El Director Nacional de Conadi, Ignacio Malig Meza, aclara los alcances del debate en torno a la modernización de la normativa, desmiente los rumores sobre una supuesta privatización y defiende la necesidad de dotar a las comunidades de mejores herramientas para el desarrollo productivo de sus territorios.

El debate sobre la Ley N° 19.253 —conocida popularmente como la Ley Indígena— siempre genera intensas reacciones en las regiones del sur del país. En las últimas semanas, diversas interpretaciones y rumores en redes sociales han levantado alertas entre las comunidades respecto a un eventual debilitamiento de la protección jurídica de las tierras entregadas por el Estado.

Para abordar estas inquietudes, conversamos en profundidad con el Director Nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), Ignacio Malig Meza, quien se muestra categórico al disipar los temores y reafirmar el compromiso institucional con el patrimonio territorial de los pueblos originarios.

—Director, para entrar de lleno en la preocupación de muchas comunidades: ¿Existe en la agenda o en las propuestas técnicas alguna intención de permitir la venta de las tierras mapuche a agentes privados o grandes empresas?

—Quiero ser absolutamente tajante y dar tranquilidad a las comunidades: la propuesta de cambio o modernización de la Ley Indígena no considera, bajo ningún punto de vista, vender tierras mapuche ni quitar la protección que les da la ley. Es lamentable que se levanten noticias falsas o interpretaciones maliciosas que solo buscan generar temor e incertidumbre en las familias. Lo que buscamos no es enajenar el territorio, sino todo lo contrario: potenciarlo, protegerlo mejor y entregar herramientas reales para que esas tierras sean prósperas y sustentables para las futuras generaciones.

—Si el objetivo no es la venta, ¿cuál es el verdadero espíritu de las modificaciones que se están conversando y analizando a nivel técnico?

—El espíritu es la modernización y el desarrollo integral. La Ley Indígena se promulgó en 1993; han pasado más de tres décadas y el mundo, la economía y las propias necesidades de las comunidades han cambiado profundamente. Hoy nos encontramos con un problema real: las comunidades carecen de las herramientas legales para desarrollar sus tierras. Por ejemplo, una comunidad vecina de un productor agrícola que voluntariamente quiere asociarse, hoy no puede arrendar sus tierras y recibir los beneficios de las rentas. Queremos resolver esos nudos críticos.

—Existe un temor histórico a que la introducción de lógicas de mercado termine fragmentando la propiedad comunitaria. ¿Cómo se conjuga el desarrollo productivo con la cosmovisión y el resguardo cultural?

—Esa convivencia no solo es posible, sino que ya ocurre con éxito en muchos territorios. Cuando conversamos con los agricultores, con las cooperativas de La Araucanía o del Biobío, ellos nos piden apoyo técnico, caminos, agua y conectividad. El resguardo cultural se defiende cuando las comunidades son autónomas, cuando los jóvenes no se ven obligados a migrar a las grandes ciudades por falta de oportunidades en el campo. Si logramos que la tierra sea productiva bajo un modelo respetuoso y sostenible, estamos fortaleciendo la cultura y el arraigo territorial.

—Finalmente, Director, frente al clima de desconfianza que a veces dificulta el diálogo, ¿cuál es el mensaje final que le transmite a los dirigentes y familias del pueblo mapuche?

—Las puertas de la CONADI están abiertas para un diálogo transparente, de cara a la gente. No caigamos en las caricaturas ni en la desinformación de quienes instrumentalizan la causa indígena para fines políticos. Nuestro norte es el bienestar, la restitución justa cuando corresponde, pero sobre todo el acompañamiento productivo y social. Ningún cambio legal se hará a espaldas de los pueblos originarios; cualquier paso hacia el futuro se construirá conversando, escuchando y respetando la ley y la historia. Por eso, tras el anuncio, estamos realizando diálogos políticos, luego realizaremos la consulta indígena con los más altos estándares y acompañados técnicamente por la OIT, para recién ahí presentar las modificaciones que recojamos.