La Municipalidad de Estación Central informó que logró ubicar a siete niños haitianos que figuraban en un listado de 184 menores enviado por el Gobierno, en medio de las diligencias desplegadas para determinar el paradero de niños extranjeros que ingresaron a Chile y cuya localización no había podido ser confirmada por las autoridades.

El caso surgió luego de que un preinforme de la Contraloría detectara que, de una muestra de 105 menores haitianos que ingresaron al país durante 2025, 64 no pudieron ser ubicados. Entre ellos, 12 habían registrado como domicilio de llegada la comuna de Estación Central.

Tras recibir los antecedentes, funcionarios de la Oficina de la Infancia iniciaron un proceso de búsqueda que permitió encontrar a siete de los menores en distintos sectores de la comuna. Según informó el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, los niños fueron hallados bajo el cuidado de un adulto responsable y asistiendo regularmente a establecimientos educacionales.

La autoridad explicó que “están escolarizados y a cargo de un tutor, pero en condición de pobreza”, precisando además que los menores viven en condiciones complejas. En ese sentido, afirmó que “están hacinados, pero tienen donde dormir”.

Las diligencias forman parte de un trabajo coordinado entre el Servicio Nacional de Migraciones, la Subsecretaría de la Niñez y los municipios, cuyo objetivo es reconstruir la trazabilidad de los menores, verificar sus condiciones de vida y esclarecer las circunstancias de su ingreso al país.

El hallazgo en Estación Central se suma a otros avances registrados en distintas comunas. En Graneros, el alcalde Marcelo Miñañir informó que fueron notificados sobre la existencia de nueve menores vinculados a la comuna dentro de los registros nacionales de búsqueda.

Respecto de ese proceso, Miñañir señaló que “en el marco de la política pública, la reunificación familiar (…) se nos ha notificado que en nuestra comuna de Graneros tendríamos cerca de 9 niños. Hemos estado trabajando y encontramos a dos de ellos”.

La autoridad detalló que ambos menores fueron ubicados en un establecimiento educacional municipal. Paralelamente, según antecedentes difundidos por T13, la Policía de Investigaciones habría logrado localizar a otros 25 niños en distintas zonas del país.

Las autoridades esperan que las labores de búsqueda continúen durante los próximos días, con el objetivo de esclarecer la situación de todos los menores incluidos en los registros y verificar que se encuentren en condiciones adecuadas de protección y resguardo.

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Un total de 1.056 personas permanecen hospitalizadas en Chile pese a haber recibido el alta médica, según cifras confirmadas por el Ministerio de Salud. Se trata de pacientes que no pueden abandonar los recintos asistenciales porque carecen de redes de apoyo o de un lugar adecuado donde continuar su cuidado, situación que mantiene ocupadas camas que podrían destinarse a nuevos tratamientos y emergencias.

La cifra ha ido en aumento durante los últimos meses. En marzo de este año eran 996 los pacientes en esta condición y actualmente se encuentran distribuidos en 137 establecimientos de salud del país. El problema se agrava considerando que la red pública dispone de apenas 206 camas especialmente destinadas para estos casos, por lo que el 76% de los pacientes permanece en camas de agudos, diseñadas para atenciones de alta complejidad.

El impacto económico también es significativo. De acuerdo con los antecedentes entregados, mantener este sistema representa un costo directo estimado en $94.500 millones anuales. Sin embargo, el denominado costo de oportunidad alcanza los $166.000 millones, recursos que el sistema deja de percibir al no poder utilizar esas camas para nuevos pacientes y prestaciones financiadas por Fonasa.

La diferencia de costos entre una hospitalización prolongada y una residencia especializada resulta considerable. Mientras una cama hospitalaria implica un gasto cercano a $94,9 millones al año por persona, una plaza en un Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM) o residencia especializada alcanza aproximadamente los $8,4 millones anuales.

