El organismo fiscalizador aseguró que las multas consideradas en su informe sí estaban vigentes al momento de renovar los permisos de circulación y descartó la interpretación planteada por el jefe comunal.

La Contraloría Regional de La Araucanía salió al paso de las declaraciones del alcalde de Padre Las Casas respecto de las observaciones formuladas por el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°23, reafirmando que los permisos de circulación cuestionados fueron otorgados pese a que los vehículos mantenían multas impagas que impedían legalmente su renovación.

En el documento firmado por el contralor regional Carlos Bilbao Fuentes, el organismo recordó que la Ley N° 18.287 establece que los vehículos que registren multas de tránsito anotadas al 30 de noviembre de un año y que permanezcan impagas al momento de realizar el trámite en marzo del año siguiente, no pueden renovar su permiso de circulación sin pagar simultáneamente dichas infracciones. Según el informe nacional, 322 municipios del país otorgaron un total de 146.469 permisos de circulación de manera irregular bajo esas condiciones.

La Contraloría precisó además que, contrario a lo señalado por el alcalde, el CIC N°23 establece expresamente que “para la renovación del permiso de circulación, sólo se consideran aquellas multas cursadas y con sentencia vigente al mes de noviembre del año anterior al proceso de renovación”, agregando que las multas analizadas “no han sido pagadas al 30 de abril de 2026 y que estuvieron en esa condición al momento de renovar los permisos observados”.

El organismo enfatizó que las multas cursadas entre el 1 de diciembre del año anterior y el 30 de abril de cada período analizado no fueron consideradas en la revisión, descartando así la interpretación expuesta públicamente por el jefe comunal de Padre Las Casas.

Asimismo, la entidad fiscalizadora sostuvo que el informe fue elaborado “con estricta rigurosidad y apego normativo”, utilizando únicamente fuentes oficiales de información. En ese contexto, indicó que serán los procesos disciplinarios instruidos los que deberán determinar si la responsabilidad por la entrega de permisos observados recae en funcionarios municipales o si existieron problemas en los registros del Servicio de Registro Civil e Identificación que deban ser corregidos para futuros procesos.

La respuesta de Contraloría se produce en medio de la controversia generada por los permisos de circulación observados en distintas comunas del país y refuerza la postura del organismo respecto de los criterios utilizados para detectar las irregularidades consignadas en el informe.

Revisa el documento a continuación: