plantea presidio menor en grado mínimo a medio más multa; en el caso de la incitación al odio, o negacionismo agravado, se propone presidio menor en grado medio a máximo, más multa”.

El parlamentario, sin embargo, se mostró consciente del desafío político. “Esta iniciativa despertará un debate agudo, exigente y posiblemente intenso en el Congreso, por ejemplo, al abordar el negacionismo de crímenes de lesa humanidad en función de nuestro pasado reciente; o por ejemplo, en la controversia sobre los cargos por incitación al odio que enfrenta un ciudadano chileno, por ofender a pasajeros y tripulación en un vuelo a Brasil”, reconoció.

“Es el momento de que, como sociedad entera, encaremos una conversación tan necesaria. Son tiempos de profunda polarización en la política y el debate público, donde los límites de lo que hasta ahora considerábamos tolerable son presionados día tras día. La aprobación de un proyecto de esta naturaleza nos pondría a la par con la sensatez y la civilidad de las democracias que tomamos como referente en el mundo, y sería una herramienta más para cuidar la paz social”, concluyó.

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El pleno del TC resolvió este jueves acoger parcialmente los requerimientos presentados por parlamentarios de oposición, declarando inconstitucionales distintas disposiciones del proyecto de Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social.

No es una derrota completa para el Ejecutivo. Tampoco una victoria total para sus adversarios. Pero políticamente el resultado entrega a la oposición algo que hasta ahora había tenido dificultades para conseguir en el Congreso: demostrar que una parte de sus cuestionamientos contra la megarreforma tenía sustento suficiente para superar el examen constitucional.

El alcance del pronunciamiento no es menor. Entre las disposiciones afectadas están materias relacionadas con las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA), beneficios asociados a inversiones, reclamaciones ambientales y relocalización de concesiones acuícolas. En las restantes normas cuestionadas, sin embargo, el TC rechazó los requerimientos.

Entre las disposiciones cuestionadas se encuentran normas relacionadas con compensaciones por la anulación judicial de Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA), invariabilidad tributaria, reclamaciones ambientales y relocalización de concesiones acuícolas.

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La polémica surgió a raíz de una actividad realizada el 23 de abril, que había sido informada a Contraloría como una reunión de trabajo. Sin embargo, posteriormente se conocieron registros que mostraban que la jornada también incluyó un asado y karaoke.

La situación generó cuestionamientos respecto del uso de recursos públicos y terminó con la salida de Duco, cuya renuncia fue aceptada por el mandatario.

Junto con la ministra también dejó su cargo el subsecretario del Deporte, Andrés Otero, en medio de la misma controversia.

Duco, exatleta olímpica especializada en lanzamiento de la bala, abandona así el gabinete después de poco más de cinco meses como titular del Ministerio del Deporte.

Fuente: El País Chile.

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Con la decisión de la Cámara Alta serán eliminadas de la iniciativa tres disposiciones que habían sido incorporadas durante su tramitación: la prohibición del anatocismo, conocido como el cobro de intereses sobre intereses; el denominado “derecho al olvido financiero”; y las normas destinadas a garantizar el pago a 30 días para las pequeñas y medianas empresas.

La votación cierra la discusión parlamentaria luego de que la Cámara de Diputados también aprobara, durante la jornada del lunes, las tres observaciones presentadas por el Ejecutivo.

Senado respaldó los tres vetos

Las votaciones tuvieron resultados diferentes dependiendo de cada disposición.

El veto destinado a eliminar la prohibición del anatocismo fue aprobado por 24 votos a favor, 18 en contra y una abstención.

La supresión del denominado “derecho al olvido financiero”, en tanto, consiguió 23 votos favorables, 15 en contra y dos abstenciones.

Más estrecha fue la definición respecto de las disposiciones relacionadas con el pago a 30 días para las pymes. En una segunda votación, el veto del Ejecutivo consiguió 20 votos a favor, 17 en contra y cuatro abstenciones.

De esta manera, las tres normas quedarán fuera del texto definitivo de la megarreforma.

Oficialismo defiende decisión y oposición cuestiona los vetos

La discusión volvió a enfrentar al oficialismo y la oposición respecto de los efectos que podrían haber generado las disposiciones eliminadas.