Para la doctora Karla Rubilar, académica y jefa de Salud Pública de la Universidad Autónoma de Chile, el problema tiene un origen estructural más que sanitario. “No estamos ante un problema de capacidad sanitaria, sino ante la ausencia de una oferta social que el Estado no ha querido, o no ha sabido, construir”, afirmó.

Otro antecedente que preocupa es que el 30,7% de estos pacientes se encuentra judicializado, lo que dificulta aún más la búsqueda de soluciones y prolonga su permanencia en hospitales.

Rubilar sostuvo que la situación exige una redefinición de las políticas públicas en materia de cuidados y egreso hospitalario. “Seguir financiando camas en lugar de trayectorias de egreso es, lisa y llanamente, subsidiar la ineficiencia con recursos que la salud pública no puede permitirse perder”, concluyó.

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Los diputados de Evópoli Tomás Kast y Jorge Guzmán anunciaron la presentación de una Comisión Especial Investigadora (CEI) en la Cámara de Diputadas y Diputados tras los antecedentes revelados por la Contraloría General de la República y las investigaciones que actualmente desarrolla el Ministerio Público respecto al ingreso de menores haitianos a Chile bajo la figura de reunificación familiar.

La ofensiva parlamentaria surge luego de que distintas instituciones advirtieran inconsistencias en los registros y procedimientos asociados a vuelos provenientes de Haití durante 2025, situación que hoy mantiene bajo investigación el paradero de numerosos menores que ingresaron al país acompañados por adultos que, en varios casos, no tendrían vínculos familiares acreditados.

El diputado Tomás Kast sostuvo que los antecedentes conocidos son de extrema gravedad y cuestionó directamente la gestión del exdirector nacional de Migraciones, Luis Thayer.

“El exdirector de Migraciones haya tenido estos antecedentes y no haya hecho realmente nada nos parece absolutamente inaceptable. Incluso el Ministerio Público ha mencionado la posibilidad de que aquí exista una red de tráfico de órganos, algo que realmente agrava aún más esta situación”, afirmó.

El parlamentario agregó que la comisión investigadora buscará determinar responsabilidades políticas y administrativas respecto de las autorizaciones, controles y seguimientos realizados por los organismos públicos involucrados.

“Estamos hablando de cientos de niños haitianos que ingresaron al país y cuyo paradero hoy se desconoce. No puede ser el mismo Gobierno que miró para el lado el que ahora explique lo ocurrido. Aquí se requiere transparencia e independencia para llegar hasta las últimas consecuencias”, señaló.

Por su parte, el diputado Jorge Guzmán cuestionó los argumentos que atribuyen la situación a fallas generales del aparato estatal y apuntó directamente a la conducción del entonces Servicio Nacional de Migraciones.

“Se ha dicho que falló la inteligencia del Estado, pero nosotros creemos que aquí lo que falló fue la inteligencia del exdirector de Migraciones, Luis Thayer. No puede venir con total soltura a señalar que ofició o presentó antecedentes cuando los hechos conocidos hoy demuestran una situación extremadamente grave”, sostuvo.

El legislador también cuestionó la facilidad con que habrían ingresado vuelos con decenas de menores bajo la tutela de uno o dos adultos responsables, calificando el escenario como una señal de alerta que debió haber activado controles más rigurosos.

La iniciativa de Evópoli se suma a los esfuerzos impulsados por otros sectores de oposición que buscan esclarecer los hechos y determinar si existieron responsabilidades de funcionarios públicos en el ingreso de menores extranjeros cuyos antecedentes y ubicación actual aún forman parte de las investigaciones en curso.

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La intervención fue dada a conocer a través de las redes sociales oficiales del Ejecutivo, donde se difundió un video que muestra el trabajo de una grúa destruyendo la estructura ilegal levantada sobre la zanja fronteriza. En la publicación, el Gobierno enfatizó que el sistema de control implementado en la frontera norte se mantiene bajo vigilancia permanente.

