Este martes 30 de junio finaliza el plazo para solicitar el Cupón de Gas, beneficio estatal que entrega un aporte directo de $27.000 por grupo familiar destinado a la compra de gas licuado y que está dirigido a más de siete millones de hogares en todo el país.

Pese a su amplio alcance, una parte importante de los potenciales beneficiarios aún no ha realizado el trámite. Según las cifras oficiales, 4.956.862 hogares han activado el beneficio, lo que equivale al 64,61% del universo de familias habilitadas para acceder al subsidio.

La situación genera preocupación, especialmente en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, donde apenas el 12,48% de los hogares beneficiarios ha solicitado el cupón, convirtiéndose en la zona con menor nivel de activación del programa.

Para acceder al beneficio, las personas deben ingresar al sitio web oficial del Cupón de Gas, iniciar sesión utilizando su Clave Única y completar la solicitud antes de que expire el plazo durante esta jornada.

Quienes obtengan el subsidio podrán utilizarlo hasta el próximo 30 de septiembre para adquirir gas licuado en los distribuidores adheridos al programa. En tanto, quienes realizaron la solicitud después del 13 de junio podrán hacer efectivo el beneficio a partir del 21 de julio.

El canje puede efectuarse de manera digital mediante RutPay o la aplicación BancoEstado, donde los usuarios deben revisar el saldo disponible, ingresar el RUT de la empresa distribuidora y el monto de la compra para generar un código QR que será presentado al vendedor. Si el valor del cilindro supera los $27.000, la diferencia será descontada automáticamente desde la CuentaRUT.

También existe la posibilidad de realizar el trámite de forma presencial en cualquier CajaVecina, presentando el RUT e ingresando la clave de cajero automático. En ese caso, el comprobante emitido tendrá una vigencia de tres días, tras lo cual deberá solicitarse nuevamente si no fue utilizado.

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La tasa de desocupación en Chile llegó a 9,4% durante el trimestre móvil marzo-mayo de 2026, según informó este lunes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) a través de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE). La cifra representa un incremento de 0,5 puntos porcentuales en comparación con igual período del año anterior.

El aumento del desempleo se explica porque la fuerza de trabajo creció un 1,3%, mientras que el número de personas ocupadas aumentó solo un 0,8%, generando una brecha que se tradujo en un mayor número de personas sin empleo.

En términos absolutos, la población desocupada creció un 6,9% en doce meses. Este incremento estuvo impulsado tanto por el aumento de quienes quedaron cesantes, que crecieron un 5,9%, como por las personas que buscan trabajo por primera vez, cuya cifra aumentó un 16,4%.

En paralelo, la tasa de participación laboral se ubicó en 62,4%, registrando un alza de 0,2 puntos porcentuales, mientras que la tasa de ocupación alcanzó un 56,5%, disminuyendo levemente en 0,1 puntos respecto del mismo período del año pasado. La población fuera de la fuerza de trabajo aumentó un 0,2%, influida tanto por personas inactivas habituales como potencialmente activas.

Las mujeres continúan mostrando una mayor dificultad para acceder al mercado laboral. La tasa de desocupación femenina llegó al 10,5%, aumentando 0,4 puntos porcentuales en doce meses. El incremento respondió a que la fuerza de trabajo femenina creció un 2,0%, por sobre el aumento de 1,5% registrado por las mujeres ocupadas.

Asimismo, el número de mujeres desocupadas aumentó un 6,5%, debido al crecimiento tanto de las cesantes como de quienes buscan empleo por primera vez. En este grupo, la tasa de participación alcanzó un 53,6% y la tasa de ocupación un 48,0%, mientras que la cantidad de mujeres fuera de la fuerza laboral disminuyó levemente en comparación con el año anterior.

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El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, confirmó la mañana de este domingo el fallecimiento de un segundo ciudadano chileno como consecuencia de los dos terremotos que afectaron a Venezuela durante la semana.

La autoridad informó que la víctima era un chileno que residía desde hace varios años en territorio venezolano, donde había formado su familia y tenía hijas adultas.

