La colectividad regional cuestionó la gestión comunicacional del caso de los menores haitianos inicialmente reportados como no ubicados y anunció que solicitará la intervención de organismos internacionales para evaluar si se respetaron los estándares de protección de la infancia y de la población migrante.

El Partido Liberal de La Araucanía anunció que solicitará formalmente a UNICEF y a organismos internacionales especializados en derechos de la niñez que observen los antecedentes relacionados con el caso de los niños y niñas haitianos que ingresaron a Chile mediante procesos de reunificación familiar, luego de la controversia generada por el informe de la Contraloría General de la República que inicialmente advirtió sobre menores no ubicados.

A través de una declaración pública, la colectividad manifestó su preocupación por la manera en que el Gobierno abordó comunicacionalmente la situación, señalando que el caso fue expuesto ante la opinión pública como una denuncia de extrema gravedad antes de que existieran antecedentes concluyentes conocidos públicamente, lo que, a su juicio, generó alarma social y puso bajo sospecha a familias migrantes y menores de edad.

Desde el partido sostuvieron que “la infancia no puede transformarse en un instrumento de disputa política ni en un recurso para la construcción de agendas comunicacionales”, agregando que los niños deben contar con protección efectiva, respeto a su dignidad y pleno resguardo de sus derechos fundamentales, especialmente cuando pertenecen a comunidades vulnerables.

La declaración también cuestiona lo que califican como una actuación imprudente por parte del Gobierno y de sectores oficialistas, afirmando que las decisiones adoptadas habrían sido incompatibles con el principio del interés superior del niño consagrado tanto en la legislación chilena como en tratados internacionales. Según el documento, en materias relacionadas con menores de edad “no existe espacio para la improvisación, la especulación ni la utilización política de hechos que pueden afectar directamente su bienestar y desarrollo”.

La colectividad advirtió además que las consecuencias del episodio trascienden el debate político, apuntando a un eventual debilitamiento de la confianza pública y a un aumento de la estigmatización hacia la comunidad haitiana residente en Chile. En ese sentido, plantearon que resulta legítimo discutir la forma en que el Estado resguarda los derechos de la infancia cuando comunica situaciones especialmente sensibles.

Por ello, el Partido Liberal solicitará que organismos internacionales evalúen si las actuaciones de instituciones públicas chilenas se ajustaron a los principios establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, particularmente aquellos relacionados con la no discriminación, el interés superior del niño, la protección frente a situaciones de vulnerabilidad y las garantías especiales que corresponden a niños, niñas y adolescentes migrantes.

Asimismo, exigieron que se esclarezcan completamente los hechos y que se determinen eventuales responsabilidades políticas y administrativas derivadas de las decisiones que dieron origen a la controversia. La declaración concluye señalando que Chile debe fortalecer una política migratoria basada en los derechos humanos y en la protección integral de la infancia, advirtiendo que “los niños y niñas jamás pueden transformarse en instrumentos de disputa política ni en víctimas de errores institucionales o comunicacionales”.