La autoridad agregó que cualquier intento de vulnerar estas obras será enfrentado de manera inmediata por los organismos encargados de la seguridad fronteriza. “Todos los intentos de obstruir el trabajo de barrera de contramovilidad van a ser afrontados por el Ejército de Chile y el Ministerio de Obras Públicas, de manera tal que no va a haber espacio para retroceder en el control de la frontera”, recalcó.

El Plan Escudo Fronterizo contempla zanjas, vigilancia reforzada y presencia militar en sectores considerados críticos de la frontera con Bolivia, con el objetivo de frenar el ingreso irregular de personas, el contrabando y otras actividades vinculadas al crimen organizado.

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La seguridad de la frontera norte quedó nuevamente bajo escrutinio luego de que se detectara la construcción de un puente sobre una de las zanjas del denominado Plan Escudo Fronterizo en la comuna de Colchane, Región de Tarapacá.

La estructura, cuya instalación habría requerido maquinaria pesada y una logística considerable, permitió sortear una de las principales barreras físicas implementadas por el Gobierno del Presidente José Kast para dificultar el ingreso irregular de personas, el contrabando y otras actividades asociadas al crimen organizado en la frontera con Bolivia.

El hallazgo fue dado a conocer este lunes y generó preocupación debido a que la intervención afectó una infraestructura considerada estratégica dentro del plan de reforzamiento fronterizo impulsado desde marzo de este año.

Tras conocerse las imágenes del puente, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, reconoció la vulneración y sostuvo que el episodio refleja la capacidad operativa de las organizaciones criminales que operan en la zona fronteriza.

Según explicó la autoridad, la construcción de una estructura de estas características no puede realizarse de manera improvisada, ya que requiere equipamiento especializado, transporte de materiales y coordinación para operar en sectores aislados del altiplano. “Esto demuestra los recursos y la capacidad logística que tienen algunas organizaciones para intentar burlar los controles del Estado”, señaló el secretario de Estado.

Pese a ello, Arrau afirmó que existe monitoreo permanente de las obras y que se adoptarán medidas para restablecer las condiciones de seguridad y evitar nuevas vulneraciones.

Las zanjas forman parte del Plan Escudo Fronterizo, iniciativa impulsada por el Ejecutivo para fortalecer el control territorial en pasos no habilitados del norte del país. Las obras contemplan excavaciones de aproximadamente tres metros de profundidad y ancho, diseñadas para impedir el tránsito de vehículos utilizados en actividades ilícitas.

En abril pasado, el propio ministro visitó Colchane para supervisar los avances del proyecto, destacando que estas barreras físicas buscaban dificultar la movilidad de automóviles y camiones vinculados al tráfico de personas, contrabando y otras redes delictuales.

La aparición del puente abre ahora interrogantes sobre la capacidad de adaptación de las organizaciones criminales frente a las nuevas medidas de control y sobre los desafíos que enfrenta el Estado para resguardar una de las zonas más complejas de la frontera chilena.

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El Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte por un eventual caso de tráfico ilícito de menores de edad haitianos, tras detectar una serie de irregularidades en vuelos chárter provenientes de Haití que arribaron a Chile durante 2025.

La acción judicial fue firmada por el director nacional del organismo, Frank Sauerbaum, y busca que el Ministerio Público investigue las condiciones en que ingresaron al país grupos de niños, niñas y adolescentes bajo la figura de reunificación familiar.

Los antecedentes surgieron luego de fiscalizaciones realizadas en conjunto por el Servicio Nacional de Migraciones, la Contraloría General de la República y la Policía de Investigaciones. Las diligencias permitieron identificar a al menos 12 adultos, tanto chilenos como extranjeros, que ingresaron en reiteradas ocasiones al país acompañando grupos de entre dos y 18 menores haitianos.

Según los antecedentes recopilados, los fiscalizadores comprobaron que los adultos responsables no mantenían vínculos familiares con los menores transportados y que, además, no contaban con toda la documentación exigida por la legislación migratoria vigente para este tipo de ingresos.

