Mientras el Gobierno celebra el superávit fiscal y la desaceleración inflacionaria, médicos, personas con discapacidad, científicos y jubilados denuncian las consecuencias de un ajuste que recorta derechos y precariza vidas.

Desde que asumió la presidencia, Javier Milei ha hecho del ajuste fiscal una bandera política y económica. Con la promesa de eliminar el déficit y reordenar las cuentas del Estado, el gobierno libertario ha ejecutado un recorte inédito del gasto público, que ya muestra resultados económicos visibles: inflación a la baja, superávit en las arcas del Tesoro y un mercado que responde con optimismo.

Sin embargo, esos logros económicos conviven con una creciente tensión social. Detrás de los números que entusiasman al oficialismo, hay una realidad que se endurece para miles de argentinos. Sectores esenciales como la salud, la ciencia, la previsión social y la asistencia a personas con discapacidad enfrentan hoy un escenario crítico, con recortes que se traducen en pérdida de ingresos, falta de insumos, cierre de programas y una creciente precarización.

Esta semana, los reclamos confluyen en una gran jornada de protesta frente al Congreso, donde gremios, organizaciones sociales, jubilados y trabajadores estatales buscan visibilizar lo que llaman “el costo humano del ajuste”.

1.- Médicos al límite: “Trabajamos por debajo de la línea de pobreza”

El sector salud ha sido uno de los primeros en alzar la voz. Con sueldos que, en muchos casos, no alcanzan los 500 mil pesos mensuales —por debajo de la línea de pobreza que hoy ronda el millón de pesos—, médicos y médicas de hospitales públicos denuncian que el ajuste no solo afecta sus ingresos, sino también el funcionamiento del sistema sanitario.

“Hay compañeros con más de diez años de antigüedad que ganan lo mismo que un alquiler en Buenos Aires. Muchos renuncian porque no pueden sostenerse”, explicó una médica del Hospital Posadas. A la baja salarial se suma la falta de recursos e insumos, lo que impacta directamente en la atención a los pacientes.

Los gremios de la salud advierten que esta situación genera una “fuga silenciosa” de profesionales hacia el sector privado o al exterior, dejando hospitales desbordados y con planteles cada vez más reducidos.

2.- Personas con discapacidad: recortes que vulneran derechos básicos

Las personas con discapacidad y sus familias atraviesan un escenario alarmante. La demora en los pagos de prestaciones esenciales como terapias, transporte y acompañamiento escolar ha puesto en jaque el funcionamiento de centros especializados y el acceso a derechos garantizados por ley.

Organizaciones del sector advierten que muchos prestadores han dejado de trabajar con obras sociales y organismos públicos por falta de pago, dejando a miles de personas sin cobertura. “Esto no es un lujo. Las prestaciones no son opcionales, son indispensables para vivir con dignidad”, denuncian desde la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI).

En paralelo, se han suspendido programas de apoyo económico a familias y se han recortado partidas destinadas a políticas de inclusión. El impacto no es solo económico: también es emocional y social, profundizando la exclusión de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.

3.- Ciencia y tecnología: paralización y fuga de talentos

El sistema científico argentino, históricamente subfinanciado, atraviesa una de sus peores crisis. La parálisis del CONICET, donde no se realizaron nuevos ingresos en la última convocatoria, la falta de pago a becarios y la suspensión de proyectos en curso, ha generado un clima de incertidumbre entre investigadores y científicos.

La imagen de científicos manifestando en la calle, con sus guardapolvos blancos, se ha vuelto recurrente en las últimas semanas. “La Argentina está frenando su desarrollo futuro. Sin ciencia no hay soberanía ni innovación posible”, afirmó un investigador del CONICET que participa de las protestas.

Varios grupos de investigadores alertan sobre una nueva “fuga de cerebros”, impulsada por salarios que apenas superan los 400 mil pesos y condiciones laborales cada vez más precarias.

4.- Jubilados: el ajuste sobre quienes ya dieron todo

Otro de los sectores más golpeados por la política de ajuste son los jubilados. La reciente modificación en la fórmula de movilidad y la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación han deteriorado aún más los ingresos de quienes viven del haber previsional.

Según datos oficiales, más del 80% de los jubilados percibe la mínima, que apenas supera los 200 mil pesos. Esto implica que muchos adultos mayores deben elegir entre pagar sus medicamentos o comer. “Nos recortan la vida. Somos invisibles para este Gobierno”, denunció una jubilada en una movilización reciente.

Organizaciones de jubilados reclaman una recomposición urgente y advierten que el discurso del “gasto” no puede aplicarse a quienes han aportado durante décadas. “Lo que hoy llaman gasto es, en realidad, un derecho adquirido”, sostienen.

Una sociedad en tensión

El Gobierno insiste en que el ajuste es necesario para evitar una crisis mayor. Pero cada día se multiplican las voces que alertan sobre el deterioro social, la caída del consumo, el cierre de centros de atención y la pérdida de puestos de trabajo.

La pregunta que se instala es hasta cuándo podrá sostenerse esta estrategia sin generar un conflicto social más amplio. Para muchos, el superávit fiscal está siendo financiado con derechos recortados, con vidas precarizadas y con un costo social que no figura en los cuadros de Excel.

Esta semana, los médicos, científicos, jubilados y personas con discapacidad volverán a marchar. No por privilegios ni por beneficios extraordinarios. Marchan, dicen, para que no les arrebaten lo básico: la salud, el futuro, la dignidad y la posibilidad de vivir con un mínimo de justicia social.