Acompañado por el subsecretario Luis Silva, el titular de Justicia detalló que la revocación administrativa de los 56 casos dependerá del avance de las mociones parlamentarias de Ossandón y Núñez. Además, admitió que en dos décadas más de 40 condenados por DD.HH. han recibido beneficios bajo el mismo criterio.

En un tenso punto de prensa ofrecido tras ser ratificado por el Presidente de la República, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, junto al subsecretario de la cartera, Luis Silva, abordó los cuestionamientos por la tramitación de decretos de rebaja de condenas y detalló la estrategia del Ejecutivo para enfrentar la crisis.

Frente a las presiones de la oposición y los anuncios de acusación constitucional y veto a su presencia en comisiones legislativas, Rabat descartó dar un paso al lado, escudándose en la decisión adoptada por el Mandatario:

«Yo creo que la respuesta se la dio ayer el Presidente de la República habiendo ratificado a este ministro de Justicia», aseveró el secretario de Estado.

Informe de Gendarmería como «antecedente calificado»

Al ser consultado sobre las alertas no consideradas en los informes técnicos, Rabat argumentó que el procedimiento administrativo lleva más de 20 años operando bajo la misma lógica. Sin embargo, anunció que la solución de fondo contempla reforzar el perfil técnico de las comisiones y elevar las exigencias normativas.

La meta del Ejecutivo es que el informe de Gendarmería de Chile pase a ser un «antecedente calificado», de modo que sea la comisión evaluadora la que determine con rigor si la conducta del reo califica como sobresaliente antes de otorgar cualquier beneficio.

La vía para revocar los 56 casos y el factor DD.HH.

Respecto a la factibilidad de revocar o retrotraer la libertad de las 56 personas beneficiadas, Rabat explicó que la vía administrativa que analiza el Ministerio está estrictamente sujeta al destino de las mociones parlamentarias impulsadas por la diputada Ximena Ossandón y la senadora Paulina Núñez. Debido a ello, el Gobierno buscará poner discusión inmediata a ambas iniciativas en el Congreso.

En relación con la eventual inclusión de condenados por violaciones a los derechos humanos, el titular de Justicia reveló que en los últimos 20 años se han otorgado rebajas o beneficios a más de 40 personas por hechos ocurridos en 1973 —la mayoría sin recursos de amparo de por medio—, enfatizando que su gestión no innovó en este criterio histórico.