Publicado por: Claudio Nuñez | martes 29 de julio de 2025 | Publicado a las: 17:22
Fue el diputado Henry Leal (UDI) ofició a la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) y al COMPIN, logrando revelar que más de 32 mil licencias médicas de pacientes oncológicos han sido rechazadas a nivel nacional en los últimos tres años.
Con profunda preocupación, el diputado Henry Leal, denunció el alarmante rechazo de más de 32 mil licencias médicas oncológicasdesde el año 2023 a la fecha, situación que calificó como “una crueldad y una inhumanidad que no se puede tolerar”.
La información fue recabada por el parlamentario tras oficiar a la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) y a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) para solicitar información detallada sobre el rechazo de licencias médicas a pacientes con cáncer durante los últimos tres años, motivado por el caso de Isabel Pino, paciente oncológica de Temuco a quien ya se le han rechazado 12 licencias.
El diputado Leal, que ha fiscalizado de forma permanente las listas de espera en salud, especialmente las oncológicas, reveló que de las casi 33 mil licencias rechazadas, 8.500 fueron denegadas por la causal de “irrecuperabilidad”, es decir, porque las personas no se recuperarían y, por tanto, no podrían volver a trabajar. “Un Estado decente no puede permitir que esto ocurra. Es una crueldad decirle a alguien con cáncer que no le pagarán su licencia porque no se va a recuperar”, enfatizó.
Ante esta grave situación, el diputado presentó hace algunas semanas un proyecto de ley que busca garantizar el pago prioritario de licencias médicas a pacientes oncológicos, estableciendo criterios de urgencia en su otorgamiento, revisión y pago. “Es lo mínimo que el Estado de Chile puede hacer por estas personas”, recalcó.
Además, reveló que en La Araucanía, tras oficiar al Dirección del COMPIN le informó formalmente que al menos 400 licencias oncológicas también han sido rechazadas en los últimos años, situación que refleja que este no es un problema aislado, sino estructural y extendido a nivel nacional.
“El objetivo de esta denuncia es visibilizar a esas 33 mil familias que, muchas veces, lucharon por su vida mientras esperaban una licencia que nunca llegó. Personas que además tenían que costear medicamentos y enfrentar la enfermedad con total incertidumbre, mientras otros viajan o estudian con licencias irregulares. Esa injusticia debe terminar”, sostuvo.
El parlamentario afirmó que ha recibido buena acogida transversal en el Congreso, pero hizo un llamado al Gobierno a patrocinar la iniciativa y otorgarle urgencia legislativa. “La Constitución consagra el derecho a la vida. No puede ser que, por trámites administrativos o requisitos laborales, se deje a personas sin cobertura solo por no haber cumplido seis meses de trabajo al momento del diagnóstico”, advirtió.
Finalmente, indicó que han oficiado al Ministerio de Salud y han citado a la ministra en la comisión respectiva, pero insistió en que la solución definitiva pasa por una ley que elimine la discrecionalidad y obligue al Estado a responder con humanidad ante el cáncer.