La Comisión de Educación aprobó por unanimidad la idea de legislar el proyecto de ley denominado “Escuelas Protegidas”, iniciativa que busca establecer medidas de seguridad, orden y respeto en los establecimientos educacionales del país.

Tras la votación, la instancia acordó un cronograma de trabajo que contempla escuchar a los últimos invitados durante las jornadas del miércoles 13 y jueves 14 de mayo, para posteriormente avanzar a la votación de indicaciones el viernes 15.

Durante la sesión expusieron representantes de instituciones como CELITEC, la Universidad de Columbia y Fundación 2020, quienes coincidieron en que el proyecto presenta un marcado enfoque punitivo frente a la violencia escolar.

Los especialistas señalaron que las sanciones, por sí solas, no garantizan una disminución de los hechos de violencia si no van acompañadas de estrategias preventivas, mediación y fortalecimiento de la convivencia escolar.

Uno de los puntos que generó mayor debate fue la propuesta que permitiría eliminar la gratuidad a estudiantes condenados por actos violentos. Según los expertos, la medida podría transformarse en una “doble sanción”, afectando las posibilidades de reinserción pedagógica de los alumnos involucrados.

Además, se planteó la necesidad de aplicar las medidas disciplinarias de manera gradual y con pertinencia pedagógica, junto con establecer que revisiones de mochilas o pertenencias sean realizadas exclusivamente por personal capacitado.

Los expositores también insistieron en diferenciar la violencia extrema —como hechos relacionados con armas blancas o de fuego— de situaciones más frecuentes como bullying, ciberbullying o acoso escolar, que representan gran parte de las denuncias registradas en el sistema educativo.

Pese a las críticas, parlamentarios como los senadores Cristián Vial, Rojo Edwards y Gustavo Sanhueza defendieron la necesidad de avanzar en la discusión legislativa, argumentando que existe una alta demanda de mayor seguridad desde las propias comunidades educativas.

En tanto, el senador Vlado Mirosevic planteó la posibilidad de otorgar autonomía a los consejos escolares para definir si aplican o no esta normativa dentro de sus establecimientos.

Por su parte, la senadora Yasna Provoste criticó que el proyecto esté centrado en una lógica de control más que en una protección integral de derechos, advirtiendo además que la ciudadanía podría generar expectativas excesivas respecto a la capacidad de la ley para resolver la violencia cotidiana en las aulas.

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Por: Italo Soto Villarroel.

Con una mirada marcada por su experiencia agrícola y su vínculo directo con el mundo rural, el concejal Pedro Greve analizó, con el carisma que le caracteriza, las principales necesidades que enfrentan los sectores rurales de Temuco, cuestionando la falta de inversión histórica en caminos, locomoción, agua potable y conectividad.

En conversación exclusiva con Tiempo 21, aseguró que muchas veces la realidad del campo “no se dimensiona” desde la ciudad y defendió la necesidad de priorizar políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de las familias rurales.

Durante la entrevista, Greve también abordó los primeros meses del gobierno del Presidente José Antonio Kast, defendiendo los ajustes impulsados por el Ejecutivo y llamando a dar tiempo para que el equipo de gobierno “se afiate”.

Además, planteó una profunda reorganización de la Feria Pinto, apostando por convertirla en un espacio más moderno, seguro y turístico, junto con descentralizar la venta de productos agrícolas hacia distintos sectores de la comuna.

Para que los lectores vayan conociéndolo… ¿quién es Pedro Greve?

— Pedro Greve es una persona común y corriente. Padre de familia, una persona trabajadora, agricultor toda su vida, profesional, con estudios universitarios, con título de agrónomo. Así que He desarrollado mi vida como cualquier cristiano más.

Tengo dos hijos. Se me portan bien los cabros, son muy buenos los chicocos, yo no sé a quién salieron, pero son buenos (ríe).

A dos meses del nuevo gobierno, ¿cuál es su evaluación del este? ¿Ha arrancado bien José Antonio Kast?

— La verdad es que yo veía desde antes que asumiera Kast, que el escenario venía complejo. Había problemas económicos importantes, además de una crisis de seguridad y droga que no se resuelve de un día para otro porque ya se instaló dentro de la sociedad.

Nunca es fácil “apretarse el cinturón”, pero a veces pasa igual que en una casa: cuando faltan recursos, hay que ajustarse para después recuperar solvencia y poder hacer bien las cosas. Por eso creo que varios de los ajustes que ha hecho el Gobierno apuntan justamente a ordenar un sistema que venía funcionando mal.