El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Javier Macaya (UDI), defendió los vetos señalando que la discusión debía considerar no solamente los objetivos perseguidos por las normas, sino también sus eventuales consecuencias.

“Estas tres normas tienen algo en común: suenan bien, pero pueden terminar perjudicando precisamente a quienes se pretende proteger”, sostuvo el parlamentario.

Desde la oposición, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, rechazó las observaciones del Ejecutivo y cuestionó particularmente la utilización del veto supresivo.

La senadora calificó el mecanismo como “antidemocrático”, argumentando que termina modificando decisiones que previamente habían sido adoptadas por el Congreso.

Hacienda valora aprobación

Una vez terminada la votación, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, valoró el respaldo obtenido por el Ejecutivo y destacó que algunos de los votos favorables y abstenciones trascendieron al oficialismo.

A juicio del secretario de Estado, durante la discusión existió una reflexión más profunda respecto de los posibles efectos de las disposiciones que finalmente fueron eliminadas.

Quiroz abordó especialmente la situación del pago a 30 días para las pequeñas y medianas empresas y reconoció que se trata de una problemática que deberá continuar siendo discutida.

“La ley que existe no está funcionando plenamente”, afirmó el ministro, quien planteó la necesidad de volver a analizar el mecanismo para buscar una solución efectiva para las pymes.

El titular de Hacienda calificó finalmente la resolución como un “resultado muy maduro del Congreso”.

Con la aprobación de los vetos tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, la megarreforma concluye su tramitación parlamentaria sin las normas relativas al anatocismo, el olvido financiero y el pago a 30 días para las pymes.

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La nueva etapa de trabajo para el diseño de esta política fue lanzada la semana pasada por el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Osvaldo Urrutia, como hito más reciente de un camino que comenzó en el segundo gobierno de Sebastián Piñera.

El trabajo ha reunido –hasta ahora– los aportes y demandas de organizaciones del rubro de la pesca artesanal –incluyendo la participación y aportes de la Corporación Nacional de Mujeres de la Pesca Artesanal– con miras a diseñar un marco que fortalezca la protección social, el acceso a salud, la prevención de accidentes o la seguridad económica de quienes trabajan en dicho mundo.

En una declaración pública, sin embargo, la agrupación de mujeres afirmó que ahora fueron “invisibilizadas en este anuncio, que culmina un trabajo (…) del cual participamos a través de mesas de diálogo con propuestas”, plantean.

Impresiones del legislador

El senador explicó que su equipo conversó y se entrevistó con Rita Espinoza, secretaria de la Mesa de Mujeres de la Pesca Artesanal y Actividades Conexas en La Araucanía, “quien nos explicó el porqué del malestar de su agrupación”, señaló.

“Este grupo de mujeres resiente que las restaran de un proceso de trabajo que sigue operando, a pesar del notable aporte que ellas han realizado en logros emblemáticos como la Ley 21.370, que reconoce que las mujeres deben estar presentes en los espacios de participación de las caletas en todo el país”.

El senador explicó que “para la formulación de esta futura nueva ‘Red de Seguridad y Bienestar Social’, estas mujeres ahora no fueron convocadas, pese a representar un universo importante de trabajadoras de las llamadas actividades “conexas” a la pesca artesanal en Chile, como son las amarradoras de algas, las fileteadoras, acuicultoras, recolectoras de orilla o asistentes de buzo, entre otras. Todas categorías que incorpora y reconoce la propia Ley 21.370”.

Junto a lo anterior, las mujeres recalcaron al legislador que hasta ahora ellas habían sido “parte de los procesos, participando de las mesas, con espacio para aportar y entregando minutas de aporte”.

“Sesgo”

Según Huenchumilla, la agrupación de mujeres “reclama que esta nueva instancia de trabajo, el actual Gobierno la echa a andar sólo con agrupaciones que le son ideológicamente afines. Afirman que en realidad no corresponden a agrupaciones de pesca artesanal, y que además, se trata de las mismas organizaciones que estuvieron involucradas en la preparación de la denominada Ley Longueira”, abunda el senador.

