El proyecto fue aprobado por amplia mayoría en la Cámara, pero la oposición acusa eventuales inconstitucionalidades, mientras desde el oficialismo defienden medidas más duras ante la violencia escolar.

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto “Escuelas Protegidas”, iniciativa impulsada por el Gobierno de José Antonio Kast que ahora avanzará al Senado, en medio de un intenso debate político y jurídico.

La propuesta fue visada con 103 votos a favor, 43 en contra y 3 abstenciones, consolidando su paso al segundo trámite legislativo.

El proyecto busca reforzar la seguridad en establecimientos educacionales, incorporando medidas como la revisión de mochilas, mayores atribuciones para los colegios y sanciones frente a hechos de violencia.

Desde el oficialismo, el diputado Eduardo Cretton defendió con fuerza la iniciativa, señalando que “lo que estamos buscando con este proyecto de ley es recuperar el espacio educativo para todos los niños y jóvenes que realmente quieren ir a estudiar y aprender”.

En esa línea, advirtió que “no podemos seguir tolerando que una minoría afecte el derecho de la gran mayoría de los alumnos a formarse en un ambiente seguro”.

Además, enfatizó que el objetivo no es solo sancionar: “no se trata sólo de establecer mayores sanciones y restricciones para los estudiantes, sino que de enviar una señal muy clara de que no vamos a seguir permitiendo que la violencia y la impunidad se terminen imponiendo”.

El parlamentario también valoró medidas como la restricción de beneficios, afirmando que “no podemos permitir que la violencia termine imponiéndose en nuestro país. Los colegios y las universidades deben ser espacios seguros”.

Y cerró con un llamado al Congreso: “por eso esperamos que el Senado tramite este proyecto con la mayor urgencia para que se convierta lo antes posible en ley”.

Oposición anuncia ofensiva ante el Tribunal Constitucional

Pese al respaldo mayoritario, la iniciativa enfrenta una dura resistencia desde la oposición, que ya anunció acciones ante el Tribunal Constitucional.

Diputados de distintos sectores realizaron reservas de constitucionalidad, advirtiendo que algunas normas podrían vulnerar derechos fundamentales.

La diputada Emilia Schneider criticó el enfoque del proyecto: “Acá lo que hay que hacer es implementar la ley de convivencia educativa, invertir en salud mental juvenil y tener un buen control de armas como sociedad”.

Desde el Partido de la Gente, la diputada Paula Olmos sostuvo que “el PDG no está en contra de la seguridad, pero sí vamos a velar por cuidar a nuestros docentes y asistentes de la educación. Este proyecto tiene vacíos importantes y no fuimos escuchados donde correspondía”.

También surgieron críticas por medidas específicas del proyecto. La diputada Gael Yeomans cuestionó que “en el proyecto Escuelas Protegidas, los diputados de Kast ni siquiera fueron capaces de votar a favor de informar a los papás cuando sus hijos sean revisados en los colegios”.

En la misma línea, la diputada Ana María Gazmuri advirtió la falta de resguardos, planteando la necesidad de establecer límites como evitar revisiones forzosas a menores de 14 años y resguardar la privacidad de los estudiantes.

Gobierno defiende proyecto “flexible”

Desde el Ejecutivo, la ministra de Educación María Paz Arzola defendió el diseño de la iniciativa, señalando que busca evitar una sobrerregulación. “Existe la tentación de querer sobreregular materias que en la práctica terminan entorpeciendo la aplicación de las medidas (…) hemos optado por un proyecto que no entre tanto en detalle”, explicó.

El avance del proyecto instala un debate de fondo en el país: cómo enfrentar la violencia escolar sin vulnerar derechos fundamentales.

Con su paso al Senado y la amenaza de llegar al Tribunal Constitucional, “Escuelas Protegidas” se proyecta como uno de los conflictos legislativos más intensos del año.