Si, hay programas que se recortaron porque, según los estudios, no estaban llegando realmente a las personas. Muchas veces 80% de los montos iban para remuneraciones y 10% de los dineros iban a ayuda efectiva para la gente, ¿eso es justo? ¿Es correcto?

Concejal, el Gobierno ha cometido errores, contradicciones entre ministros, poca preparación, información mal entregada, ministros peleándose, etc. ¿Cuál es la crítica de lo que ha sucedido en sólo 2 meses?

— Lo que pasa es que uno viene entrando, cuando tú vienes entrando a una pega, cualquiera sea el profesional, tú no te la sabes todas, tienes que ir acomodándote y aprendiendo. Estos son meses de aprendizaje, porque no es una sola persona la que trabaja, sino que es un grupo de gente.

Este este grupo de gente se tiene que afiatar y para eso, uno debe dar tiempo para que todos vayan en la misma línea.

El presidente también tiene que aprender cómo se maneja el cuento.

¿Y por qué ese cambio de opinión? La crítica de su sector durante los primeros días del gobierno de Boric, era muy diferente y hasta descarnada, uno pensaría que tienen la fórmula lista y preparada para gobernar en tranquilidad, pero cometen los mismos errores e incluso peores. ¿Por qué esta voltereta de opinión del Partido Republicano?

— Sí, pero tampoco hay que olvidar que el gobierno de Gabriel Boric recibió un escenario mucho más favorable, con un Estado funcionando y con recursos disponibles. Hoy el contexto es distinto, con problemas económicos y de seguridad mucho más complejos, por lo que ordenar la situación cuesta más.

A Boric también se le dio tiempo en sus primeros meses para que su equipo se afiatara, y las críticas más fuertes llegaron después. Creo que ahora corresponde tener el mismo criterio.

Hay una incertidumbre que ha generado el gobierno con respecto al financiamiento de municipalidades, principalmente por la eliminación de las contribuciones, en Temuco, dichos fondos representan el 34% del tesoro municipal, sin embargo, al eliminarse, y pensando en el sector que representa, ¿cómo afecta a los problemas que tiene el sector rural? ¿Qué tranquilidad podemos darle a quienes viven allí?

—Esto nos va a afectar a todos de una u otra forma. Hay adultos mayores que trabajaron toda su vida y hoy no pueden pagar contribuciones, por lo que en esos casos me parece positivo generar alivios.

Pero también habrá una baja en los ingresos municipales y todavía no está claro cuánto será esa merma. Quizás el beneficio debería focalizarse según la capacidad de pago y no aplicarse de manera tan general, porque en sectores rurales los recursos son fundamentales para caminos, agua potable, electricidad y otras necesidades básicas.

Usted tiene formación relacionada al campo, y desde ese conocimiento más su experiencia agrícola y su paso por proyectos hidráulicos, ¿por qué el mundo rural de Temuco sigue presentando brechas estructurales en acceso a agua, conectividad y servicios básicos que no han sido resueltas en décadas? ¿Qué falla?

— Mira, casi todos, por ejemplo, los APR vienen eh directamente de la dirección de obras hidráulicas. Y viene con los dineros del Core. Estoy de acuerdo que todos necesitamos agua, y estoy de acuerdo en que todos necesitamos caminos, pero si tú lo vas viendo, en realidad en la cantidad de dinero que la municipalidad entrega a la parte rural, es cosa que uno se vaya a dar una vuelta nomás, y vas a ver que la parte rural sigue casi igual a como estaba.

¿Qué es lo que necesitan las personas del sector rural de Temuco?

— Caminos, buena locomoción, agua y luz.

Hay sectores donde después de ciertos kilómetros ya no existe transporte y muchos niños deben caminar largos trayectos para llegar a la escuela, incluso bajo la lluvia y en malas condiciones. Muchas veces llegan con la ropa mojada o pasan horas trasladándose solo para estudiar.

La realidad rural es muy distinta a la urbana y no siempre se dimensiona el esfuerzo diario que hacen las familias del campo para acceder a servicios básicos y educación.

¿Cuál es la mayor deuda que tiene la Municipalidad de Temuco con sus sectores rurales?

— Las que te dije recién. A eso se suma la infraestructura de las escuelas rurales, porque muchas veces no cuentan con las mismas condiciones que los establecimientos urbanos: falta calefacción adecuada, espacios techados o infraestructura acorde para los niños. Además, en muchos casos la alimentación escolar es la comida más importante que reciben durante el día y no se entrega en espacios adecuados.

