Por: Henry Leal Bizama, Diputado (UDI) por el Distrito 23 – La Araucanía.

Uno de los indicadores más claros para medir el éxito o fracaso de un gobierno es la situación del empleo. No solo porque el trabajo permite el sustento de las familias, sino porque también entrega estabilidad, dignidad y proyección a millones de personas. En ese ámbito, el balance del actual gobierno deja más preguntas que respuestas.

Cuando la actual administración asumió el país, la tasa de desempleo bordeaba el 7,8%. Hoy, a las puertas del término del período, la cifra se ubica aproximadamente en 8,3%, lo que refleja un deterioro del mercado laboral. Puede parecer una diferencia menor en términos porcentuales, pero detrás de esos números hay decenas de miles de personas adicionales que hoy no encuentran trabajo.

Pero el problema no termina ahí. Paralelamente, Chile ha experimentado un aumento sostenido de la informalidad laboral. Cada vez más personas trabajan sin contrato, sin cotizaciones previsionales, sin salud, sin seguro de cesantía y sin ningún tipo de protección social. Es decir, trabajan, pero lo hacen en condiciones precarias.

La informalidad es una señal clara de que la economía no está generando suficientes empleos formales. Cuando esto ocurre, las personas se ven obligadas a buscar alternativas para sobrevivir: trabajos ocasionales, emprendimientos de baja escala o labores sin regulación. En el corto plazo puede ser una solución, pero en el largo plazo se transforma en un problema estructural para el país.

Y si miramos la realidad desde las regiones, el panorama se vuelve aún más preocupante.

La Región de La Araucanía, históricamente una de las zonas con mayores niveles de pobreza y rezago económico, enfrenta un desafío laboral mucho más complejo que el promedio nacional. En distintos períodos recientes, la tasa de desempleo regional ha superado el promedio del país, situándose en torno al 9% o incluso más en algunos trimestres móviles.

Pero el problema más profundo en La Araucanía es, nuevamente, la informalidad. Una parte importante de la fuerza laboral se desempeña en actividades informales, particularmente en el comercio, la agricultura de subsistencia y servicios de baja productividad. Esto significa que miles de familias viven sin la seguridad de un ingreso estable ni la protección de un contrato de trabajo.

Cuando una región tiene altos niveles de informalidad laboral, las consecuencias se multiplican: menos cotizaciones previsionales, menos acceso a salud, menor productividad y una economía regional que se vuelve más frágil frente a cualquier crisis.

Por eso, el empleo asalariado formal no es un simple indicador económico. Es una política pública central para el desarrollo. Un trabajo con contrato significa acceso a seguridad social, protección frente al desempleo, cotizaciones para la jubilación y estabilidad para planificar la vida familiar.

Sin embargo, las políticas implementadas durante los últimos años no han logrado generar el dinamismo necesario para impulsar el empleo formal. La incertidumbre económica, el bajo crecimiento, la caída en la inversión y reformas mal diseñadas han terminado afectando precisamente lo que más se necesita: nuevas oportunidades laborales.

En regiones como La Araucanía, donde el crecimiento económico ya es estructuralmente más débil, estas señales tienen un impacto aún mayor. Las empresas invierten menos, los proyectos se ralentizan y la creación de empleo formal se vuelve cada vez más escasa.

El desafío hacia adelante es enorme y trasciende a un gobierno en particular. Chile necesita volver a poner el empleo formal en el centro de la política pública. Esto implica generar condiciones para el crecimiento económico, incentivar la inversión, reducir la burocracia que dificulta emprender y promover políticas activas de empleo que conecten a las personas con nuevas oportunidades laborales.

En el caso de La Araucanía, además, se requiere una estrategia específica de desarrollo regional. La región necesita más infraestructura, más apoyo a la inversión productiva, mayor seguridad para desarrollar proyectos y una agenda clara de impulso a sectores como el turismo, la agroindustria, la energía y la innovación agrícola.

La política muchas veces se enfrasca en debates ideológicos, pero la realidad cotidiana de las personas es mucho más simple: la gente necesita trabajo. Trabajo digno, estable y con protección social.

Porque cuando una persona consigue un empleo formal, no solo mejora su ingreso. Mejora su calidad de vida, la de su familia y también la de su comunidad.

Ese es el verdadero desafío pendiente. Y hoy, lamentablemente, seguimos al debe.