El organismo fiscalizador rechazó la propuesta impulsada por el Gobierno al detectar falta de fundamentos técnicos y jurídicos para flexibilizar exigencias a vehículos de aplicaciones, además de advertir la ausencia de un proceso de consulta pública.

La Contraloría General de la República rechazó el reglamento elaborado por el Ministerio de Transportes para implementar la denominada Ley de Empresas de Aplicación de Transporte, más conocida como “Ley Uber”, generando un importante revés para la cartera encabezada por el ministro Louis de Grange.

A través de un oficio, el organismo liderado por Dorothy Pérez determinó que el texto presentado por el Ejecutivo contiene deficiencias relevantes, entre ellas la falta de fundamentos técnicos, jurídicos y fácticos que justifiquen la eliminación o flexibilización de requisitos exigidos a los vehículos que prestan servicios de transporte de pasajeros.

Entre los puntos observados por Contraloría figura la decisión de reducir o eliminar exigencias relacionadas con la antigüedad máxima de operación de los vehículos, la antigüedad mínima para su inscripción y la cilindrada requerida para prestar servicios de transporte mediante aplicaciones.

Según el ente fiscalizador, dichas modificaciones disminuyen estándares previamente establecidos sin que exista una justificación técnica suficiente que respalde el cambio regulatorio. Además, cuestionó que las medidas no hayan sido sometidas a un proceso de consulta pública previo.

La propuesta impulsada por el Ministerio de Transportes buscaba flexibilizar las condiciones establecidas en versiones anteriores del reglamento, argumentando que las exigencias vigentes podrían afectar el empleo y generar barreras de entrada para conductores de plataformas digitales.

Sin embargo, Contraloría sostuvo que una rebaja de requisitos que impacta directamente la calidad y seguridad de los servicios que reciben los usuarios debe estar respaldada por antecedentes sólidos. El organismo recordó además que la legislación vigente exige que los actos administrativos cuenten con fundamentos suficientes para evitar decisiones arbitrarias o eventuales desviaciones de poder.

El rechazo obliga ahora al Ministerio de Transportes a revisar el reglamento, corregir las observaciones formuladas y presentar una nueva propuesta si pretende avanzar en la implementación definitiva de la normativa que regula a plataformas como Uber, DiDi, Cabify e InDrive.