Hoy, desde el Concejo Municipal, usted tiene incidencia directa como representante de la ruralidad. ¿Qué medidas concretas y medibles ha impulsado para evitar que ese diagnóstico se quede en el discurso político? ¿Cuáles son sus iniciativas para transformar realmente a las comunidades rurales?

— Desde el concejo municipal, he impulsado mejoras en caminos de sectores como Trañi Trañi, Labranza y Mollulco, porque con buenos caminos también llega la locomoción. En el campo el transporte es escaso y muchas familias, adultos mayores y pequeños agricultores dependen completamente de esos recorridos para movilizarse, vender sus productos o simplemente regresar a sus hogares.

Por eso creo que la conectividad rural es una necesidad básica y una prioridad urgente.

¿Ha tenido acercamientos con empresas de buses para crear una ruta o alguna línea de microbuses?

— Las empresas de transporte de pasajeros, dependen de la oferta y la demanda. Y aunque esas personas necesitan transporte, no es codiciable para ellas, porque es un número reducido.
Si pensamos en tener una ruta, también debemos tener buenos caminos, sino las máquinas se van a atrofiar antes de lo que esté presupuestado.

Concejal, ¿y un transporte financiado por el municipio? Con rutas y horarios establecidos.

— Mira, puede ser factible, pero volvemos a lo mismo: el estado de los caminos.

Tu puedes establecer recorridos, traer buses, etc. El problema de acá que tienes unos hoyos que son verdaderos cráteres, tienes problema con el desagüe de aguas lluvias, entonces, hago yo la pregunta: ¿resultará económico en cuanto a gasto tener un bus con recorrido y los caminos de esa forma? Creo que va a ser más problemas que beneficios.

Usted habla mucho del estado de los caminos, sin embargo, ahora usted es gobierno, es oficialista, ¿cuál sería el llamado a su gobierno?

— Por lejos que tratemos de tener los caminos lo mejor posible. No necesariamente asfaltado, o sea, ojalá estuviera todo asfaltado, pero no olvidemos que la comuna de Temuco, es una de las comunas que tiene más caminos. Pero se pueden asfaltar a lo menos el esqueleto principal.

La Feria Pinto es el punto neurálgico de comercialización de productos del campo de La Araucanía por excelencia, sin embargo, hoy en día este punto de la ciudad se ha vuelto un verdadero problema por temas de seguridad, consumo de estupefacientes y reventa de productos ortofrutícola. ¿Cómo solucionamos de una vez por todas las problemáticas y hacemos que sea una oportunidad de potenciar el comercio en la región? ¿Cómo hacer del comercio ortofrutícola una oportunidad y no un problema?

— La Feria Pinto, para mí, ya está colapsada. Hoy faltan estacionamientos, seguridad y una mejor organización tanto para quienes venden como para quienes compran. Creo que debería transformarse en un espacio más ordenado, turístico y cómodo, con mejores baños, locales de comida y espacios pensados para que las familias puedan recorrerla con tranquilidad. Además, es importante diferenciar al productor rural del revendedor, porque el agricultor muchas veces viene solo a vender lo que cosecha y luego vuelve a trabajar a su campo.

También pienso que Temuco debe descentralizar este sistema y crear ferias en distintos macrosectores de la comuna. Eso permitiría acercar los puntos de venta a los productores rurales, descongestionar la Feria Pinto y facilitar el acceso a quienes no cuentan con vehículo propio. Muchos agricultores dependen de la locomoción colectiva para trasladar sus productos y, si no logran vender rápido, terminan perdiendo mercadería fresca que se descompone en pocos días.

El agricultor cumple un rol fundamental porque produce los alimentos que llegan todos los días a las mesas de las familias. Además, en Temuco existe una ventaja importante: gran parte de la producción agrícola local utiliza poca intervención química y agua de pozo, acercándose incluso a prácticas agroecológicas. Por eso creo que hay que fortalecer el mundo rural, apoyar al pequeño productor y proyectar una infraestructura acorde al crecimiento que está teniendo la ciudad.

A futuro, lo ideal sería pensar en una nueva gran feria con espacios adecuados para el crecimiento que ha tenido Temuco, incorporando zonas para mayoristas, minoristas, frigoríficos y servicios.