«Hemos recibido hoy día la noticia de un segundo chileno que habría perdido la vida, que estaba allá hace mucho tiempo, con hijos e hijas venezolanas grandes. Ellos ya se han puesto en contacto con el personal mínimo que hay en Chile para poder ayudar en lo que se pueda», señaló Pavez.

El subsecretario explicó que los familiares ya mantienen comunicación con el personal diplomático chileno disponible para recibir orientación y apoyo en medio de la emergencia.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad del ciudadano fallecido. Se espera que durante las próximas horas la Cancillería entregue mayores antecedentes sobre el caso y las gestiones consulares que se están realizando.

La confirmación del segundo deceso se produce mientras equipos de bomberos y rescatistas chilenos continúan desplegados en las zonas más afectadas por los terremotos, colaborando en las labores de búsqueda y rescate, en el marco de la ayuda humanitaria enviada por el Gobierno de Chile.

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El Gobierno del Presidente José Kast ingresó al Congreso un proyecto de ley que busca reformar el Sistema de Admisión Escolar (SAE), iniciativa que pretende otorgar mayores espacios de elección a las familias, reconocer el mérito académico de los estudiantes y fortalecer la diversidad de proyectos educativos.

En La Araucanía, la propuesta podría impactar directamente a 881 establecimientos educacionales que actualmente forman parte del proceso SAE 2026, de un total de 1.024 recintos existentes en la región.

El seremi de Educación, Aaron Ríos Morales, realizó un llamado a los parlamentarios a respaldar la iniciativa y priorizar su tramitación legislativa. “Como Gobierno del Presidente José Antonio Kast hemos ingresado una reforma al sistema de admisión escolar para que las familias puedan nuevamente elegir, para reconocer el mérito de los estudiantes y para poder fomentar proyectos educativos diversos”, señaló la autoridad regional.

Según explicó, la propuesta contempla dos mecanismos complementarios: la denominada “Elección Mutua” para establecimientos con alta demanda, considerando factores como adhesión al proyecto educativo, asistencia y talentos de los postulantes; y la “Asignación Aleatoria”, destinada a garantizar el acceso y continuidad educativa.

Ríos destacó además que la iniciativa mantiene mecanismos de resguardo para la inclusión, incorporando cupos reservados para estudiantes prioritarios y con necesidades educativas especiales.

Por su parte, la ministra de Educación, María Paz Arzola, sostuvo que el actual modelo fue construido sobre una lógica de desconfianza hacia los establecimientos educacionales. “Hoy queremos restablecer la confianza; no pretendemos deshacer lo que existe. Tenemos un sistema de postulación que permite trazabilidad y transparencia y eso es algo que nosotros reconocemos y que pensamos que vale la pena conservar”, afirmó.

Las cifras del proceso de admisión muestran que la demanda escolar continúa concentrándose en un grupo reducido de establecimientos. De acuerdo con los antecedentes entregados por el Ministerio de Educación, aunque solo el 30% de los establecimientos presenta sobredemanda, estos concentran el 75% de las postulaciones en primera preferencia.

El análisis también evidencia que una proporción importante de estudiantes, especialmente quienes postulan a Primero Medio, participa en el proceso sin contar con criterios de prioridad que faciliten su asignación.

Desde el Ejecutivo sostienen que la reforma responde además a una percepción crítica del sistema por parte de las familias. Una encuesta nacional realizada en 2025 indicó que un 62% de los apoderados tiene una opinión mala o muy mala del SAE, mientras que un 84% considera legítimo que los establecimientos puedan seleccionar estudiantes bajo alguna modalidad. Asimismo, otro sondeo reveló que un 72% de los consultados está de acuerdo con incorporar el mérito académico en los procesos de admisión.

El proyecto comenzará ahora su discusión legislativa en el Congreso, donde el Gobierno espera sumar apoyos para concretar una de las reformas educacionales consideradas prioritarias durante la actual administración.

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El ministro de Justicia, Fernando Rabat, confirmó que el Gobierno se encuentra evaluando eventuales modificaciones a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, incluyendo la posibilidad de revisar las edades establecidas para enfrentar responsabilidades penales, en medio del debate generado tras la muerte de un niño de 12 años durante una encerrona en San Bernardo.