El organismo sostuvo que estas prácticas podrían constituir una vulneración grave de los derechos de los niños involucrados y afectar directamente el principio del interés superior del menor, por lo que resolvió poner los antecedentes a disposición de la justicia.

De acuerdo con la denuncia, los hechos podrían configurar el delito de tráfico ilícito de migrantes en carácter reiterado, figura contemplada en el artículo 411 bis del Código Penal, por lo que ahora será la Fiscalía la encargada de determinar eventuales responsabilidades y establecer si existió una red organizada detrás de estos traslados.

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Este lunes comienza la rendición de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) de Invierno, proceso que en Temuco reunirá a 1.709 postulantes inscritos para la admisión universitaria 2027.

La evaluación se desarrollará entre el lunes 15 y el miércoles 17 de junio en cinco locales habilitados en la capital regional, contando con el apoyo de 185 funcionarios destinados a garantizar el correcto desarrollo de las jornadas.

El seremi de Educación de La Araucanía, Aaron Ríos Morales, destacó la alta participación registrada este año y señaló que la PAES de Invierno constituye una alternativa relevante para quienes buscan mejorar sus resultados o ampliar sus posibilidades de acceso a la educación superior.

Según datos de la Subsecretaría de Educación Superior y el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE), la mayoría de los inscritos proviene de establecimientos particulares subvencionados, con 1.040 postulantes. A ellos se suman 504 estudiantes y egresados de establecimientos municipales y 145 provenientes de colegios particulares pagados.

La primera jornada contempla el reconocimiento de salas entre las 12:00 y las 13:00 horas, mientras que a las 15:00 horas se aplicará la prueba de Competencia Matemática 2 (M2), compuesta por 55 preguntas y una duración de dos horas y veinte minutos.

El martes se realizará la prueba de Competencia Lectora desde las 09:00 horas y, durante la tarde, la Prueba Electiva de Ciencias. En tanto, el miércoles se rendirán la Competencia Matemática 1 (M1) y la Prueba Electiva de Historia y Ciencias Sociales.

Los resultados serán publicados el próximo 17 de julio, fecha que permitirá a los postulantes evaluar sus alternativas antes del cierre de inscripciones para la PAES Regular, programado para el 22 de julio.

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A poco más de un mes de haber salido a la venta y agotarse en cuestión de horas, la medalla coleccionable de bronce dedicada al expresidente Gabriel Boric volvió a estar disponible en la tienda virtual de Casa de Moneda Chile.

La pieza, lanzada a comienzos de mayo, formó parte de la colección que la entidad estatal dedica a figuras relevantes de la historia política, social y cultural del país. En su primera venta tenía un valor de $27.990, pero en esta nueva reposición su precio aumentó a $33.990.

Según detalla Casa de Moneda, la medalla incluye un estuche de felpa, posee un diámetro de 70 milímetros, un peso de 184 gramos y dimensiones de 16,1 x 11,1 x 4,3 centímetros.

Uno de los aspectos más destacados de esta edición es que se trata de la primera medalla presidencial chilena que incorpora escritura braille en su anverso, característica que fue resaltada durante su lanzamiento.

La colección de medallas conmemorativas de Casa de Moneda también incluye piezas dedicadas a los expresidentes Michelle Bachelet, Sebastián Piñera, Salvador Allende, Eduardo Frei Montalva, Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Patricio Aylwin, entre otras personalidades que han marcado la historia nacional.

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El combate al narcotráfico y al crimen organizado sigue posicionándose como una de las principales preocupaciones de los chilenos. Así lo refleja una reciente encuesta, que mostró un amplio respaldo ciudadano a fortalecer las herramientas de investigación financiera para enfrentar estas organizaciones.

Según el estudio, un 74% de los consultados considera que el Estado debe tener acceso más rápido a información bancaria sospechosa cuando existan antecedentes vinculados a narcotráfico o crimen organizado. Al mismo tiempo, un 94% estima que esta facultad debe ir acompañada de sanciones penales para los funcionarios que hagan un uso indebido de la información, mientras que un 56% apoya que el Congreso fiscalice la utilización de estas atribuciones.