El productor rural ha sido históricamente poco valorado, pero finalmente es quien abastece diariamente a las familias y merece mejores condiciones para trabajar y comercializar sus productos.

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Conmoción generó la muerte de un estudiante al interior de una sede de Inacap en la comuna de La Granja, luego de sufrir una descarga eléctrica durante una clase práctica desarrollada en dependencias de la institución.

Según los antecedentes preliminares, el joven fue auxiliado inicialmente por sus propios compañeros tras el accidente, sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, terminó falleciendo en el lugar.

La comisaria Karla Alarcón, de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI, confirmó que detectives realizaron diligencias en el sitio del suceso para esclarecer cómo ocurrió la tragedia y determinar eventuales responsabilidades. “Fue auxiliado en primera instancia por sus compañeros, falleciendo en el sitio”, señaló la funcionaria policial.

Debido a la falta de reacción de la casa de estudios, explicó que la investigación busca establecer si existió algún tipo de negligencia por parte de la institución educacional o si hubo responsabilidad asociada al actuar del estudiante durante la actividad práctica.

Las diligencias consideran el levantamiento de evidencia, revisión de protocolos de seguridad, funcionamiento de equipos y las condiciones en que se desarrollaba la clase al momento del accidente.

El caso volvió a abrir el debate sobre las medidas de seguridad en talleres y laboratorios de instituciones técnicas y profesionales, especialmente en carreras donde los estudiantes trabajan con sistemas eléctricos, maquinaria y herramientas de alto riesgo.

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Claudio Núñez Q.

El presidente regional del Colegio de Profesores en La Araucanía, Pablo Pincheira, se refirió al debate por la seguridad al interior de los establecimientos educacionales, luego de los últimos hechos de violencia escolar registrados en el país y también en la región.

En conversación con Tiempo 21, el dirigente sostuvo que el fenómeno no es nuevo y que desde antes de la pandemia el gremio venía advirtiendo sobre situaciones de violencia entre estudiantes, así como también agresiones de apoderados hacia docentes.

“Lamentamos los hechos de violencia que se han visto aumentados en este presente año escolar. No obstante, no es algo nuevo, ya que incluso desde antes de la pandemia habíamos alertado que en los establecimientos se venían dando actos de violencia”, señaló.

Pincheira afirmó que este escenario preocupa al profesorado porque altera el objetivo central de las comunidades educativas.

“La violencia viene a sacarnos del foco principal que tenemos como docentes, que es educar, trabajar en las escuelas y en la formación integral de los estudiantes”, indicó.

En esa línea, explicó que el Colegio de Profesores se encuentra impulsando diálogos al interior de las comunidades educativas, a los que han denominado cabildos, con participación de docentes, asistentes de la educación, apoderados y estudiantes.

Según dijo, el objetivo es conversar sobre las causas de la violencia escolar y construir acciones que permitan disminuir estos hechos.

“Creemos que es importante abordar el tema de fondo, y el tema de fondo para nosotros tiene que ver con la convivencia escolar”, sostuvo.

Pórticos y revisión de mochilas

Consultado por la implementación de pórticos detectores de metales en colegios, Pincheira reconoció que pueden servir como herramienta preventiva, pero insistió en que no resuelven el problema estructural.

“Nosotros no decimos que eso no contribuye. Sí contribuye, por ejemplo, para evitar que ingrese un estudiante con arma al establecimiento, lo va a detectar. Pero no es la solución definitiva”, afirmó.

El dirigente agregó que la discusión debe ir más allá del control de acceso.

“¿Por qué ese estudiante o esa persona tiene acceso a armas? ¿Por qué esa persona lleva armas al establecimiento? Es ahí donde tenemos que centrarnos”, planteó.

Por lo mismo, calificó estas medidas como “paliativas” y advirtió que no deberían transformarse en una práctica permanente dentro de las escuelas.

“Son medidas paliativas que van a ayudar a prevenir ciertas acciones, pero no estamos abordando la temática de forma integral”, remarcó.

Respecto a la revisión de mochilas, Pincheira fue enfático en señalar que no se trata de una función que deba recaer sobre profesores ni asistentes de la educación.

“No es una tarea que esté en el contrato de un docente. No es una tarea que esté en el contrato de los asistentes de la educación, que son quienes trabajan en los establecimientos”, afirmó.

En ese sentido, planteó que cualquier definición sobre quién ejecuta este tipo de procedimientos corresponde al sostenedor, pero insistió en que el profesorado no puede asumir labores de seguridad pública.

