El combate al narcotráfico y al crimen organizado sigue posicionándose como una de las principales preocupaciones de los chilenos. Así lo refleja una reciente encuesta, que mostró un amplio respaldo ciudadano a fortalecer las herramientas de investigación financiera para enfrentar estas organizaciones.

Según el estudio, un 74% de los consultados considera que el Estado debe tener acceso más rápido a información bancaria sospechosa cuando existan antecedentes vinculados a narcotráfico o crimen organizado. Al mismo tiempo, un 94% estima que esta facultad debe ir acompañada de sanciones penales para los funcionarios que hagan un uso indebido de la información, mientras que un 56% apoya que el Congreso fiscalice la utilización de estas atribuciones.

La percepción de gravedad del fenómeno es prácticamente transversal. Un 97% de los encuestados considera que el narcotráfico y el crimen organizado representan un problema muy grave para Chile, un 95% cree que la situación ha empeorado durante los últimos cinco años y un 61% estima que continuará creciendo durante el próximo lustro.

Respecto de las causas del avance de estas organizaciones, un 57% apunta a la debilidad del sistema judicial, un 38% a la corrupción en las instituciones y un 36% a la inmigración irregular. Además, un 81% considera que las bandas criminales han logrado penetrar distintas estructuras del país, incluyendo Gendarmería, puertos, aduanas e incluso instituciones financieras.

La encuesta también abordó los niveles de confianza en las entidades encargadas de enfrentar este fenómeno. La Policía de Investigaciones aparece como la institución mejor evaluada, con un 79% de confianza, seguida por Carabineros con un 67% y las Fuerzas Armadas con un 62%. Más atrás se ubican el Gobierno, la Fiscalía y los municipios.

En cuanto a la percepción ciudadana sobre la seguridad en las calles, un 28% considera que existe un vacío de control por parte de las autoridades, mientras que un 27% cree que determinados espacios ya están bajo influencia de organizaciones criminales. Entre ellas, el Tren de Aragua aparece como la banda más conocida y la que genera mayor temor entre los encuestados.

Por otra parte, el sondeo mostró que la aprobación del Presidente José Kast alcanzó un 41% durante la segunda semana de junio, mientras que su desaprobación llegó al 53%. Asimismo, un 54% de los consultados manifestó estar de acuerdo con la acusación constitucional presentada contra el exministro Nicolás Grau.

Revisa los resultados completos:

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Sebastián Izquierdo volvió a la escena pública con un duro mensaje difundido a través de redes sociales, donde lanzó críticas contra diversas figuras y espacios asociados a la derecha chilena, asegurando incluso que siente “vergüenza” de identificarse con ese sector político.

Asimismo, manifestó reparos por reuniones sostenidas entre figuras de la derecha chilena y Peter Thiel, señalando que, a su juicio, no se ha transparentado adecuadamente el contenido ni los objetivos de esos encuentros.

En la parte final de su intervención, Izquierdo sostuvo que la derecha chilena ha experimentado una transformación con la que ya no se siente identificado, afirmando que actualmente observa con distancia muchas de las posturas promovidas por quienes hoy lideran ese sector político.

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El exministro de Hacienda, Andrés Velasco, lanzó duras críticas al megaproyecto de Reconstrucción Nacional impulsado por el Gobierno del presidente José Kast y liderado por el actual ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, cuestionando especialmente sus efectos sobre las finanzas públicas.

Las declaraciones fueron realizadas durante la presentación del libro “La montaña rusa. Crónica de una crisis y cómo se superó”, escrito por el exministro de Hacienda y expresidente del Banco Central, Mario Marcel, donde se analizan los efectos de la crisis social de 2019 y la pandemia en la economía chilena.

En su intervención, Velasco destacó el trabajo desarrollado por Marcel durante distintos períodos, aunque también manifestó diferencias respecto de algunas interpretaciones contenidas en la publicación. Sin embargo, fue en la parte final de su discurso donde apuntó directamente al principal proyecto económico impulsado por la actual administración.

