La organización cuestionó duramente el ambiente político tras recientes intervenciones parlamentarias, advirtiendo sobre el impacto en las comunidades LGBTIQ+ y llamando a las autoridades a asumir responsabilidades.

A través de una declaración pública, la organización cuestionó el rol de las autoridades frente a este tipo de expresiones, apuntando directamente a la responsabilidad institucional en el resguardo del respeto y la dignidad de las personas.

“Cuando permites discursos de odio en el Congreso, validas la violencia en la sociedad”, señaló María José Cumpli, presidenta de la fundación, enfatizando que este tipo de mensajes no solo afectan el debate político, sino que también tienen consecuencias concretas en la vida de las personas pertenecientes a la diversidad sexual.

El pronunciamiento surge luego de una serie de declaraciones realizadas por parlamentarios que han sido ampliamente criticadas por organizaciones sociales y sectores políticos, generando un nuevo foco de tensión en el debate público.

Desde Iguales advirtieron que estos discursos contribuyen a un clima de hostilidad y discriminación, especialmente hacia la comunidad LGBTQ+, en un contexto donde —según indican— aún existen brechas importantes en materia de derechos y protección.

Asimismo, la organización hizo un llamado a los liderazgos políticos a asumir un rol activo en la promoción del respeto y a establecer límites claros frente a expresiones que puedan incitar al odio o la violencia.

En esa línea, recalcaron la importancia de fortalecer los mecanismos institucionales que permitan sancionar este tipo de conductas, así como avanzar en políticas públicas que garanticen la inclusión y la igualdad de derechos.

El debate se instala en un momento donde el Congreso enfrenta múltiples discusiones sensibles, evidenciando las tensiones existentes en torno a temas valóricos y de derechos fundamentales en el país.

La declaración de Iguales se suma a otras voces que han advertido sobre el deterioro del tono en el debate político, abriendo una discusión más amplia sobre los límites de la libertad de expresión y la responsabilidad de las autoridades en el espacio público.