“Somos categóricos en manifestar que no es una tarea que le corresponda ni a los profesores ni tampoco a los asistentes de la educación”, dijo.

Sin reunión específica con el alcalde Neira

Pincheira también fue consultado sobre si ha conversado con el alcalde de Temuco, Roberto Neira, respecto a la instalación de pórticos en establecimientos municipales.

El dirigente explicó que han sostenido una reunión protocolar, pero no una conversación específica sobre esta materia.

“Con don Roberto Neira no hemos tenido la oportunidad. Tuvimos una reunión de presentación protocolar, pero no hemos abordado este punto”, precisó.

De todos modos, aclaró que el Colegio de Profesores no se opone de manera absoluta a la instalación de pórticos, aunque insistió en que se trata de una medida preventiva.

“No nos oponemos rotundamente a la instalación. Aporta, suma, insisto, para prevenir que los estudiantes ingresen con armas. Pero hay que abordar el tema de fondo”, señaló.

Salud mental y falta de recursos

Para Pincheira, uno de los principales problemas es que los establecimientos no cuentan con equipos suficientes para abordar situaciones vinculadas a salud mental y convivencia escolar.

El presidente regional del Colegio de Profesores indicó que en muchos colegios existe una o dos psicólogas para cientos de estudiantes, con funciones principalmente orientadas al ámbito educacional y no terapéutico.

“La escuela no tiene las herramientas suficientes para poder abordar esto. Pensemos en un establecimiento con 500 estudiantes, donde hay una psicóloga o dos psicólogas, y su trabajo está principalmente enfocado al tema de orientación, no así al tema terapéutico”, explicó.

Agregó que muchas veces los colegios detectan problemas de salud mental y realizan derivaciones, pero las familias no siempre cuentan con recursos para pagar atención especializada.

“No todas las familias tienen 80 mil o 100 mil pesos para pagar una consulta particular”, sostuvo.

Por ello, planteó que se requiere una inyección de recursos para contratar más profesionales, fortalecer los equipos psicosociales y apoyar a las familias cuando se requieran atenciones especializadas.

“La solución de fondo es poder abordar la convivencia escolar de una manera mucho más integral, con inyección de recursos”, afirmó.

Críticas a recortes y Ley Miscelánea

Pincheira también abordó la preocupación del gremio frente al proyecto de Ley Miscelánea o de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social impulsado por el gobierno de José Antonio Kast, especialmente por su eventual impacto en educación, financiamiento escolar y condiciones laborales docentes.

El dirigente sostuvo que este tipo de iniciativas generan preocupación cuando se instala una lógica de recortes en áreas sensibles.

“Nos preocupa porque va totalmente en contra de las necesidades que se plantean en las comunidades educativas”, afirmó.

En ese contexto, recordó la polémica generada por el documento que abrió dudas respecto a la continuidad del servicio de alimentación escolar.

“Eso nos está demostrando que existe un total desconocimiento de cómo funciona el sistema escolar y cómo funciona el servicio de alimentación en las escuelas”, señaló.

Pincheira agregó que en una región como La Araucanía, donde existen altos niveles de vulnerabilidad, la alimentación entregada en los establecimientos puede ser fundamental para muchos estudiantes.

“Muchas veces la alimentación del establecimiento es la alimentación más importante para un niño o para un estudiante”, advirtió.

Ministra de Educación: “No es profesora”

Respecto a la conducción de la ministra de Educación, María Paz Arzola, el presidente regional del Colegio de Profesores dijo que prefiere ser cauteloso, considerando que está comenzando su gestión.

Sin embargo, planteó una crítica respecto a su perfil profesional.

“Una de las críticas que podemos mencionar es que no es profesora. En todos los gobiernos que son exitosos en sus sistemas educativos, si uno revisa, los ministros de Educación son docentes”, señaló.

Pincheira valoró, en cambio, que a nivel regional el seremi de Educación sea profesor, algo que —dijo— esperaban también a nivel ministerial.

“Eso mismo esperábamos como Colegio de Profesores a nivel más macro, a nivel ministerial”, indicó.

Junto con ello, llamó a que las decisiones del Ministerio no afecten avances ya alcanzados, mencionando entre ellos la continuidad del pago de la deuda histórica docente.

Línea roja del Colegio de Profesores

Finalmente, consultado por la condición mínima que debería existir antes de aplicar medidas como pórticos, revisión de mochilas u otros mecanismos de control, Pincheira fue claro en señalar que el foco debe estar en fortalecer la convivencia escolar.

