El organismo inició una auditoría simultánea en 16 residencias de protección infantil del país, mientras investiga posibles irregularidades detectadas en el Programa de Reunificación Familiar y eventuales fallas en la supervisión estatal.

La Contraloría General de la República (CGR) puso en marcha una fiscalización inédita a nivel nacional, desplegando equipos de auditores en todas las regiones del país para inspeccionar 16 residencias del Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia.

La revisión tiene como objetivo verificar las condiciones de atención y habitabilidad de niños, niñas y adolescentes bajo protección del Estado, además de fiscalizar el uso de recursos públicos transferidos a los Organismos Colaboradores Acreditados (OCAs) y evaluar el rol de supervisión ejercido por el Servicio Mejor Niñez durante 2025.

Según informó la entidad fiscalizadora, la auditoría buscará determinar si las residencias cumplen con la normativa vigente, si cuentan con capacidad real para atender a los menores y si existe un monitoreo efectivo de cada uno de los casos por parte de las instituciones responsables.

El despliegue coincide con la presentación realizada por la contralora general Dorothy Pérez ante la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados, donde expuso las conclusiones del Informe Final N.º 541 de 2025 sobre el Programa de Reunificación Familiar.

En dicha instancia, Pérez advirtió la existencia de un “desorden mayor” y una preocupante falta de coordinación entre organismos del Estado involucrados en la protección de la infancia. A raíz de esos antecedentes, la Contraloría instruyó la apertura de sumarios administrativos en el Servicio Nacional de Migraciones, la Policía de Investigaciones (PDI) y la Subsecretaría de la Niñez.

La autoridad señaló además que la protección de la infancia será uno de los principales ejes de fiscalización del organismo durante este año, debido a la gravedad de los antecedentes recopilados.

Entre ellos figuran 137 oficios remitidos por tribunales de justicia relacionados con el ingreso de menores a residencias especializadas, además de cuatro denuncias complejas que apuntan a presuntas irregularidades en la utilización de recursos públicos, deficiencias en las condiciones de seguridad e incluso fallecimientos de menores al interior de centros de acogida.

La fiscalización busca determinar eventuales responsabilidades administrativas y establecer si el sistema de protección está garantizando adecuadamente los derechos y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes que permanecen bajo tutela del Estado.