Según indicó la asociación al parlamentario, las agrupaciones que fueron convocadas por el Gobierno “en el fondo tendrían vínculos con la industria salmonera, o se dedican en realidad a rubros como el pelágico, que es muy diferente a la pesca artesanal y sus prácticas, nos explican”.

“En cambio, y según el testimonio de Rita Espinoza, el subsecretario les ha dicho que ellas no son representativas de la pesca artesanal en el país”, abundó el congresista.

Por todo lo anterior, el legislador por La Araucanía recoge “la preocupación de esta importante agrupación de mujeres, quienes temen haber sido alejadas definitivamente de los espacios democráticos para el diseño de estas políticas públicas. Desde luego, temen que estos beneficios no lleguen a su realidad diaria, a pesar de estar ellas entre quienes más los necesitan”, advirtió.

“Es por este motivo que he decidido oficiar al subsecretario de Pesca y Acuicultura, Osvaldo Urrutia, para que explique los motivos de excluir de la mesa de trabajo a una asociación que representa a 10 mil mujeres de la pesca artesanal a nivel nacional, así como qué medidas serán tomadas para subsanar esta situación”, concluyó el parlamentario.

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Verónica Lopez-Videla, periodista y comunicadora social de amplia trayectoria y experiencia tanto en medios de comunicación como en el sector público, es hoy la carta a la Presidencia del Frente Amplio en La Araucanía de la lista Unidad para Avanzar; luego de haber acompañado al Presidente Gabriel Boric durante los 4 años de mandato como su vocera en la región.

Verónica, ¿cuál es la motivación principal que tienes para convertirte en la próxima presidenta regional del partido?

Mi motivación central es consolidar una gestión que marque una verdadera fuerza de oposición en la región frente a los abusos que está cometiendo el actual gobierno con la complicidad del parlamento. Queremos ser una voz firme ante las políticas que están dañando a la clase trabajadora y a las familias más vulnerables de Chile y sobre todo de nuestra región de La Araucanía.

Con respecto a la lista que te acompaña en esta candidatura, ¿cómo se engranan e integran las distintas visiones de las personas que la componen?

Se engranan de manera natural porque cada una de las personas que se ha puesto a disposición de este trabajo colectivo lo hace desde una profunda convicción en el proyecto político del Frente Amplio. Nos une la certeza de que el Estado es lo más cercano que tienen las personas, sobre todo en La Araucanía, para alcanzar un mejor vivir y acceder a una condición de bienestar duradera.

Tu paso por la Segegob en la región fue una etapa muy visible de tu trayectoria política. ¿De qué manera tu experiencia como Seremi de Gobierno del presidente Gabriel Boric nutre esta candidatura y la propuesta que tienen para el partido?

Esa experiencia para mí fue de un valor inconmensurable, principalmente porque me permitió recorrer la región completa, constatando en terreno la realidad de una de las regiones con más necesidades de todo tipo en el país. Estoy convencida de que las voces del territorio deben ser escuchadas con atención para defender las políticas públicas que van en beneficio de la gente. Además, considero que es una gran ventaja y a la vez una enorme oportunidad es la cercanía alcanzada tanto con las personas como con la militancia del Frente Amplio. Esto nos abre la posibilidad de conducir un partido que se identifique plenamente con la ciudadanía y luche con fuerza por defender los derechos y los avances sociales que tanto nos ha costado alcanzar después de la dictadura.

¿Cómo evalúas la forma en que se han organizado las fuerzas progresistas y de izquierda en La Araucanía, y de qué manera el Frente Amplio debe instalarse en este escenario regional?

El Frente Amplio tiene el deber ineludible de encabezar y liderar al progresismo, a las fuerzas socialistas de izquierda en nuestra región. La Araucanía ha sido abusada e invisibilizada durante años por la ideología de la derecha, que se ha aprovechado de la credulidad de las personas que confiaron en ellos y les entregaron su voto. Lamentablemente, esas mismas personas están siendo hoy las más perjudicadas, en especial por las determinaciones que toma el Parlamento en respuesta a las propuestas del Poder Ejecutivo, como la aprobación de la mega reforma que beneficia únicamente a los más ricos y poderosos de Chile, en directo desmedro de quienes menos tienen y más necesitan de la protección del Estado.

Finalmente, ¿qué mensaje o llamado le harías a la militancia del Frente Amplio para que se decida a respaldar tu candidatura y votar por ti en las próximas elecciones internas?

A la militancia le diría que nos encontramos en un momento decisivo para el futuro de Chile, de nuestra sociedad. Les convoco a sumarse con convicción a este proyecto colectivo, porque necesitamos una militancia activa, movilizada y unida para construir un partido fuerte, descentralizado y con capacidad de incidencia real. Votar por nuestra lista es apostar por una conducción regional que escucha a sus bases, que conoce el territorio comuna por comuna y que no va a dudar en ponerse al frente de las luchas sociales para defender el bienestar de nuestra gente y los principios que dieron origen a nuestro proyecto político. Ese es el liderazgo que proponemos.

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La controversia se originó luego de que el Ejecutivo resolviera echar pie atrás a las concesiones destinadas a desarrollar nuevos corredores de transporte público en las rutas 160, entre San Pedro de la Paz y Coronel; 150, entre Concepción y Penco; y la Autopista Concepción-Talcahuano. Las obras pasarán ahora a ejecutarse directamente mediante recursos del Ministerio de Obras Públicas y su Dirección de Vialidad.

De acuerdo a Radio Bío Bío, la decisión fue recogida por el periódico económico español Expansión, que advirtió sobre la preocupación generada entre grandes compañías de infraestructura de ese país con operaciones e intereses en Chile.

El medio sostuvo que el cambio adoptado por la administración Kast habría encendido las alarmas en el sector y recogió críticas de fuentes financieras que cuestionaron el efecto que decisiones de esta naturaleza podrían generar sobre la seguridad jurídica y el atractivo de Chile para futuros inversionistas.

Una de las fuentes citadas por Expansión sostuvo que “Chile opta por asustar a los inversores”, contrastando el escenario chileno con las señales hacia la inversión privada que, a juicio de esa fuente, estarían mostrando otros países latinoamericanos.

Empresa advierte retrasos

La española Azvi, involucrada en los contratos afectados, también cuestionó las consecuencias que tendría el cambio.

Según antecedentes recogidos por BioBioChile desde un informe de la compañía, bajo el esquema originalmente previsto las obras estarían terminadas y operativas hacia fines de 2031.

La empresa estima que el nuevo escenario podría generar un retraso de cuatro años, trasladando la puesta en funcionamiento hasta 2035. Además, sostiene que el Estado deberá asumir directamente eventuales sobrecostos vinculados con desvíos de servicios públicos, interferencias, hallazgos arqueológicos y gestión social de las obras.

Gobierno apunta a restricciones fiscales

Desde el Ejecutivo, en cambio, la determinación ha sido defendida sobre la base de la situación fiscal del país y los compromisos financieros de largo plazo que implicaban las concesiones.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, habría advertido al Ministerio de Obras Públicas que mantener proyectos que generan compromisos fiscales durante varios años introduciría presiones adicionales sobre el gasto público que, bajo las condiciones actuales, no serían posibles de absorber.

La controversia adquiere una dimensión adicional debido al peso que mantienen las compañías españolas en el sistema de concesiones chileno. Empresas como Sacyr, Azvi, Abertis, Acciona, Sanjosé y Globalvia han participado en diferentes proyectos de infraestructura en el país.

El debate se instala además en momentos en que el Gobierno busca proyectar señales destinadas a aumentar la inversión privada y recuperar el crecimiento económico. Este domingo, el propio presidente Kast afirmó que desde el inicio de su administración existe un mayor grado de confianza de los inversionistas en Chile.

La discusión sobre las obras del Gran Concepción abre así un flanco para esa estrategia: mientras el Ejecutivo justifica el cambio por razones fiscales, desde España comienzan a surgir cuestionamientos respecto de los efectos que modificaciones en proyectos ya encaminados podrían tener sobre las futuras decisiones de inversión.

Fuente: BioBioChile, a partir de antecedentes publicados por el periódico económico español Expansión y declaraciones del Gobierno.

Foto: Contexto

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