El brutal ataque ocurrido en 2016 en Coyhaique dejó a una mujer ciega y al país conmocionado. Su historia se transformó en uno de los casos más emblemáticos de violencia de género en Chile y en un símbolo de la lucha contra el femicidio.

La madrugada del 14 de mayo de 2016, la ciudad austral de Coyhaique amaneció con una escena que parecía imposible de imaginar. En una calle del sector alto de la ciudad, vecinos encontraron a Nábila Rifo, una joven madre de 28 años, tirada en el suelo, gravemente herida, con múltiples fracturas en el cráneo y el rostro. Había sido golpeada con una violencia extrema y abandonada en plena vía pública. El ataque no solo la dejó al borde de la muerte: también le costó la pérdida de ambos ojos.

Horas antes, Rifo había estado compartiendo con su expareja, Mauricio Ortega Ruiz, un mecánico con quien mantenía una relación marcada por episodios previos de violencia. La investigación estableció que, tras una discusión, Ortega la atacó brutalmente en la calle, golpeándola repetidamente hasta dejarla inconsciente. Cuando el ataque terminó, la víctima fue abandonada en el lugar con hipotermia y lesiones gravísimas que conmocionaron incluso a los equipos médicos que la atendieron.

Rifo fue trasladada primero al Hospital Regional de Coyhaique y luego a Santiago para recibir tratamiento especializado. Durante días permaneció en estado crítico, conectada a ventilación mecánica y bajo sedación mientras el país seguía su evolución con una mezcla de horror y esperanza. La brutalidad del caso provocó una reacción inmediata del gobierno, organizaciones feministas y miles de ciudadanos que comenzaron a movilizarse para exigir justicia.

La investigación avanzó con rapidez. Un testigo clave —un adolescente que observó la agresión desde su casa— permitió reconstruir parte de los hechos y fortalecer la acusación del Ministerio Público. Ortega fue detenido y formalizado por femicidio frustrado, quedando en prisión preventiva mientras avanzaba el proceso judicial.

El juicio se convirtió en uno de los más seguidos en la historia reciente del país. En 2017, el Tribunal Oral de Coyhaique condenó a Ortega a 26 años de prisión por femicidio frustrado y lesiones gravísimas. Sin embargo, meses después, la Corte Suprema de Chile recalificó el delito y rebajó la condena a 18 años de cárcel, al considerar que no se había probado de manera concluyente la intención de matar. La decisión generó indignación en amplios sectores de la sociedad y reabrió el debate sobre cómo la justicia chilena aborda la violencia de género.

El caso marcó un antes y un después en la discusión pública sobre el machismo y la violencia contra las mujeres. La brutalidad del ataque convirtió a Nabila Rifo en un símbolo de una problemática estructural que muchas veces permanecía invisible. Su historia expuso fallas en los sistemas de protección, en la persecución penal y en la forma en que la sociedad enfrenta la violencia intrafamiliar.

Con el paso de los años, el nombre de Nabila Rifo quedó grabado en la memoria colectiva chilena. Su vida cambió para siempre aquella madrugada de 2016, pero su caso también abrió un debate profundo sobre la seguridad de las mujeres, la responsabilidad del Estado y la necesidad de construir una sociedad donde el miedo no forme parte de la vida cotidiana.

Cada 8 de marzo, su historia vuelve a recordarse no solo como un crimen brutal, sino como una advertencia: que la violencia de género no es un hecho aislado, sino una realidad que exige memoria, justicia y cambios profundos para que nunca más una mujer tenga que pagar con su vida —o con su mirada— el precio de la violencia.