Publicado por: Tiempo21 | martes 16 de diciembre de 2025 | Publicado a las: 11:16
La denominada «Operación Apocalipsis» revela un ecosistema criminal en nueve penales del país, donde gendarmes y civiles transaron más de $6.300 millones en sobornos, tráfico de drogas y lujos carcelarios.
Lo que comenzó como una serie de sospechas sobre irregularidades en los penales de Santiago 1 y San Joaquín, terminó convirtiéndose en la mayor investigación anticorrupción de la historia carcelaria chilena. Bajo el nombre de “Operación Apocalipsis”, la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente, liderada por el fiscal Marcos Pastén, coordinó un despliegue sin precedentes en siete regiones, incluyendo La Araucanía, Maule y Bío Bío.
El operativo, que movilizó a casi 700 efectivos de la PDI y unidades de control interno de Gendarmería, permitió ejecutar órdenes de detención contra 44 funcionarios penitenciarios y 35 civiles. Las cifras detrás de esta red son gigantescas: se estima que el flujo de dinero negro supera los $6.300 millones de pesos en los últimos tres años, de los cuales al menos la mitad proviene directamente de cohecho y sobornos.
La investigación desnudó un sistema perfectamente estratificado donde la seguridad de los penales fue capturada por el lucro cesante. Existían roles definidos:
Uno de los puntos más críticos fue el hallazgo de la modalidad de «Rescate», donde gendarmes sustraían equipos incautados en allanamientos para revendérselos a los mismos internos, creando un ciclo de lucro infinito basado en el robo y la extorsión.
El golpe no solo fue humano, sino financiero. La justicia logró el congelamiento de 183 cuentas bancarias y la incautación de propiedades y vehículos de lujo pertenecientes a los imputados. El análisis financiero reveló el uso de testaferros y familiares para blanquear las coimas obtenidas.
Desde la perspectiva política y de seguridad, este caso sacude los cimientos de Gendarmería. El éxito del operativo dependió, en gran medida, de denuncias de funcionarios honestos que, bajo anonimato y enfrentando graves riesgos de represalias —como el envío de coronas de flores o ataques a sus viviendas—, decidieron romper el pacto de silencio. El avance al juicio oral, previsto tras las formalizaciones de este viernes, promete revelar aún más nombres involucrados en esta asociación criminal.