La Región de La Araucanía continúa avanzando en la construcción de una estrategia regional vinculada al desarrollo del hidrógeno verde, una industria que se proyecta como uno de los principales motores de la transición energética y la innovación productiva en Chile.

En este contexto, el seremi de Energía, Jorge Rathgeb Schifferli, participó en una nueva sesión de la Mesa de Hidrógeno Verde Araucanía, realizada en la Universidad de La Frontera, instancia donde se abordaron los desafíos y oportunidades que presenta esta industria emergente para el territorio.

Durante la actividad, la autoridad destacó la importancia de fortalecer el trabajo colaborativo entre instituciones públicas, universidades y actores productivos para avanzar en proyectos concretos que permitan posicionar a La Araucanía dentro del desarrollo nacional de energías limpias.

Posteriormente, Rathgeb encabezó en la Universidad Católica de Temuco la ceremonia de cierre del Programa Viraliza Formación en Hidrógeno Verde y sus Derivados para la Región de La Araucanía, iniciativa financiada por CORFO, ejecutada por CODESSER y respaldada por la Facultad de Ingeniería de la UCT.

El programa tuvo como objetivo fortalecer capacidades regionales en materias de sostenibilidad, innovación y transición energética, promoviendo la formación de capital humano especializado para enfrentar los desafíos del futuro energético del país.

“La formación en hidrógeno verde abre nuevas oportunidades para emprendedores, empresas y profesionales de La Araucanía. Estas iniciativas nos permiten acercar conocimiento especializado al territorio y fortalecer capacidades locales para avanzar hacia una matriz energética más limpia, innovadora y sostenible”, señaló el seremi de Energía.

La iniciativa se desarrolló entre abril y mayo y contó con 85 personas inscritas, de las cuales 45 completaron exitosamente el proceso formativo. Finalmente, 33 participantes recibieron su certificación durante la ceremonia de clausura.

La actividad reunió además a diversas autoridades y representantes del mundo académico y productivo, entre ellos la seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Saray Salazar; el director regional de CORFO, Henry Leal; representantes de CODESSER, de la Universidad Católica de Temuco y especialistas vinculados al desarrollo del hidrógeno verde.

Durante la jornada también se realizaron exposiciones especializadas sobre tendencias globales, oportunidades de mercado y desafíos para el desarrollo de proyectos asociados al hidrógeno verde en La Araucanía.

Desde el Ministerio de Energía destacaron que la región posee condiciones favorables para impulsar iniciativas ligadas a energías renovables, innovación tecnológica y desarrollo sostenible, transformando al hidrógeno verde en una oportunidad estratégica para diversificar la economía regional, generar empleo especializado y fortalecer la competitividad del territorio.

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El anuncio de Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) sobre la salida de Emiratos Árabes Unidos marca un punto de inflexión en el mercado energético global, en medio de una crisis marcada por tensiones geopolíticas y restricciones en la oferta de crudo.

La decisión, que se hará efectiva el 1 de mayo, permitirá al país aumentar su producción sin las cuotas impuestas por el bloque, lo que a largo plazo podría generar mayor oferta en el mercado. Sin embargo, en el corto plazo el impacto es más incierto debido al contexto internacional.

Actualmente, el conflicto en Medio Oriente y el bloqueo del estrecho de Ormuz han reducido significativamente la capacidad de exportación de petróleo, generando presión al alza en los precios del crudo, que ya se acercan a los 100 dólares por barril.

En ese escenario, la salida de Emiratos debilita aún más la capacidad de la OPEP para regular la oferta global, lo que podría aumentar la volatilidad del mercado energético.

Expertos advierten que, si bien en el largo plazo la mayor producción de Emiratos podría estabilizar los precios, en el corto plazo la combinación de menor coordinación entre productores y tensiones geopolíticas podría mantener el petróleo en niveles altos o incluso impulsar nuevas alzas.

Además, la decisión refleja tensiones internas dentro del bloque, especialmente con Arabia Saudita, y evidencia una pérdida de influencia de la OPEP frente a otros actores globales.

