En el contexto del inicio del año escolar y en conjunto con la dirección regional del Trabajo y la seremi de Educación, esta semana la titular de la cartera del Trabajo y Previsión Social en la Región Claudia Tapia de la Peña, anunció  el inicio de un programa de fiscalización dirigido a las cocinas de los establecimientos educacionales a fin de comprobar que se esté cumpliendo la normativa de seguridad en orden a proteger la salud de las trabajadoras que cumplen funciones como manipuladoras de alimentos.

Según explicó la autoridad, esta instancia será priorizada durante los próximos meses en la planificación de la dirección del trabajo a través de sus inspecciones, ya que se trata de una sentida demanda de las trabajadoras y sus dirigentas, y considerando que durante 2022 se produjeron episodios como el ocurrido en Angol, dónde dos trabajadoras resultaron heridas, una de ellas de gravedad, mientras desarrollaban su trabajo.

“Se trata de una mesa tripartita en la que participarán servicios públicos, dirigentes y trabajadoras, y a la cual además invitaremos a las empresas encargadas de administrar los contratos de alimentación en los establecimientos. Esta es una iniciativa inédita en el país, que busca resguardar los derechos y la salud de las manipuladoras de alimentos. Como sabrán el año recién pasado tuvimos dos lamentables accidentes que no queremos que vuelvan a suceder. Es por eso que todos los involucrados en este rubro estaremos trabajando en un plan para mejorar los estándares y que todos nuestros establecimientos puedan contar con el sello verde” aseguró la seremi.

Dirigentas

Por su parte, las representantes de los sindicatos de manipuladoras de alimentos de la región destacaron la importancia de contar con el apoyo de las autoridades en esta materia.

Rury Mora, presidenta del Sindicato SIMADA, señaló que “es muy relevante porque las dos manipuladoras afectadas durante el año pasado son de nuestro sindicato, es por eso que tocamos muchas puertas hasta que logramos que se instalara esta mesa de trabajo que tiene mucha importancia para nosotras. Esperamos que a partir de la nueva licitación de los servicios de alimentación, estas fiscalizaciones sirvan para mejorar la seguridad de las trabajadoras en todos los establecimientos educacionales de la región”.

Asimismo, Mirna Chavez, presidenta del sindicato UMASUR dijo que “estamos agradecidas de las autoridades y del Gobierno para poder trabajar en conjunto con nuestras asociadas y la comunidad escolar en general. Esperamos que esta instancia se proyecte en el tiempo para alcanzar mejores condiciones laborales”.

Fiscalización

Finalmente, Maite Núñez, abogada de la dirección del Trabajo explicó que “esta mesa no solamente involucra a la dirección del trabajo, sino que también al ministerio de Educación e instituciones como Integra, Junji, Junaeb, la SEC y el ministerio de Salud. Tenemos programadas fiscalizaciones integrales, y de parte de la dirección del Trabajo nos haremos cargo de cuatro materias en particular que son remuneraciones, jornada de trabajo, normas de higiene y seguridad para proteger la salud de las trabajadoras y protección de la maternidad”.

En cuanto a este último punto, el objetivo es resguardar la protección de los derechos asociados a la maternidad, propendiendo a facilitar la incorporación al mundo laboral de las madres con hijos menores de dos años y verificar el cumplimiento de la norma de otorgamiento del derecho a sala cuna (en empresas con 20 0 más trabajadoras) y a permisos para alimentación del niño(a) menor de dos años, en empresas con alta presencia de trabajadoras, contribuyendo así a la disminución de las brechas tanto en el ámbito de calidad del empleo, remuneraciones y salud y seguridad en el trabajo.