La discusión tomó fuerza luego de que la Cámara de Diputados aprobara un proyecto de resolución que solicita al Presidente José Antonio Kast estudiar una rebaja en la edad de responsabilidad penal adolescente, pasando de los actuales 14 años a 13 años.

Consultado sobre esta posibilidad, Rabat recordó que actualmente existe una iniciativa en trámite en el Senado que busca endurecer las sanciones para jóvenes involucrados en delitos de alta gravedad.

“Hoy día existe en el Senado de la República un proyecto de ley que modifica la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente de manera bastante relevante, básicamente aumentando la pena para los jóvenes que cometen delitos extremadamente graves”, explicó el secretario de Estado.

El ministro agregó que el Ejecutivo también está evaluando otras modificaciones relacionadas con la edad en que una persona puede ser considerada responsable penalmente. “Nosotros lo que hemos planteado es que pueda estudiarse también una modificación a lo que es la edad para considerarse capaz de cometer delitos, es decir, de enfrentar la responsabilidad penal como adulto”, señaló.

Rabat enfatizó que se trata de una discusión compleja que debe incorporar criterios de reinserción social y análisis jurídico. En ese sentido, indicó que la propuesta está siendo estudiada por la Dirección Jurídica y la División de Reinserción del Ministerio de Justicia.

Las declaraciones del titular de Justicia se suman a las realizadas por el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, quien previamente calificó como “indispensable” abrir un debate nacional sobre una eventual rebaja en la edad de responsabilidad penal.

El tema se instala nuevamente en la agenda pública en medio de la preocupación por la participación de menores en hechos delictuales violentos y tras el impacto nacional provocado por el homicidio del niño de 12 años ocurrido durante un tour delictual en la comuna de San Bernardo.

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La Contraloría General de la República (CGR) puso en marcha una fiscalización inédita a nivel nacional, desplegando equipos de auditores en todas las regiones del país para inspeccionar 16 residencias del Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia.

La revisión tiene como objetivo verificar las condiciones de atención y habitabilidad de niños, niñas y adolescentes bajo protección del Estado, además de fiscalizar el uso de recursos públicos transferidos a los Organismos Colaboradores Acreditados (OCAs) y evaluar el rol de supervisión ejercido por el Servicio Mejor Niñez durante 2025.

Según informó la entidad fiscalizadora, la auditoría buscará determinar si las residencias cumplen con la normativa vigente, si cuentan con capacidad real para atender a los menores y si existe un monitoreo efectivo de cada uno de los casos por parte de las instituciones responsables.

El despliegue coincide con la presentación realizada por la contralora general Dorothy Pérez ante la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados, donde expuso las conclusiones del Informe Final N.º 541 de 2025 sobre el Programa de Reunificación Familiar.

En dicha instancia, Pérez advirtió la existencia de un “desorden mayor” y una preocupante falta de coordinación entre organismos del Estado involucrados en la protección de la infancia. A raíz de esos antecedentes, la Contraloría instruyó la apertura de sumarios administrativos en el Servicio Nacional de Migraciones, la Policía de Investigaciones (PDI) y la Subsecretaría de la Niñez.

La autoridad señaló además que la protección de la infancia será uno de los principales ejes de fiscalización del organismo durante este año, debido a la gravedad de los antecedentes recopilados.

Entre ellos figuran 137 oficios remitidos por tribunales de justicia relacionados con el ingreso de menores a residencias especializadas, además de cuatro denuncias complejas que apuntan a presuntas irregularidades en la utilización de recursos públicos, deficiencias en las condiciones de seguridad e incluso fallecimientos de menores al interior de centros de acogida.

La fiscalización busca determinar eventuales responsabilidades administrativas y establecer si el sistema de protección está garantizando adecuadamente los derechos y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes que permanecen bajo tutela del Estado.

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El Senado aprobó este miércoles la idea de legislar la denominada megarreforma impulsada por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, permitiendo que el proyecto continúe avanzando en su tramitación legislativa.

