El alza del diésel mantiene al gremio de microbuseros en una situación crítica, que podría dejar fuera de circulación cerca de 160 máquinas si no se concretan soluciones urgentes con el Ministerio de Transportes.

Una compleja crisis enfrenta el transporte público urbano de Temuco y Padre Las Casas, donde el sostenido aumento en el precio del diésel podría provocar la reducción de recorridos y dejar sin servicio a cerca de un millón de pasajeros mensuales.

Según informó el vocero del gremio de microbuseros, Roberto Villalobos, de los cinco millones de usuarios que utilizan este sistema cada mes, una parte significativa podría verse afectada debido a la posible salida de circulación de alrededor de 160 máquinas, lo que representa cerca del 20% de la flota total.

El dirigente explicó que la situación no responde a una movilización ni a una medida de presión, sino a una realidad económica que se ha vuelto insostenible. “No se trata de un paro, una movilización o una voluntad de alterar el sistema por presión, sino que una imposibilidad física y financiera: habrá buses que no saldrán a circular porque sus dueños no tienen dinero para cargar combustible”, afirmó.

El problema tiene su origen en el fuerte incremento del valor del petróleo, que ha impactado directamente en los costos operacionales del sistema, compuesto en su mayoría por pequeños propietarios. “Es importante tener presente que el incremento en el precio del petróleo (y todos los combustibles), no es un ajuste de precios ordinario; es un shock económico que altera radicalmente la estructura de costos de cualquier sistema de transporte”, sostuvo Villalobos.

Desde el gremio aseguran que los operadores han intentado sostener el servicio por cuenta propia durante semanas. “Desde el 26 de marzo, estos operadores, en un esfuerzo individual, han absorbido el alza con su propio patrimonio personal, pero ya llegaron al límite del ahorro y la capacidad de endeudamiento privado”, advirtió el vocero.

A esta presión financiera se suma el carácter regulado del sistema, que obliga a cumplir con frecuencias y recorridos bajo riesgo de sanciones. “Los microbuseros tienen la obligación legal de cumplir con frecuencias y cantidad de buses en la calle, ya que el incumplimiento de estas salidas diarias acarrea severas sanciones y multas, dejando al gremio entre la espada y la pared: operar a pérdida o enfrentar castigos administrativos”, explicó.

En esa línea, también cuestionó la política tarifaria vigente. “El Ministerio de Transportes ha instruido mantener las tarifas congeladas, lo que genera una brecha insostenible: se nos exige operar de la misma forma, cobrando lo mismo, pero con un incremento descomunal en el costo del insumo básico (diésel)”, señaló.

El escenario se vuelve aún más complejo ante la falta de soluciones inmediatas. “Por desgracia, las propuestas de compensación del Gobierno son completamente extemporáneas, ya que los fondos se estiman recién para agosto; el problema es que para cuando lleguen esos recursos, muchos prestadores ya habrán quebrado”, advirtió Villalobos.

Frente a este panorama, el gremio espera que la reunión sostenida con autoridades del Ministerio de Transportes en Santiago permita destrabar medidas concretas. “Tenemos la esperanza que en la reunión que sostendremos en el Ministerio de Transportes se encuentren vías de solución rápidas y concretas, donde se ponga en el centro del diálogo la solidaridad, no solo con los microempresarios del transporte urbano de Temuco y Padre Las Casas, sino, también, con toda la ciudadanía”, concluyó.