Alfredo Llafquén y Karen Manson cuestionaron las reuniones sostenidas por autoridades del Ejecutivo con alcaldes y representantes gremiales de La Araucanía para abordar asuntos indígenas y una eventual consulta sobre modificaciones a la Ley Indígena. Advirtieron que avanzar sin las dirigencias mapuche genera desconfianza y exigieron participar desde el inicio del proceso.

Los consejeros nacionales mapuche ante la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), Alfredo Llafquén y Karen Manson, manifestaron su malestar por lo que consideran una exclusión de las dirigencias mapuche de las reuniones sostenidas por el Gobierno para abordar asuntos indígenas y los preparativos de una eventual consulta sobre modificaciones a la Ley Indígena.

A través de una declaración pública, ambos representantes cuestionaron el encuentro encabezado por el delegado presidencial regional de La Araucanía, Francisco Ljubetic; el delegado presidencial provincial de Malleco, Víctor Manoli; y el subsecretario de Servicios Sociales, Alejandro Fernández, junto a alcaldes de la región.

Según los consejeros, el Ejecutivo ha sostenido conversaciones con distintos sectores, incluida la Multigremial, sin incorporar a las dirigencias y representantes del pueblo mapuche en estas instancias.

“No entendemos cómo el Gobierno sigue cometiendo errores tras errores. Somos un pueblo que merece respeto, no simples espectadores de decisiones que afectan directamente nuestros derechos”, señalaron.

Advierten desconfianza ante eventual consulta

Llafquén y Manson afirmaron que respaldan el derecho a la consulta indígena, pero cuestionaron la manera en que el Gobierno estaría abordando sus preparativos.

“Defendemos el derecho a la consulta indígena, pero la forma en que se está comenzando a instalar este proceso genera desconfianza y profundiza la distancia entre el Estado y nuestro pueblo”, expresaron.

Los consejeros también recordaron que, según denunciaron, las dirigencias mapuche quedaron fuera de la discusión presupuestaria de CONADI, situación que consideran un antecedente preocupante.

“Primero nos dejan fuera de la discusión presupuestaria de la institución encargada de promover nuestros derechos y ahora pretenden avanzar en los preparativos de una consulta sin nosotros. ¿Para quiénes están gobernando? No permitiremos que se repita esta exclusión”, enfatizaron.

Preocupación por posibles cambios a la Ley Indígena

Los representantes advirtieron que la eventual consulta podría involucrar modificaciones a la Ley Indígena N.º 19.253, normativa que regula materias relacionadas con tierras, aguas, identidad y cultura de los pueblos indígenas.

Por ello, exigieron que las dirigencias participen en todas las etapas del proceso, desde su preparación hasta el seguimiento de los resultados.

“No estamos hablando de cualquier ley. Estamos hablando de derechos conquistados durante décadas. Por eso exigimos participar desde el inicio hasta el término del proceso, incluyendo su preparación, metodología, desarrollo y seguimiento. No aceptaremos una consulta diseñada entre cuatro paredes”, sostuvieron.

Llamado al Gobierno a rectificar

Finalmente, los consejeros solicitaron al Ejecutivo modificar su forma de relacionarse con las organizaciones mapuche y garantizar que cualquier eventual consulta se desarrolle conforme a los estándares del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“Una consulta indígena que comienza excluyendo a quienes debe consultar nace sin confianza ni legitimidad social. El Gobierno todavía está a tiempo de corregir el rumbo, pero debe comprender que el pueblo mapuche no es un invitado de última hora, es protagonista de cualquier decisión que afecte su presente y su futuro”, concluyeron.

El pronunciamiento abre un nuevo foco de tensión en torno a la participación de las dirigencias mapuche en la discusión de eventuales modificaciones a la legislación indígena.

El comunicado no precisa una fecha de inicio para la eventual consulta ni detalla las modificaciones legales que podrían someterse a discusión. Tampoco incorpora una respuesta de las autoridades gubernamentales a los cuestionamientos planteados.