Por Marco Antonio Vásquez, exconcejal de Temuco y Académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de la Universidad de la Frontera.

En el debate económico chileno vuelve a instalarse una vieja promesa: que bajar los impuestos a las empresas impulsará el crecimiento y, por esa vía, mejorará el bienestar de todos. Sin embargo, la evidencia —y la teoría económica contemporánea— invitan a mirar esta afirmación con escepticismo. Especialmente si se analiza desde la perspectiva del economista Thomas Piketty.

Chile no es ajeno a esta discusión. En los últimos años, la recaudación asociada al impuesto a la renta —donde el impuesto de primera categoría (empresas) juega un rol central— ha mostrado una alta sensibilidad al ciclo económico. En la Operación Renta 2024, los montos declarados cayeron cerca de un 10% real respecto a años previos, reflejando una menor tributación empresarial. Sin embargo, en 2025 se observa un repunte: el impuesto de primera categoría creció 15,6% nominal, siendo el principal motor del aumento de la recaudación. A nivel agregado, los impuestos totales declarados pasaron de aproximadamente $14,9 billones a $18,3 billones, evidenciando recuperación.

¿Qué nos dicen estos datos? Algo fundamental: la recaudación depende más del desempeño económico y de las utilidades empresariales que de simples ajustes de tasas. Y aquí es donde la tesis de Piketty cobra relevancia.

El autor de El capital en el siglo XXI plantea que cuando el retorno del capital supera el crecimiento económico, la desigualdad se profundiza. En ese contexto, reducir impuestos al capital —como el impuesto corporativo— no necesariamente impulsa la economía, pero sí tiende a concentrar la riqueza. No es casualidad que, según cifras oficiales, cerca del 80% del beneficio de reducir el impuesto de primera categoría favorezca al 1% de mayores ingresos.

Desde una mirada de política pública, la pregunta es inevitable: ¿qué se pierde cuando se baja el impuesto a las empresas? La respuesta es clara: capacidad fiscal. Menos ingresos estructurales implican menos recursos para financiar educación, salud, seguridad y políticas de cohesión social. En un país como Chile —donde la recaudación tributaria bordea el 23,9% del PIB, por debajo de países desarrollados — esta decisión no es neutra.

Además, la evidencia reciente muestra que el crecimiento no responde mecánicamente a rebajas tributarias. Chile mantiene una tasa de impuesto corporativo del orden del 27% para grandes empresas, en línea con estándares internacionales, y aun así enfrenta un escenario de bajo dinamismo. El problema, entonces, no parece ser exclusivamente tributario, sino estructural: productividad, diversificación y capital humano.

Piketty es categórico en este punto: el crecimiento sostenible se construye sobre inversión pública, educación y reducción de desigualdades, no sobre “competencia fiscal a la baja”. En otras palabras, bajar impuestos puede ser políticamente atractivo, pero económicamente limitado y socialmente costoso.

Chile enfrenta hoy una encrucijada. Puede optar por profundizar un modelo donde el crecimiento descansa en incentivos tributarios al capital —con resultados inciertos— o avanzar hacia un pacto fiscal que fortalezca el Estado y reduzca brechas estructurales.

La evidencia comparada y la experiencia reciente sugieren que el verdadero motor del desarrollo no es cuánto dejamos de recaudar, sino cómo decidimos invertir lo que recaudamos.