La Superintendencia de Educación cursó una multa de 56 UTM (cerca de $3.844.288) a la Municipalidad de Temuco por instalar un pórtico detector de metales en el Instituto Superior de Comercio Tiburcio Saavedra.

El organismo argumentó que “incumple la normativa educacional, que establece que este tipo de medidas altamente intrusivas vulneran los derechos de los estudiantes, como el derecho a la educación, a la dignidad y a la intimidad”.

El alcalde de Temuco, Roberto Neira, lamentó la medida y confirmó que se presentará una apelación buscando dejarla sin efecto, no descartando, si es necesario, llegar a instancias judiciales.

En ese sentido, la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) respaldó a Neira por aplicar la medida. “Decisión que no es antojadiza ni improvisada, sino que responde a un escenario nacional donde la violencia y los conflictos de convivencia escolar han alcanzado niveles críticos”, señaló el presidente de la AChM y alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, en declaraciones a La Tercera.

Alessandri defendió el uso de estas herramientas para contener y controlar la violencia dentro de los recintos, recordando que estos hechos de violencia ya no son aislados y que las medidas de prevención tradicionales ya no bastan.

“Comunas como Santiago, San Pedro, Parral, Lota, Temuco, San Carlos o Tocopilla, por nombrar solo algunos, han debido enfrentar episodios de violencia que ponen en riesgo la integridad de estudiantes, docentes y comunidades enteras, porque el uso de armas blancas, amenazas y agresiones físicas se está volviendo una constante”, aseveró.

El alcalde catalogó la sanción de la Superintendencia de Educación como una medida “totalmente desconectada de la realidad nacional, pues actúa como si los tiempos no hubieran cambiado”. Luego añadió que “los marcos normativos actuales del Ministerio de Educación fueron diseñados en contextos muy distintos a los que hoy enfrentamos y desde ese punto de vista creemos que llegó la hora de revisarlo y comenzar un diálogo nacional que ponga este tema en el centro de la política pública, porque proteger los espacios educativos es una urgencia social”.

La iniciativa piloto del municipio de la región de La Araucanía fue anunciada en marzo y estaría en funcionamiento por seis meses, en busca de mejorar la seguridad al interior del recinto educacional que, según las autoridades locales, ha sufrido diversos hechos de violencia.