El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco condenó a Heraldo Alberto Norín Pilquimán, Jean Carlos Sáez Suazo, Jerson Benjamín Sáez Suazo, Jhony Eliel Huenupil Yuvine y Javier Alejandro Mariñán Millahual a 12 años de presidio efectivo como autores del delito consumado de homicidio simple, por un crimen ocurrido en mayo de 2022 en la comuna de Carahue.

El fallo, adoptado de manera unánime por el tribunal, también impuso a los cinco condenados penas de cuatro años de presidio efectivo por porte ilegal de armas de fuego y municiones, además de las accesorias legales correspondientes.

En la misma causa, César Julio Opazo Henríquez fue condenado a cuatro años de presidio, con el beneficio de libertad vigilada intensiva, por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego y municiones.

Según dio por acreditado el tribunal, los hechos ocurrieron el 5 de mayo de 2022 en el predio forestal «La Suerte», propiedad de Forestal Mininco, en la comuna de Carahue.

Ese día, Manuel Huenupil Antileo y dos de sus hijos llegaron al lugar para realizar labores de limpieza cuando se encontraron con personas efectuando faenas forestales. Posteriormente arribó un grupo armado que se identificó como perteneciente a «La Weichán», cuyos integrantes intimidaron a las víctimas con armas de fuego y efectuaron diversos disparos.

Durante la huida de Manuel Huenupil Antileo y su familia, uno de los proyectiles atravesó la estructura del vehículo en que escapaban, impactando a la víctima y provocándole una herida torácica que le causó la muerte.

La investigación permitió posteriormente ejecutar órdenes de entrada y registro en distintos domicilios de Tirúa, donde fueron incautadas escopetas, cartuchos, una pistola calibre .40 y diversas piezas y municiones.

El tribunal también absolvió a tres acusados respecto del delito de homicidio y a otros imputados por algunos cargos vinculados a la tenencia ilegal de armas, al estimar que dichos hechos no pudieron acreditarse más allá de toda duda razonable.

Una vez que la sentencia quede firme, se ordenó incorporar las huellas genéticas de los condenados al Registro Nacional de ADN de Condenados y proceder al comiso y destrucción de las armas y especies incautadas.

Fuente: Poder Judicial.