La percepción de gravedad del fenómeno es prácticamente transversal. Un 97% de los encuestados considera que el narcotráfico y el crimen organizado representan un problema muy grave para Chile, un 95% cree que la situación ha empeorado durante los últimos cinco años y un 61% estima que continuará creciendo durante el próximo lustro.

Respecto de las causas del avance de estas organizaciones, un 57% apunta a la debilidad del sistema judicial, un 38% a la corrupción en las instituciones y un 36% a la inmigración irregular. Además, un 81% considera que las bandas criminales han logrado penetrar distintas estructuras del país, incluyendo Gendarmería, puertos, aduanas e incluso instituciones financieras.

La encuesta también abordó los niveles de confianza en las entidades encargadas de enfrentar este fenómeno. La Policía de Investigaciones aparece como la institución mejor evaluada, con un 79% de confianza, seguida por Carabineros con un 67% y las Fuerzas Armadas con un 62%. Más atrás se ubican el Gobierno, la Fiscalía y los municipios.

En cuanto a la percepción ciudadana sobre la seguridad en las calles, un 28% considera que existe un vacío de control por parte de las autoridades, mientras que un 27% cree que determinados espacios ya están bajo influencia de organizaciones criminales. Entre ellas, el Tren de Aragua aparece como la banda más conocida y la que genera mayor temor entre los encuestados.

Por otra parte, el sondeo mostró que la aprobación del Presidente José Kast alcanzó un 41% durante la segunda semana de junio, mientras que su desaprobación llegó al 53%. Asimismo, un 54% de los consultados manifestó estar de acuerdo con la acusación constitucional presentada contra el exministro Nicolás Grau.

Revisa los resultados completos:

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La agroindustria chilena encendió las alertas luego de que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) propusiera aplicar un arancel adicional de 12,5% a las importaciones provenientes de 60 países, entre ellos Chile, en el marco de una investigación relacionada con cadenas de suministro y trabajo forzado.

Aunque la medida aún se encuentra en etapa de consulta pública y no tiene carácter vinculante, el sector privado comenzó a movilizarse para evitar que la iniciativa prospere, argumentando que la agroindustria nacional cumple con estrictos estándares internacionales de trazabilidad y certificación laboral.

El presidente de Chilealimentos, Juan Manuel Mira, señaló que la propuesta genera especial preocupación debido a la relevancia del mercado estadounidense para los alimentos procesados chilenos, especialmente berries congelados, jugos y pulpas de fruta. Según explicó, la industria opera bajo auditorías y certificaciones internacionales que garantizan el cumplimiento de normas laborales y de producción.

«Para nosotros es altamente preocupante el arancel que se quiere colocar sobre los productos chilenos en Estados Unidos, ya que ese país es uno de los principales socios comerciales para los alimentos procesados», afirmó.

La inquietud se acrecienta considerando que Estados Unidos representó durante 2025 cerca del 16% de las exportaciones agroindustriales chilenas, con envíos que alcanzaron los US$561 millones. Una sobretasa de esta magnitud impactaría directamente la competitividad de los productos nacionales frente a otros proveedores internacionales.

Desde el gremio también advierten que Chile competiría en desventaja frente a países como Canadá y México, que mantienen acuerdos comerciales y ventajas logísticas con Estados Unidos, además de no verse afectados por esta eventual medida.

La preocupación llega además en un momento particularmente sensible para el sector. Entre enero y mayo de 2026, la agroindustria de alimentos procesados acumuló exportaciones por US$1.057 millones, registrando un crecimiento de 6% y consolidándose como uno de los pocos segmentos agroexportadores con cifras positivas durante el año.

Por ello, Chilealimentos hizo un llamado a fortalecer la coordinación entre el sector público y privado para presentar antecedentes técnicos durante el período de consulta que finaliza en julio, con el objetivo de evitar una medida que podría afectar el empleo, la inversión y la competitividad internacional de la industria nacional.

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