“Principalmente, fortalecer los equipos de convivencia escolar en los establecimientos educativos, porque ese es el gran problema que tenemos hoy día”, afirmó.

El dirigente sostuvo que dicho fortalecimiento debe traducirse en más recursos, contratación de profesionales y especialistas en salud mental.

“Ese fortalecimiento está dado por la inyección de recursos y la contratación de personal, de profesionales especialistas en las temáticas de salud mental”, concluyó.

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Lo que escribo a continuación, tiene como finalidad dar a conocer públicamente mi opinión como ciudadano, y que entiendan, desde mi experiencia, como estudiante de Temuco, sobre la posible reducción del transporte público y su impacto en la vida diaria de estudiantes y trabajadores.

En los últimos días, el gremio del transporte público de Temuco y Padre Las Casas ha advertido que, debido al alza sostenida del precio del diésel, hasta 160 microbuses podrían dejar de circular y que se evalúa una reducción cercana al 20% de los recorridos.

Estas no son solo cifras. Para estudiantes y trabajadores esto representa una amenaza real a la rutina diaria. En mi caso, soy estudiante y cada mañana debo tomar el transporte público cerca de las 7:00 hrs. para llegar a mi liceo a las 8:00 hrs. Actualmente los buses ya van llenos y los tiempos son muy ajustados.

Si esta reducción se concreta, llegar a clases a tiempo será prácticamente imposible.

Lo mismo ocurre con muchos trabajadores que dependen del transporte público para cumplir sus jornadas laborales. Cuando se advierte que los buses podrían dejar de circular, la vida cotidiana de miles de personas queda en riesgo, sin alternativas reales.

Como estudiante, solicito, con mucho respeto y humildad a nuestras autoridades y gremios del transporte de pasajeros, que este tema no se trate solo como un problema económico entre instituciones, sino como una urgencia social que afecta directamente a quienes usamos el transporte público por necesidad y no por gusto.

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La ministra de Educación, María Paz Arzola, anunció la derogación de tres circulares vinculadas a la convivencia escolar y reglamentos internos, las que habían sido impulsadas durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric.

Se trata de las circulares 781, 782 y 202, que establecían lineamientos para la elaboración de reglamentos internos en establecimientos educacionales, incluyendo aspectos como convivencia escolar, medidas formativas, enfoque de inclusión y normativas para educación parvularia.

Según la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, la circular 781 regulaba materias como identidad de género, uso de uniforme y no discriminación; la 782 exigía adecuar reglamentos bajo principios de proporcionalidad, enfoque formativo y perspectiva de género; mientras que la 202 fijaba instrucciones obligatorias para jardines infantiles y salas cuna.

Desde la autoridad fiscalizadora, la superintendenta Pamela Adriazola explicó los motivos de la decisión. “Han generado mucha intranquilidad en las comunidades educativas y no solo en el contenido, sino en el tiempo que fueron publicadas, en vacaciones, lo que creemos fue inoportuno e innecesario”, señaló.

En esa línea, agregó que “son temas importantes porque tienen que ver con la gestión de la convivencia escolar (…) lo que vamos a hacer es derogar estas tres circulares que tienen que ver con reglamento interno y con gestión de la convivencia de los establecimientos educacionales”.

La autoridad también aclaró el alcance de los cambios: “El contenido de la 781 no tiene que ver con el género (…) tiene que ver con la regulación de lo que deben contener los reglamentos internos (…) entró en vigencia una ley y tenemos que adecuarla a sus reglamentos y a la nueva normativa vigente”.

Con esta decisión, el Gobierno busca alinear la normativa escolar con la legislación actual, en medio de un debate sobre el rol del Estado en la regulación de la convivencia y los contenidos dentro de los establecimientos educacionales.

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La próxima edición de la Teletón ya tiene fecha confirmada. La campaña solidaria se llevará a cabo el viernes 6 y sábado 7 de noviembre de 2026, en el marco de sus 48 años de historia convocando al país.

El anuncio se realizó en el Instituto Teletón de O’Higgins, que cumple sus primeros 100 días de funcionamiento, en una actividad que contó con la presencia del Presidente José Kast, autoridades, representantes sociales, pacientes y familias beneficiarias.