Así, el mercado del petróleo entra en una nueva etapa de incertidumbre, donde factores políticos, estratégicos y productivos comienzan a redefinir el equilibrio energético mundial.

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Este lunes 27 de abril, el Gobierno oficializó la designación de los nuevos secretarios regionales ministeriales de Hacienda y Energía en La Araucanía, completando así el gabinete regional. Se trata del abogado Francisco Fuster Vásquez, quien asumirá en Hacienda, y del exdiputado Jorge Rathgeb Schifferli, quien liderará la cartera de Energía.

Ambas autoridades sostuvieron un encuentro con el delegado presidencial regional, Francisco Ljubetic, instancia en la que se abordaron los principales desafíos de gestión y la necesidad de avanzar en una coordinación efectiva entre los distintos servicios públicos en la región.

Desde el Ejecutivo, las designaciones apuntan a fortalecer la implementación de políticas públicas en áreas consideradas clave, como el crecimiento económico, la inversión y el desarrollo energético, en un contexto regional marcado por desafíos estructurales y necesidades de reactivación.

En el caso de Hacienda, el nombramiento de Fuster responde a un perfil técnico orientado a la gestión administrativa y financiera, mientras que en Energía, la llegada de Rathgeb incorpora experiencia política y conocimiento territorial, tras su trayectoria como parlamentario y autoridad regional.

Con estos nombramientos, el Gobierno da por cerrado el proceso de instalación de su gabinete en La Araucanía, proyectando una etapa enfocada en la ejecución de medidas y el despliegue en terreno de las políticas sectoriales.

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En el marco del aniversario número 93 del Partido Socialista, la exministra del Trabajo y excandidata presidencial, Jeannette Jara, abordó el escenario político actual con duros cuestionamientos al gobierno de José Antonio Kast.

Durante su intervención, la exautoridad emplazó directamente al Ejecutivo. “El Gobierno tiene que dedicarse a gobernar pensando en la gente, no en sus intereses económicos ni en su nostalgia por la dictadura”, expresó, planteando que las prioridades hoy no estarían alineadas con las necesidades ciudadanas.

Junto con valorar la implementación de la jornada laboral de 42 horas, Jara hizo un llamado a resguardar este avance como un “derecho social”, advirtiendo que “la derecha cuando gobierna o cuando está en el Parlamento no está pensando en los derechos de las personas”, en lo que definió como una práctica que se arrastra en el tiempo.

Sobre el arranque de la actual administración, sostuvo que “cuando un gobierno promete tantas cosas que genera una expectativa importante en la ciudadanía y esa expectativa no se cumple”. En ese sentido, acusó una falta de acciones concretas, reemplazadas —según dijo— por gestos simbólicos como “empezar a cavar una zanja que ya va en zanjita como la gran solución para detener los fenómenos migratorios y la delincuencia”.

La exministra también puso el foco en el impacto económico, señalando que “en concreto no se han tomado medidas efectivas más que retirar avances del Gobierno anterior y (…) en materia de los combustibles no hacer nada”, lo que —afirmó— repercute directamente en el costo de vida, desde los alimentos hasta los dividendos.

En esa línea, endureció el tono al sostener que “la ultraderecha chilena no está gobernando para Chile, está gobernando para los ricos”, cuestionando la ausencia de medidas como el MEPCO.

Las críticas también alcanzaron al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a quien acusó de generar incertidumbre en materia de políticas públicas, en ese sentido, Jara indicó que “yo jamás había visto un ministro de Hacienda tan irresponsable, que mandara oficios para decir después que sus oficios en realidad no valen”. Sobre este punto, insistió en que “eso es muy irresponsable (…) eso es grave”, aludiendo a dudas instaladas respecto a beneficios como la PGU.

Finalmente, Jara también se refirió al rol del Partido de la Gente en la tramitación de la “Ley Miscelánea”, cuestionando su coherencia. “La gente (…) necesita respuestas a sus problemas que viven cotidianamente: el precio de la locomoción y de los alimentos”, sentenció, advirtiendo, además, riesgos para la continuidad de empresas y empleos en el país.

