La exministra de Salud y académica Karla Rubilar advirtió que el sistema público destina millonarios recursos a mantener hospitalizadas a personas que ya no requieren atención clínica, debido a la falta de alternativas residenciales y soluciones sociales.

Un total de 1.056 personas permanecen hospitalizadas en Chile pese a haber recibido el alta médica, según cifras confirmadas por el Ministerio de Salud. Se trata de pacientes que no pueden abandonar los recintos asistenciales porque carecen de redes de apoyo o de un lugar adecuado donde continuar su cuidado, situación que mantiene ocupadas camas que podrían destinarse a nuevos tratamientos y emergencias.

La cifra ha ido en aumento durante los últimos meses. En marzo de este año eran 996 los pacientes en esta condición y actualmente se encuentran distribuidos en 137 establecimientos de salud del país. El problema se agrava considerando que la red pública dispone de apenas 206 camas especialmente destinadas para estos casos, por lo que el 76% de los pacientes permanece en camas de agudos, diseñadas para atenciones de alta complejidad.

El impacto económico también es significativo. De acuerdo con los antecedentes entregados, mantener este sistema representa un costo directo estimado en $94.500 millones anuales. Sin embargo, el denominado costo de oportunidad alcanza los $166.000 millones, recursos que el sistema deja de percibir al no poder utilizar esas camas para nuevos pacientes y prestaciones financiadas por Fonasa.

La diferencia de costos entre una hospitalización prolongada y una residencia especializada resulta considerable. Mientras una cama hospitalaria implica un gasto cercano a $94,9 millones al año por persona, una plaza en un Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM) o residencia especializada alcanza aproximadamente los $8,4 millones anuales.

Para la doctora Karla Rubilar, académica y jefa de Salud Pública de la Universidad Autónoma de Chile, el problema tiene un origen estructural más que sanitario. “No estamos ante un problema de capacidad sanitaria, sino ante la ausencia de una oferta social que el Estado no ha querido, o no ha sabido, construir”, afirmó.

Otro antecedente que preocupa es que el 30,7% de estos pacientes se encuentra judicializado, lo que dificulta aún más la búsqueda de soluciones y prolonga su permanencia en hospitales.

Rubilar sostuvo que la situación exige una redefinición de las políticas públicas en materia de cuidados y egreso hospitalario. “Seguir financiando camas en lugar de trayectorias de egreso es, lisa y llanamente, subsidiar la ineficiencia con recursos que la salud pública no puede permitirse perder”, concluyó.