Tras casi ocho años en el Congreso, se aprobó una normativa que moderniza el marco legal de inteligencia en Chile, amplía funciones de la Agencia Nacional de Inteligencia e incorpora mecanismos de coordinación, control y capacitación de agentes.

La Cámara de Diputados aprobó y despachó este miércoles la nueva Ley de Inteligencia del Estado, marco legal que moderniza y regula integralmente el sistema de inteligencia en Chile, tras casi ocho años de tramitación parlamentaria. El proyecto fue aprobado con 103 votos a favor y solo tres abstenciones, consolidando un amplio respaldo político.

El principal cambio que introduce la ley es la creación del Sistema Nacional de Inteligencia, instancia encargada de agrupar y coordinar a todos los organismos que ejercen labores de inteligencia en el país, comenzando por la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), pero también incluyendo unidades de inteligencia de las policías, las Fuerzas Armadas y otros organismos colaboradores como Gendarmería, Aduanas, Cancillería y la Agencia Nacional de Ciberseguridad.

La nueva normativa establece que estos organismos podrán coordinar y compartir información para anticiparse a escenarios de inseguridad pública o amenazas que comprometan la seguridad nacional. Además, el Presidente de la República deberá elaborar y entregar una Política Nacional de Inteligencia con los lineamientos de la materia, junto a un plan de desarrollo estratégico de la inteligencia que tendrá carácter reservado.

Uno de los ejes fundamentales de la reforma es fortalecer la Agencia Nacional de Inteligencia, dotándola de facultades más amplias para elaborar informes sobre vulnerabilidades y amenazas, incluyendo áreas como ciberseguridad e infraestructura crítica. Asimismo, la ANI podrá acceder a mayor información mediante labores de inteligencia y se amplía el uso de diligencias intrusivas, tales como intervenciones de comunicaciones, escuchas, registros en inmuebles y acceso a sistemas informáticos, siempre bajo los límites y procedimientos establecidos por la ley.

La legislación incorpora también la posibilidad de formar y capacitar “agentes de campo”, funcionarios que podrán realizar labores de inteligencia en terreno, un avance operativo relevante que busca reforzar la capacidad de investigación preventiva del sistema.

Para garantizar un marco de control y transparencia, la nueva ley establece que la aprobación de diligencias intrusivas requerirá la autorización de ministros de la Corte Suprema, en lugar de cortes de apelaciones, con lo que se busca elevar los estándares de supervisión jurisdiccional. Además, el Congreso tendrá potestad para fiscalizar el funcionamiento del organismo, conociendo el número de operaciones, mientras que la Contraloría General de la República también tendrá un rol mediante la toma de razón reservada.

La normativa actualiza también la regulación de las unidades de inteligencia al interior de las Fuerzas Armadas, estableciendo facultades claras para realizar actividades de contrainteligencia, y fija responsabilidades, sanciones penales y reglas específicas para proteger la integridad del sistema y evitar usos indebidos de la información o ejercicios inadecuados de la inteligencia.