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El alza en el precio de los combustibles continúa generando tensión con el sector del transporte de carga. Dirigentes del gremio de camioneros advirtieron que podrían realizar movilizaciones si no se adoptan medidas para mitigar el impacto del incremento del diésel.

Las críticas surgieron luego de que el valor del combustible registrara un aumento cercano a los $580 por litro, situación que ha sido duramente cuestionada por los transportistas debido al impacto que genera en los costos de operación del sector.

El presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile, Juan Araya, cuestionó la magnitud del incremento y sostuvo que una variación de ese nivel resulta excesiva para el sector. “Subir casi $600 fue una tontera”, afirmó el dirigente, advirtiendo que un aumento de esa magnitud golpea directamente a la actividad del transporte de carga.

Araya explicó que “el 80% no tiene contrato, por lo tanto tienen que subir las tarifas, porque con el valor del petróleo hoy día no podemos salir a trabajar”, y además indicó que «no descartamos movilizaciones, pero primero queremos agotar las instancias de diálogo”.

El presidente del gremio, señaló que las decisiones que adopte el sector dependerán también de las conclusiones de sus bases y que los transportistas sostendrán reuniones para evaluar la situación y definir eventuales acciones frente al escenario actual.

Desde la CNDC han insistido en que el diésel representa entre el 30% y el 40% de los costos operacionales del transporte de carga, por lo que variaciones significativas en su precio impactan directamente en la actividad.

En ese contexto, los camioneros han solicitado al Gobierno evaluar medidas de apoyo para el sector, especialmente para los transportistas de menor escala, quienes —según advierten— tienen menor capacidad para absorber las alzas en el precio del combustible.

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A nivel mundial se ha evidenciado un alza en los precios de los combustibles, y Chile no es la excepción. Desde una mirada interna hacia los sectores económico, transporte y energético, la región de La Araucanía debe, en el corto plazo, abrir espacios a mecanismos de apalancamiento en estos ámbitos, transformando el alza de los combustibles en una oportunidad para impulsar nuevas estrategias en el mercado.

Es decir, en términos de rentabilidad, la economía puede favorecer a diversas instituciones y empresas del sector público y privado, incluyendo también a la academia, retomando alternativas de organización laboral que ya han demostrado resultados exitosos, como ocurrió durante la pandemia mundial de COVID-19. Por ejemplo, la modalidad de trabajo remoto o híbrido. Por otra parte, en el sector transporte, la electromovilidad constituye un aliado que permite acelerar la transición energética, sobre todo en una región con altos índices de contaminación del aire.

En este contexto, las empresas del sector automotriz, tanto del transporte público como privado, juegan un rol clave. Destrabar el mercado automotriz resulta aplicable a las nuevas innovaciones en tecnologías de transporte, mediante sistemas de almacenamiento de energía a precios competitivos, así como también a través del desarrollo de estrategias de reducción de impuestos, permisos de circulación y préstamos bancarios que permitan acceder a vehículos eléctricos sin aumentar la capacidad de endeudamiento de las empresas y de las personas.

Finalmente, en el sector energético, es importante mencionar que, a partir del apagón nacional del 25F, la región de La Araucanía deja de manifiesto que no cuenta con los recursos suficientes para alcanzar autonomía en su demanda interna. El abastecimiento de la demanda eléctrica depende de otras regiones, en la mayoría de los casos, mediante el uso de energía proveniente de centrales eléctricas que operan con combustibles fósiles. Razón por la cual la exploración de recursos primarios para la generación eólica, solar, hídrica y sistemas de almacenamiento de energía constituye una alternativa disponible para la región de La Araucanía y, por tanto, debe ser aprovechada.

Una región comprometida debe impulsar la llegada de inversionistas que apuesten por el desarrollo energético, de modo que sus proyectos en generación, transmisión y distribución eléctrica permitan garantizar mayor independencia energética, reducción de tarifas y el uso de calefacción sin emisiones en la mayoría de los hogares, en un contexto en que la transición energética avanza cada vez más hacia la era de la electricidad.

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El presidente José Kast, anunció una nueva batería de medidas para enfrentar el impacto del alza histórica de los combustibles en el país, en el marco del comité económico denominado “Chile sale adelante”.

Entre las iniciativas destaca un aporte mensual de $100.000 para la pesca artesanal, dirigido a embarcaciones de hasta 12 metros de eslora. El beneficio se entregará por hasta seis meses y busca compensar el aumento en los costos operativos derivados del precio del combustible. Según el Ejecutivo, cerca de 9.000 embarcaciones podrían acceder a este apoyo.

Otra de las medidas anunciadas contempla la entrega de apoyo para el gas domiciliario, mediante transferencias a los municipios. En total, el Gobierno destinará 225 millones de dólares para subsidiar este gasto en familias pertenecientes al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH).

“Entendemos que no es suficiente (…) con la colaboración de los alcaldes hemos llegado a un acuerdo para hacer un traspaso a través de los municipios”, señaló el mandatario tras la reunión con autoridades y representantes municipales.

Estas iniciativas se suman a otras medidas ya adoptadas por el Ejecutivo para enfrentar el alza de combustibles, como el congelamiento del precio de la parafina, la mantención de la tarifa del transporte público y aportes económicos para trabajadores del transporte como taxistas y conductores de colectivos.

El anuncio se produce en medio del fuerte debate político y social que ha generado el incremento del precio de la bencina y el diésel, considerado uno de los mayores registrados en décadas en el país.

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Un nuevo impacto al bolsillo de los hogares se proyecta a partir de abril, luego de que se confirmara un alza en las cuentas de la luz que podría alcanzar hasta un 25% en algunos casos, en medio de un complejo escenario económico.

El incremento está directamente relacionado con el término del congelamiento tarifario que rigió entre 2020 y 2024, medida implementada durante la pandemia para evitar aumentos en las boletas eléctricas.

Durante ese periodo, se acumuló una deuda cercana a los 850 millones de dólares con las empresas distribuidoras, monto que ahora comenzará a ser cobrado a los usuarios a través de sus cuentas mensuales.

Este cobro corresponde al denominado Valor Agregado de Distribución (VAD), uno de los componentes de la tarifa eléctrica que había permanecido congelado y que ahora se reactiva como parte del proceso de normalización del sistema.

Según estimaciones, el impacto será variable: mientras la mayoría de los hogares enfrentaría alzas más moderadas, un grupo podría experimentar incrementos significativos, incluso cercanos al 20% o más, dependiendo del nivel de consumo y condiciones específicas. El mecanismo propuesto considera que esta deuda se pague en un plazo de hasta 48 meses, mediante un cargo adicional en las boletas, que en promedio rondaría los $1.450 mensuales, aunque con diferencias importantes entre usuarios.

Desde el Gobierno se ha reconocido la complejidad de la medida. La ministra de Energía, Ximena Rincón, explicó que “las familias no pagaron porque se postergó una cuenta, esa cuenta hay que pagarla en algún minuto”, dando cuenta del origen del ajuste.

La autoridad también señaló que se están evaluando alternativas para mitigar el impacto, especialmente en los sectores más vulnerables, aunque hasta ahora no existe un mecanismo completamente definido para amortiguar el alza.

Este nuevo aumento se suma a otros factores que presionan el costo de vida, como el alza de los combustibles, generando preocupación por el efecto acumulado en la economía de los hogares.

El escenario mantiene en alerta a consumidores y expertos, quienes advierten que el impacto podría sentirse con mayor fuerza en los próximos meses, dependiendo de la evolución de otros componentes del sistema energético.

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El ministro de Transportes, Louis de Grange, confirmó que el Gobierno comenzará a inyectar recursos al transporte público en regiones a partir de mediados de abril, como parte de las medidas para enfrentar el alza en los combustibles.