El economista sostuvo que el principal problema fiscal de Chile no está relacionado con el gasto público, sino con la capacidad de generar ingresos permanentes para financiar las obligaciones del Estado. “Me parece a mí que una rebaja tributaria como la que el Parlamento hoy discute, sin compensación alguna, no hará otra cosa que agravar los problemas de ingresos que el Fisco chileno ya tiene”, afirmó.

Velasco argumentó además que una de las bases de la estabilidad fiscal construida desde el retorno a la democracia ha sido la existencia de mecanismos de compensación para cualquier aumento de gasto o disminución de impuestos. En esa línea, cuestionó que la iniciativa actualmente en discusión se aparte de ese criterio.

“Si hay algo que la cultura fiscal chilena consolidó desde la llegada de la democracia es un principio muy sencillo: usted quiere gastar más, dígame cómo lo va a financiar; usted quiere bajar un impuesto, dígame qué otro impuesto va a subir. Esta es la primera reforma ambiciosa que se ha mandado al Congreso que viola esa lógica esencial”, sostuvo.

Finalmente, el exministro hizo un llamado tanto al Gobierno como al Senado a buscar mecanismos de compensación que permitan mantener el equilibrio fiscal y resguardar la sostenibilidad financiera del Estado en el largo plazo.

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La Contraloría General de la República rechazó el reglamento elaborado por el Ministerio de Transportes para implementar la denominada Ley de Empresas de Aplicación de Transporte, más conocida como “Ley Uber”, generando un importante revés para la cartera encabezada por el ministro Louis de Grange.

A través de un oficio, el organismo liderado por Dorothy Pérez determinó que el texto presentado por el Ejecutivo contiene deficiencias relevantes, entre ellas la falta de fundamentos técnicos, jurídicos y fácticos que justifiquen la eliminación o flexibilización de requisitos exigidos a los vehículos que prestan servicios de transporte de pasajeros.

Entre los puntos observados por Contraloría figura la decisión de reducir o eliminar exigencias relacionadas con la antigüedad máxima de operación de los vehículos, la antigüedad mínima para su inscripción y la cilindrada requerida para prestar servicios de transporte mediante aplicaciones.

Según el ente fiscalizador, dichas modificaciones disminuyen estándares previamente establecidos sin que exista una justificación técnica suficiente que respalde el cambio regulatorio. Además, cuestionó que las medidas no hayan sido sometidas a un proceso de consulta pública previo.

La propuesta impulsada por el Ministerio de Transportes buscaba flexibilizar las condiciones establecidas en versiones anteriores del reglamento, argumentando que las exigencias vigentes podrían afectar el empleo y generar barreras de entrada para conductores de plataformas digitales.

Sin embargo, Contraloría sostuvo que una rebaja de requisitos que impacta directamente la calidad y seguridad de los servicios que reciben los usuarios debe estar respaldada por antecedentes sólidos. El organismo recordó además que la legislación vigente exige que los actos administrativos cuenten con fundamentos suficientes para evitar decisiones arbitrarias o eventuales desviaciones de poder.

El rechazo obliga ahora al Ministerio de Transportes a revisar el reglamento, corregir las observaciones formuladas y presentar una nueva propuesta si pretende avanzar en la implementación definitiva de la normativa que regula a plataformas como Uber, DiDi, Cabify e InDrive.

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La Comisión de Personas Mayores y Discapacidad de la Cámara de Diputadas y Diputados acordó enviar al Ejecutivo un proyecto de resolución destinado a promover el financiamiento estatal de prótesis deportivas de alto rendimiento para deportistas paralímpicos.

La propuesta, impulsada por el diputado Cristián Neira, solicita evaluar la creación de un programa permanente de financiamiento para este tipo de implementos, así como su incorporación dentro de las ayudas técnicas financiadas por el Estado para deportistas de alto rendimiento reconocidos por el Comité Paralímpico de Chile.

Asimismo, la iniciativa plantea establecer mecanismos de reposición y mantención periódica acordes al desgaste propio de la actividad deportiva, garantizando que los deportistas puedan contar con equipamiento adecuado para entrenar y competir.

“Muchos deportistas paralímpicos enfrentan importantes dificultades económicas para acceder a prótesis deportivas de alto rendimiento, cuyo costo puede ser muy elevado. Como Estado debemos avanzar en soluciones concretas que les permitan desarrollar plenamente su carrera deportiva y representar a Chile en las mejores condiciones”, señaló el diputado Neira.

Durante la discusión, la comisión también acordó invitar al Director Nacional de Senadis y al Director Nacional del Instituto Nacional de Deportes para conocer los aspectos técnicos, administrativos y presupuestarios asociados a una eventual implementación de estas medidas.

Además, se solicitará a la Biblioteca del Congreso Nacional un informe de legislación comparada que permita conocer experiencias internacionales sobre financiamiento de equipamiento adaptado para deportistas paralímpicos de alto rendimiento.

El parlamentario destacó que esta resolución busca abrir el camino hacia una política pública que reconozca las necesidades específicas de los deportistas con discapacidad y fortalezca el deporte paralímpico nacional, pero también fue enfático en hacer ver la difícil situación fiscal del país y que pese al compromiso, es una iniciativa que recae en el Ejecutivo.

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El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, abordó los resultados de la última Encuesta Nacional de Opinión Pública del Centro de Estudios Públicos (CEP), que mostró una desaprobación de 52% a la forma en que el Presidente José Kast está conduciendo el Gobierno, mientras que la aprobación alcanzó un 34%.

Consultado por las cifras, el subsecretario sostuvo que el Ejecutivo observa estos estudios con atención, pero sin perder de vista que representan una medición puntual del escenario político y social.

“La Encuesta CEP, todas las encuestas, son una foto del momento, que por supuesto el gobierno mira, pero las pone en su lugar”, afirmó Pavez.

La autoridad destacó algunos de los indicadores que, a juicio del Gobierno, reflejan aspectos positivos para la administración. “En la Encuesta CEP, por ejemplo, la valoración de la figura del Presidente de la República, el amplio apoyo que hay a sancionar incivilidades, la percepción que hay respecto de nuestras policías. Y en ese sentido, señalar que para el gobierno es muy importante volver a remarcar el apoyo que el gobierno le está dando a nuestras policías, que, a propósito de la Encuesta CEP, aparecen liderando la confianza ciudadana”, señaló.

Uno de los datos que más llamó la atención del estudio fue que un 67% de los encuestados manifestó tener poca o ninguna confianza en que el Gobierno cumplirá sus promesas de campaña. Frente a ese escenario, Pavez realizó un llamado a la ciudadanía a respaldar el trabajo del Ejecutivo.

“El llamado del gobierno es a confiar en que se está haciendo un trabajo muy dedicado, con mucho entusiasmo, con mucha seriedad, para poder cumplir con la ciudadanía en materias que son de mediano y largo plazo también”, sostuvo.

Al ser consultado sobre una eventual autocrítica tras los resultados de la medición, el subsecretario evitó profundizar en esa línea y reiteró la postura del Gobierno respecto a los desafíos de largo plazo que enfrenta la administración.

“Nosotros tomamos con respeto todas las encuestas y el llamado del gobierno es a tener la confianza en que estamos trabajando para poder cumplir con los desafíos que son importantes y que ninguno de los que hemos mencionado son de cortísimo plazo y, por lo tanto, nosotros vamos a seguir trabajando como nos ha pedido el Presidente”, concluyó.

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El Gobierno decidió modificar una de las indicaciones más controvertidas incluidas en la reforma a la Ley de Migraciones, luego de alcanzar un acuerdo con la Comisión de Gobierno del Senado. La propuesta original permitía al Servicio Nacional de Migraciones solicitar información de extranjeros a establecimientos educacionales y de salud, medida que generó cuestionamientos desde distintos sectores políticos y organizaciones vinculadas a la protección de derechos.