Durante la jornada, el mandatario destacó el valor transversal de la iniciativa y anunció el envío de un proyecto de ley. “Más allá de las diferencias legítimas que podamos tener, hay causas que nos unen, y la Teletón es una de ellas. Por eso vamos a presentar un proyecto de ley para establecer el Día Nacional de la Teletón y el Día del Encuentro Familiar”, señaló.

Desde la organización, su presidente, Guillermo Tagle, relevó el impacto del nuevo centro en la región. “Este instituto no es solo un edificio, es una muestra viva de que Teletón ocurre todos los días (…) Lo que vemos hoy es profundamente esperanzador”, afirmó.

Por su parte, el cofundador y director honorario, Mario Kreutzberger, subrayó el significado de la obra solidaria. “Este instituto representa de manera muy concreta lo que somos capaces de hacer cuando nos unimos detrás de un propósito común (…) los días 6 y 7 de noviembre volveremos a encontrarnos como país en una nueva Teletón”, expresó.

Kreutzberger también abordó los desafíos pendientes, como la construcción de nuevos centros y la ampliación de cobertura, reforzando el llamado a participar en la próxima campaña.

La fecha fue acordada junto a los canales de televisión que transmiten las tradicionales 27 horas solidarias, instancia que desde 1978 ha permitido financiar la rehabilitación de cerca de 32 mil niños, niñas y jóvenes con discapacidad en el país.

Con la campaña 2026 ya en marcha, la meta será renovar el compromiso ciudadano, tomando como referencia los más de $44 mil millones recaudados en la última edición.

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En las últimas semanas, distintos establecimientos educacionales a lo largo de Chile han debido enfrentar una preocupante seguidilla de amenazas vinculadas a supuestos tiroteos o atentados, muchas de ellas difundidas a través de rayados en baños, muros o redes sociales. Estos mensajes han generado temor entre estudiantes, apoderados y comunidades educativas, impactando directamente en la asistencia a clases.

Autoridades y comunidades escolares han reconocido un aumento en el ausentismo, motivado principalmente por la incertidumbre frente a estas advertencias, muchas veces sin autor identificado. En varios casos, los establecimientos han debido activar protocolos de seguridad, suspender clases o reforzar la presencia policial como medida preventiva.

Desde el ámbito de la seguridad, especialistas advierten que este fenómeno no solo responde a amenazas concretas, sino también a dinámicas de intimidación que buscan generar caos y alterar el normal funcionamiento de los recintos educativos.

En ese contexto, el profesor y consultor en inseguridad, Jorge Aguirre Hrepic, abordó la situación con un llamado directo a las familias y estudiantes, poniendo énfasis en el carácter de estas amenazas. “Estamos viviendo un tema de inseguridad escolar muy fuerte, muy delicado, donde la carencia de normas, al valer decir la nomia, la crisis, el caos se ha apoderado a raíz de determinados rayados que aparecen especialmente en los baños o en las paredes de los colegios, invitando a acciones delictivas o tiroteo en determinada fecha, asustando a los educandos con la finalidad de que no vayan a clase. Eso es su objetivo”.

El experto sostuvo que «cuando ocurre una amenaza no se escribe verdaderamente, los atentados son por sorpresa. Por lo tanto, la única forma de, en este minuto, contrarrestar lo que quieren hacer los delincuentes es enviando a sus hijos a clase y efectuar prevención con las instituciones policiales, las instituciones educativas y las municipales de seguridad”.

Las autoridades han reforzado el llamado a denunciar este tipo de situaciones y a no difundir información no verificada, mientras continúan monitoreando los casos y coordinando acciones con las policías para resguardar la seguridad en los recintos educacionales.

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El Gobierno salió a precisar los alcances de los cambios anunciados al sistema de gratuidad en la educación superior, luego de la primera cadena nacional del presidente José Kast. Fue el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien detalló las medidas, enfatizando que el beneficio no será eliminado, aunque sí tendrá modificaciones relevantes en su funcionamiento.

El secretario de Estado fue categórico en descartar el fin del sistema, señalando que “no hay ningún término del derecho a gratuidad tal como fue planteado en su comienzo”, en respuesta a las dudas que surgieron tras los anuncios del Ejecutivo.

En esa línea, explicó que las instituciones actualmente adscritas continuarán formando parte del sistema sin cambios. En total, se trata de 38 universidades, siete institutos profesionales y 23 centros de formación técnica que seguirán operando bajo el esquema vigente.