La autoridad explicó que el objetivo principal de esta inyección es evitar que el aumento en los costos operacionales termine impactando directamente a los usuarios a través de alzas en las tarifas. “A mediados de abril vamos a estar inyectando recursos adicionales al sistema de transporte público en regiones”, señaló.

En esa línea, el ministro enfatizó que el foco está puesto en sostener la operación de los servicios, especialmente en zonas donde el transporte público es clave para la conectividad diaria. “Lo que buscamos es justamente poder evitar que estos mayores costos se traduzcan en aumentos de tarifa o en una reducción de los servicios”, agregó.

El anuncio se produce en un contexto marcado por el incremento sostenido en el precio de los combustibles, lo que ha generado preocupación en el sector transporte, particularmente entre operadores de buses regionales.

Diversos gremios han advertido que el alza del diésel está presionando fuertemente sus costos, lo que podría derivar en ajustes de tarifas o disminución de frecuencias si no se implementan medidas de apoyo.

Frente a este escenario, el Gobierno ha impulsado un paquete de medidas que incluye subsidios y apoyos directos al transporte público, buscando mitigar los efectos económicos del contexto actual.

El ministro De Grange recalcó que estas acciones apuntan a dar estabilidad al sistema mientras se evalúan soluciones de más largo plazo. “Estamos trabajando para que el sistema pueda seguir funcionando de buena manera, sin afectar a las personas”, sostuvo.

La inyección de recursos se suma a otras iniciativas anunciadas por el Ejecutivo, como apoyos a taxis y colectivos, en un intento por contener el impacto generalizado del alza de los combustibles en el sector transporte.

Con ello, el Gobierno busca equilibrar la sostenibilidad del sistema con la protección del bolsillo de los usuarios, en medio de un escenario económico complejo que ya comienza a reflejarse en distintos ámbitos de la vida cotidiana.

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La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) confirmó este miércoles una histórica alza en los precios de los combustibles, superando incluso las estimaciones iniciales anunciadas por el Gobierno.

De acuerdo con el informe semanal de la estatal, la gasolina de 93 octanos subirá $372,2 por litro, mientras que la de 97 octanos registrará un incremento de $391,5 por litro, consolidando uno de los mayores aumentos en los últimos años.

El diésel, en tanto, experimentará la mayor variación, con un alza de $580,3 por litro, lo que impacta directamente en el transporte de carga y en la cadena de distribución de productos a nivel nacional.

El ajuste también alcanzará a otros combustibles: el kerosene (parafina) aumentará $138,5 por litro, mientras que el gas licuado de petróleo (GLP) de uso vehicular registrará una variación de $11 por litro.

Estas variaciones comenzarán a regir desde el jueves 26 de marzo en todo el país, en un contexto marcado por las modificaciones al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) y el alza sostenida del petróleo a nivel internacional.

Desde ENAP precisaron que estos valores corresponden a estimaciones basadas en los precios de importación de combustibles desde mercados de referencia como la Costa del Golfo de Estados Unidos, además de costos asociados al transporte y las reglas vigentes del MEPCO y del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP).

La estatal reiteró además que no fija ni regula los precios finales al consumidor, ya que estos son determinados por las empresas distribuidoras en un mercado abierto y competitivo.

El alza se da en un escenario internacional complejo, donde el precio del petróleo ha aumentado de forma acelerada en las últimas semanas, impulsado por tensiones geopolíticas en Medio Oriente, lo que ha generado efectos inmediatos en economías altamente dependientes de la importación de combustibles como Chile.

Con este ajuste, se proyecta que los combustibles superen ampliamente la barrera de los $1.500 por litro en varias zonas del país, intensificando la preocupación por el impacto en el costo de vida, especialmente en transporte, alimentos y servicios básicos.

El anuncio se produce en paralelo al paquete de medidas impulsado por el Gobierno para mitigar el impacto, en un contexto donde el debate se mantiene abierto respecto al equilibrio entre sostenibilidad fiscal y protección a los hogares frente a una de las mayores alzas registradas en el mercado energético nacional.

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