La propuesta obtuvo 26 votos a favor, 23 en contra y una abstención, correspondiente al senador Pedro Araya, alcanzando así el quórum mínimo requerido del 50% más uno para seguir su curso en el Congreso.

Con este resultado, el denominado Plan de Reconstrucción Nacional pasará ahora a ser analizado en particular por las comisiones de Trabajo y Medio Ambiente, para posteriormente continuar su discusión en la Comisión de Hacienda.

Además, el Ejecutivo renovó la suma urgencia de la iniciativa, fijando como plazo para la presentación de indicaciones el próximo 6 de julio.

Tras la votación, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, valoró el respaldo obtenido y destacó la unidad de los parlamentarios oficialistas durante esta primera etapa de la discusión.

“Quiero agradecer a la coalición que apoya al Presidente Kast por lo que ha sido su cohesión y sus aportes. En la etapa que viene, en la discusión en particular, vamos a ir recogiendo muchas de las ideas que hemos recibido y pensamos que en esa etapa vamos a ir consiguiendo más apoyos”, afirmó.

El secretario de Estado agregó que el Gobierno espera ampliar la base de respaldo político al proyecto durante las próximas semanas. “Este apoyo de hoy fue muy relevante, pero vamos a ir ampliando esa base de apoyo y vamos a terminar con un proyecto que le va a cambiar la cara al futuro de nuestro país”, sostuvo.

Por su parte, el biministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, destacó que la discusión recién comienza y llamó a los senadores a contribuir al perfeccionamiento de la iniciativa.

“Este es un paso en el trámite legislativo y en la discusión en particular no tengo dudas que la contribución de todos y cada uno de ustedes va a ser importante y bienvenida para el éxito de este proyecto”, señaló.

La aprobación en general representa uno de los principales hitos legislativos del Gobierno en sus primeros meses de gestión y abre una nueva etapa de negociación política para intentar consolidar los respaldos necesarios que permitan convertir la iniciativa en ley.

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La exalcaldesa y excandidata presidencial Evelyn Matthei lanzó duras críticas al Gobierno del Presidente José Antonio Kast tras el asesinato de un niño de 12 años durante una encerrona en San Bernardo, hecho que ha generado conmoción a nivel nacional.

Durante su participación en el programa «Tu Día», Matthei cuestionó la estrategia de seguridad impulsada por el Ejecutivo y aseguró que las promesas realizadas durante la campaña presidencial no se tradujeron en medidas concretas una vez asumido el Gobierno.

En ese contexto, afirmó que «prometieron a todo Chile que tenían el mejor plan contra la delincuencia, no tenían nada, ni siquiera ministro, no tenían equipos… Le prometieron a todo Chile que tenían lo mejor, plan de esto, plan de escudo, frontera y no tenían ni siquiera ministro, y a las gente buena que hay, que sabe y tiene experiencia, no la han llamado».

La exjefa comunal también sostuvo que el sistema falló al no haber logrado impedir que personas con antecedentes delictuales continuaran actuando, vinculando esa situación con el crimen que terminó con la vida del menor.

«Todo en Chile es hagamos… Primero, políticos irresponsables que hacen promesas que no pueden cumplir. ¿Cuántos planes escuchamos durante la campaña? Plan para esto, plan para lo otro. Acá se requiere un equipo enorme, importante, con financiamiento», manifestó.

Matthei además recordó la polémica generada por los recursos destinados a las policías durante el inicio de la actual administración, señalando que «le habían quitado 72 mil millones a PDI y Carabineros, por suerte, después del escándalo que echaron a una directora de la PDI, le repusieron la plata. Le habían quitado plata, pero acá hay que poner mucho dinero».

Las declaraciones se producen en medio de la investigación por el homicidio del niño de 12 años ocurrido en San Bernardo, caso por el cual ya existen cuatro detenidos y que ha reabierto el debate sobre la seguridad pública, la reincidencia delictual y las políticas de prevención del crimen en el país.

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La diputada del Partido de la Gente (PDG) por La Araucanía, Flor Contreras, se refirió a la decisión del Gobierno de que el Ejército asuma el mando en el estado de excepción constitucional en la Macrozona Sur, medida orientada a reforzar la coordinación de las acciones de seguridad en la zona.

