Más de 25 mil funcionarios públicos viajaron al extranjero estando con licencia médica. La superintendenta Pamela Gana defiende su gestión, pero el Senado le enrostra omisión y falta de fiscalización. ¿Falla estructural o desinterés institucional?

El escándalo por el uso fraudulento de licencias médicas remece al sistema público. Entre 2023 y 2024, más de 25 mil funcionarios viajaron fuera del país mientras se encontraban con licencias por motivos de salud. Un dato que ha puesto en jaque a la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), encabezada por Pamela Gana, quien fue citada esta semana a la Comisión de Salud del Senado para explicar la inacción del organismo frente a una situación que, según expertos, era fácilmente detectable.

Gana argumentó que el rol de SUSESO es supervisar a las entidades fiscalizadoras directas —las COMPIN y las isapres—, y aseguró que se están tomando medidas para fortalecer los controles. Sin embargo, su explicación generó molestia entre los parlamentarios. Uno de los puntos más cuestionados fue la falta de implementación del convenio con la Policía de Investigaciones (PDI), firmado en 2014, pero que recién comenzó a operar una década después, en 2024.

“No basta con decir que el problema es de otro. Aquí hay una falla evidente del Estado”, sostuvo uno de los senadores, apuntando a una responsabilidad política compartida por la falta de voluntad para enfrentar el fraude de manera estructural.

A pesar de que la SUSESO ha reportado un aumento en las investigaciones y sanciones, el impacto de esta revelación deja al descubierto una crisis de confianza ciudadana, no solo en las instituciones fiscalizadoras, sino también en el sistema de salud y el aparato estatal en general.

La pregunta queda instalada: ¿cuántos años más deben pasar para que el Estado controle sus propias grietas? Mientras tanto, el abuso continúa, y el costo lo paga el país entero.