Sin embargo, el ministro confirmó que el Gobierno impulsará una moratoria de cuatro años para el ingreso de nuevas instituciones a la gratuidad, una medida que busca contener el crecimiento del gasto público asociado al beneficio.

Junto con ello, Quiroz ratificó que la gratuidad tendrá un límite en años, precisando que los ajustes apuntan a introducir mayor control y sostenibilidad en el sistema.

El titular de Hacienda justificó estas decisiones apuntando directamente al aumento del costo fiscal del programa. “El gasto en gratuidad alcanza los 2,2 billones de pesos, cuando se estimaba en cerca de 0,9 billones y ha resultado el doble”, advirtió, subrayando la necesidad de incorporar criterios de eficiencia en el uso de los recursos públicos.

Además, el ministro también buscó llevar tranquilidad a quienes actualmente cuentan con el beneficio, asegurando que no verán afectada su situación. “Ningún estudiante que hoy tenga gratuidad la va a perder producto de esta ley”, afirmó, reforzando que los cambios apuntan principalmente a las condiciones futuras del sistema.

Las definiciones se enmarcan en el «Plan de Reconstrucción Nacional” impulsado por el Ejecutivo, que contempla una serie de medidas orientadas a ordenar las finanzas públicas y redefinir el alcance de políticas sociales clave, entre ellas el financiamiento de la educación superior.

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En el modelo económico ideal, ese que uno imagina en un seminario de teoría con el pizarrón impecable, no existe la cotización obligatoria en el sistema de pensiones. Los individuos perfectamente racionales suavizan su consumo a lo largo del ciclo de vida, ahorran lo necesario durante su etapa activa y llegan a la jubilación con los recursos suficientes para financiar el estándar de vida que eligieron. Si eso implica vivir un poco peor en la vejez, no hay problema, porque esa caída ya estaba anticipada en sus decisiones. En ese mundo, el sistema previsional no tiene rol.

Chile, como casi todos los países, decidió no confiar en ese ideal. Pero consistente con un espíritu libertario, crea el sistema de capitalización con una tasa mínima de ahorro del 10%. Se entiende que sí hay procrastinación y una tendencia persistente a sobrevalorar el presente. El problema no es la oferta de instrumentos de largo plazo, sino el comportamiento. El 10% es un acto de paternalismo mínimo que no eliminaba la libertad.

Pero rápidamente aparece un segundo problema. Ese 10% no alcanza para sostener el estándar de vida que apuntan en la vejez. Entonces surge el APV, que en principio devuelve el sistema a su lógica original. Si usted quiere una mejor pensión, ahorre más. Sin embargo, pronto vemos que estamos pidiendo a los mismos individuos que antes no ahorrarían lo suficiente, que ahora sí lo hagan voluntariamente. La solución es introducir incentivos tributarios diferenciados.

El APV A subsidia en un 15% ahorro de ingresos medios y bajos. El APV B descuenta las tasas marginales de impuestos más altas y funciona como un auto seguro de desempleo si se hacen retiros en tiempos de bajos ingresos, penalizando el uso no previsional. El Estado vuelve a intervenir, pero sólo persuadiendo. La ironía se profundiza cuando miramos el uso efectivo del instrumento.

Desde la economía positiva, la discusión es sobre causalidad, cómo responden las personas a estos incentivos. Por ejemplo, si el ahorro obligatorio desplaza el voluntario (la evidencia sugiere que el desplazamiento es parcial). Estudia cómo las personas parecen no optimizar perfectamente, pero tampoco ignoran completamente los incentivos. Intentando dejar la ideología de lado.

La economía normativa enfrenta la pregunta más incómoda. Incluso si el sistema aumenta el ahorro, qué nivel de desigualdad en el bienestar durante la vejez estamos dispuestos a aceptar. Un sistema basado en decisiones individuales, incluso con correcciones conductuales, inevitablemente genera dispersiones importantes en resultados.

Algunos llegarán a la jubilación con niveles de consumo cercanos a los que decían apostar, ajustando por las condiciones económicas durante su vida, y otros no. Y esa diferencia no siempre reflejará preferencias, sino también errores, información imperfecta o simplemente mala suerte.

Ahí está la paradoja. Pudiendo avanzar hacía un mundo sin intervención, introdujimos una obligación a ahorrar y luego incentivos porque no bastaba. Terminamos con un sistema imperfecto, como el de pensiones en Chile hoy. Y desde ahí reaparece la discusión ideológica de cuánto espacio dejar a la libertad individual y cuánto al Estado.

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