La presidenta de la Comisión de Gobierno, la senadora Danisa Astudillo, informó que la nueva fórmula evitará que colegios, jardines infantiles y centros de salud sean utilizados como espacios de fiscalización migratoria. La parlamentaria valoró el acuerdo alcanzado con el Ejecutivo, señalando que permitirá concentrar la discusión en mecanismos más efectivos para concretar expulsiones de personas en situación migratoria irregular.

Posteriormente, el subsecretario del Interior, Máximo Pávez, confirmó que el Gobierno ingresó una nueva indicación consensuada con los integrantes de la comisión. Según explicó, la propuesta amplía las facultades para solicitar información a distintos organismos públicos y privados, pero establece excepciones explícitas para establecimientos de salud, recintos educacionales de nivel parvulario, básico y medio, además de antecedentes relacionados con menores de edad.

Pávez sostuvo que el objetivo sigue siendo fortalecer la capacidad del Estado para ubicar y notificar a personas sujetas a procedimientos de expulsión. En ese contexto, explicó que muchas veces las autoridades no logran encontrar a quienes ya han sido notificados, dificultando la ejecución de las resoluciones migratorias. Por ello, el nuevo mecanismo busca acceder a datos de contacto mediante otras instituciones que no pertenezcan a los ámbitos de la educación o la salud.

La indicación original había recibido críticas desde sectores oficialistas y de oposición, además de observaciones formuladas por la Defensoría de la Niñez y el Colegio Médico, organismos que advirtieron que la medida podía generar temor entre familias migrantes y afectar el acceso a servicios básicos como salud y educación.

Desde el Senado, Astudillo defendió el acuerdo alcanzado, afirmando que las expulsiones deben ejecutarse mediante herramientas eficaces, sin afectar espacios fundamentales para la protección de niños, niñas y adolescentes. La legisladora sostuvo que fortalecer las facultades de notificación es compatible con resguardar el acceso a derechos esenciales y evitar que escuelas o centros de salud se conviertan en puntos de control migratorio.

La discusión continuará en el Congreso, donde el Ejecutivo buscará avanzar en una legislación que permita acelerar los procesos de expulsión de extranjeros en situación irregular, manteniendo al mismo tiempo los resguardos acordados para sectores considerados sensibles.

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El biministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, respondió este miércoles a las críticas formuladas por el expresidente Gabriel Boric respecto de los embargos realizados a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), defendiendo la actuación de la Tesorería General de la República y cuestionando las comparaciones realizadas por el exmandatario.

Según explicó el secretario de Estado, los embargos corresponden al ejercicio de atribuciones legales destinadas a recuperar recursos públicos adeudados por personas que, teniendo capacidad de pago, no han regularizado su situación. “Embargar las cuentas corrientes para aquellas personas que tienen ingresos superiores a 3 millones y medio y algunos más de 5 millones de pesos y que nunca se han acercado siquiera a reprogramar sus deudas para hacer convenios. Por lo tanto, el Estado está en legítimo derecho a recuperar plata que corresponde a todos los chilenos”, afirmó.

Las declaraciones surgieron luego de que Boric cuestionara la medida y acusara contradicciones entre el cobro de estas deudas y la negativa de sectores oficialistas a aprobar mecanismos como el levantamiento del secreto bancario para combatir el crimen organizado.

Frente a ello, Alvarado fue enfático. “No, son dos cosas totalmente distintas y yo le pediría al expresidente Boric que se refiera como corresponde a cada tema y no mezcle situaciones. Primero, él hizo un llamado permanente —durante su gobierno— a que iba a condonar el CAE. Si no lo cumplió, no es problema de este gobierno que las personas hayan dejado de pagar, que hoy día tengan ingresos suficientes (…) no van a reprogramar y tenemos el legítimo derecho de cobrar esa plata que corresponde a todos los chilenos”, sostuvo.