En ese contexto, la parlamentaria valoró la decisión, señalando que “espero vaya en el camino correcto para controlar de una vez por todas la delincuencia y el crimen organizado que tanto daño le hacen a La Araucanía”.

Asimismo, agregó que “esperamos que esta medida que unifica los criterios de seguridad en la Macrozona Sur bajo un mando único del Ejército contribuya a optimizar los recursos para devolverle la tranquilidad a nuestras familias, y que haya sido rigurosamente analizado por el Ejecutivo para que realmente vaya en el camino correcto para controlar de una vez por todas la delincuencia rural y el crimen organizado que tanto daño le hacen a La Araucanía”.

No obstante, Contreras enfatizó que la medida no debe ser la única respuesta del Estado, advirtiendo que aún falta una estrategia más profunda para enfrentar la violencia en la zona.

En esa línea, sostuvo que “de todos modos, somos enfáticos en señalar que esto no basta, seguimos a la espera de un plan de inteligencia civil y policial mucho más integral y robusto en la zona, porque nuestra región no puede depender de forma permanente de estados de excepción constitucional para poder vivir en paz”.

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El acceso a la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los hogares en el país, según un nuevo sondeo del Instituto UNAB de Políticas Públicas, que evidencia una percepción transversal de mayores dificultades para acceder a una vivienda propia en comparación con generaciones anteriores.

El estudio indica que el 70% de los encuestados considera que hoy es mucho más difícil acceder a una vivienda que en la época de sus padres, percepción que se intensifica entre los jóvenes de 18 a 29 años, donde alcanza el 81,3%.

En paralelo, solo un 11% declara tener resuelta su situación habitacional o contar con posibilidades reales de mejorarla, mientras que el 89% enfrenta distintos niveles de restricciones vinculadas al acceso a vivienda, arriendo o mejoras habitacionales.

El sondeo también muestra un marcado pesimismo hacia el futuro, ya que un 78% cree poco o nada probable que las personas logren mejorar su situación habitacional en los próximos tres a cinco años, mientras que un 67% estima que su propio hogar tampoco lo conseguirá en ese periodo.

En cuanto a las principales barreras, el 38,8% apunta al alto precio de las viviendas y arriendos, mientras que un 22% señala las dificultades de acceso a créditos hipotecarios, ya sea por tasas de interés o requisitos restrictivos. A esto se suma un 14% que indica que sus ingresos no permiten ahorrar el pie o costear un arriendo.

Desde el análisis del estudio, la economista e investigadora del Instituto UNAB de Políticas Públicas, Sandra Bravo, sostiene que la percepción responde principalmente a factores económicos y financieros, señalando que “la mayoría de las personas siente que hoy acceder a una vivienda propia es más difícil de lo que fue para la generación de sus padres y esto se debe a restricciones económicas y financieras más que a reflejar un cambio cultural hacia el arriendo”.

Pese a este escenario, la vivienda propia sigue siendo una aspiración relevante: solo un 23% está de acuerdo con que hoy conviene más arrendar que comprar, mientras que un 46% se muestra en desacuerdo.

Entre quienes prefieren el arriendo, predominan razones como el alto precio de compra (40,6%), la imposibilidad de acceder a créditos hipotecarios (29,6%) y la falta de ingresos suficientes (12,3%), mientras que apenas un 1,8% valora la flexibilidad como principal motivo.

Respecto de las medidas para mejorar el acceso a la vivienda, un 41,1% menciona subsidios o apoyos económicos, un 39,2% apunta a mejores condiciones de financiamiento hipotecario y un 25,1% plantea aumentar la oferta de viviendas accesibles.

El estudio también refleja escepticismo frente a algunas propuestas en debate, ya que un 60% considera poco o nada efectiva una eventual rebaja temporal del IVA a la compra de viviendas nuevas.

La encuesta fue aplicada entre el 17 de abril y el 3 de mayo de 2026 a 2.636 personas mayores de 18 años de las 16 regiones del país, mediante un cuestionario en línea.

Revisa los resultados completos a continuación:

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