El ministro también vinculó el aumento de la morosidad con las expectativas generadas durante la administración anterior respecto de una eventual condonación de la deuda estudiantil. “Obviamente, cuando a miles de personas se les dice que una deuda se va a condonar, el sentido común dice: ‘Dejo de pagar’. En consecuencia, hoy día gran parte del problema también está motivada por esa promesa”, señaló.

Finalmente, Alvarado insistió en que el Ejecutivo mantendrá el proceso de cobro a quienes registren deudas pendientes y cuenten con ingresos suficientes para responder por ellas. “Yo no voy a calificar los dichos de él. Solamente decir que este gobierno es serio, responsable y que está tratando de recuperar recursos que pertenecen a todos los chilenos de personas que hace muchos años están debiendo y que tienen ingresos superiores a 3 millones y medio de pesos”, concluyó.

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La más reciente Encuesta Nacional de Opinión Pública Nº96 del Centro de Estudios Públicos (CEP) reveló una caída en la evaluación ciudadana del Gobierno del Presidente José Kast. Según los resultados dados a conocer este miércoles, un 52% de los consultados desaprueba la forma en que el Mandatario está conduciendo su gobierno, mientras que un 34% manifestó aprobar su gestión.

La medición fue realizada entre abril y mayo de 2026 y consultó a 1.469 personas mayores de edad en sus hogares, distribuidas en 122 comunas del país. El estudio considera un margen de error de ±2,8%, con un nivel de confianza de 95%.

La pregunta utilizada por el CEP fue: “Independientemente de su posición política, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como José Antonio Kast está conduciendo su gobierno?”.

Además de quienes manifestaron aprobación o desaprobación, un 9% respondió que no aprueba ni desaprueba la gestión presidencial, mientras que un 5% señaló que no sabe o prefirió no contestar.

Los resultados se conocen cuando el Gobierno se acerca a cumplir sus primeros meses de administración y en medio de debates sobre seguridad, economía, reconstrucción y reformas estructurales impulsadas por el Ejecutivo.

La encuesta CEP es considerada uno de los principales instrumentos de medición de opinión pública del país y suele transformarse en una referencia para evaluar el clima político y social a nivel nacional.

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El expresidente Gabriel Boric reapareció en el debate público para cuestionar los embargos que están afectando a miles de deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), luego que se conocieran diversos casos de personas que denunciaron la retención de fondos en sus cuentas bancarias por parte de la Tesorería General de la República.

A través de su cuenta en la red social X, el exmandatario lamentó que durante su gobierno no prosperara el proyecto que creaba el Fondo para la Educación Superior (FES), iniciativa que buscaba reemplazar el actual sistema de financiamiento y aliviar la carga económica de quienes mantienen deudas por estudios superiores.

“Pese a que teníamos consenso técnico, durante nuestro gobierno la derecha se negó a legislar para tener un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior y aliviar significativamente la deuda del CAE a miles de personas que han pagado por años montos mucho mayores que el valor de sus carreras. Hoy a esos deudores les vacían sus cuentas corrientes intempestivamente generando graves situaciones de crisis en las economías familiares”, señaló Boric.

El exjefe de Estado vinculó además esta situación con el reciente rechazo en el Senado a la norma que buscaba habilitar el levantamiento del secreto bancario dentro del proyecto de inteligencia económica, apuntando directamente a sectores de oposición.

“Mientras esto sucede a costa de la clase media, los mismos que justifican este castigo a familias endeudadas, votan en contra de habilitar el levantamiento del secreto bancario, pese a que ya no hay dudas que el crimen organizado ocupa la banca para blanquear y mover sus recursos”, sostuvo.

Las declaraciones del exmandatario se producen en medio de la controversia generada por los procesos de cobro impulsados por la Tesorería General de la República, situación que también ha motivado cuestionamientos desde distintos sectores políticos y organizaciones de deudores, quienes han denunciado los efectos que estas medidas están generando en miles de familias.

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